URBANÓPOLIS: Gobernar el territorio michoacano

El quehacer político esta estrechamente vinculado a la dimensión territorial, la prueba más evidente, como recientemente se observó, son los distritos electorales bajo los cuales se consolidan las estructuras de representación social que fundamenta las instituciones de representación política sean estos las estructuras de administración municipal, el Congreso Local, la Cámara de Diputados Federal o Cámara Baja y que junto con el Senado de la República conforman el denominado Congreso de la Unión.

En la práctica, aunque se habla de tres poderes, el Poder Ejecutivo resulta ser el de mayor relevancia debido a que en él se concentran funciones de naturaleza política y administrativa. Las primeras están referidas a su relación con los otros dos Poderes y ordenes de gobierno, al impulso y orientación que dé a la actividad del Estado. Las segundas se ocupan de la ejecución y aplicación de las normas jurídicas, además de los actos materiales que tienen por finalidad un servicio público y sus relaciones con los particulares.

Para lograr lo anterior, la estructura administrativa gubernamental se divide en dos esferas: la centralizada y paraestatal. La estructura centralizada corresponde a las secretarias y departamentos y la segunda, a las empresas de participación estatal, fideicomisos y todas aquellas comisiones que se conforman bajo objetivos específicos y que le permiten a la administración en turno, emprender e impulsar políticas o proyectos específicos.

En este sentido, se debe comprender que los cambios van más allá del nombre de las secretarias y fundamentalmente se trata de una reasignación de funciones, atribuciones y facultades. Tal fue el caso de la actual Secretaría de Bienestar (SB) antes Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural antes Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como la otrora Secretaría de la Reforma Agraria para crear la actual Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Las entidades federativas como es el caso de Michoacán, adoptan, en su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre. De conformidad con la Ley orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán, en su Artículo 7 señala que “El Gobernador del Estado podrá crear, modificar, fusionar o extinguir, mediante decreto o acuerdo administrativo, conforme al Presupuesto de Egresos del Estado, organismos descentralizados y desconcentrados, así como empresas de participación estatal, comisiones, comités, patronatos y entidades de la administración pública paraestatal, independientemente de la denominación que se les dé, y asignarles las funciones que estime conveniente...”

El Artículo 8, contempla que “El Gobernador del Estado podrá convenir con el Ejecutivo Federal, los gobiernos de las entidades federativas, el Distrito Federal y los ayuntamientos del Estado de Michoacán, la ejecución y operación de programas, obras, acciones y servicios, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario…”

Con base en lo anterior, es que hemos observado como en algunos gobiernos estatales se han creado secretarías, institutos, comisiones y demás organismos, a fin de permitirle a la administración en turno, emprender e impulsar políticas o proyectos específicos. Como han sido los casos de secretarias, institutos para el caso de los migrantes, de los jóvenes, mujeres, indígenas, etcétera.

Hoy el inicio de la administración estatal, enfrenta una nueva realidad, su actuar debería corresponder a lo realizado en el contexto federal, no hay que olvidar que la reforma promovida por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador secaracteriza por perseguir tres propósitos principales: a) la adopción del valor de austeridad en el quehacer público; b) la reducción de la corrupción y c) la centralización de funciones. Propósitos que se ven reflejados en el contenido de la reforma a la LOAPF publicada el pasado 30 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación.

Ramírez Bedolla arriba al IEM para recibir su constancia de mayoría. | Agencia Comunicación Gráfica

La alternativa que se visualiza como más viable para la administración que encabezará Alfredo Ramírez Bedolla, es revalorar la dimensión territorial de Michoacán, evitar que algunos aspectos relevantes, evolucionen a la dimensión de políticas públicas y no sólo se queden en la agenda, como ha ocurrido con los migrantes, las mujeres, los jóvenes y muchos casos más que se considera que por crear una dependencia se solucionan.

En lugar de crear dependencias, se deben conformar ejes transversales que permitan permear el quehacer político y administrativo del Gobierno Estatal, de forma tal, que las tareas sustantivas como Educación, Salud, Seguridad, Fomento Económico, Turismo, Obras Públicas, Desarrollo Rural, Cultura, Desarrollo Social, etcétera, se actúe con plena conciencia de las prioridades de los diversos grupos sociales, así como de las particularidades regionales de Michoacán.

Es en este contexto, que se han desarrollado múltiples regionalizaciones del estado de Michoacán, algunas con énfasis en aspectos económicos como las 6 regiones propuestas por el Comité Promotor del Desarrollo Económico y Social de Michoacán (COPRODEMICH) en los setentas. Las 7 regiones propuestas con base en el sistema de ciudades y sus respectivas zonas de influencia. En 1981 se decretó la creación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán (COPLADEMICH) que propuso subdividir al estado en 10 regiones. Las propuestas de regionalización pueden ser sido varias y muy diversas, desde las turísticas, hasta las administrativas.

Hoy, un escenario previsible es que, dada prioridad de los objetivos sociales señalada en la denomina 4T. La Administración 2021-2027 encabezada por Alfredo Ramírez Bedolla, es que comience por establecer una nueva regionalización de Michoacán, que posibilite el mejor escenario para lograr los objetivos sociales, entendiendo que dicho cumplimiento pasa necesariamente por metas económicas y de competitividad regional.