Como agresivo huracán la pandemia barrió con las normalidades de la vida social contemporánea. Algunas actividades fueron afectadas en tal magnitud que ponerlas ahora en pie y en marcha llevará tiempo y vastos recursos. Más allá de que estas recuperen su ritmo con el paso de los meses el daño ha sido catastrófico y dejará una huella profunda.
En consecuencia la reflexión común ha sido tocada por el desastre económico, la atención a la salud, la violencia intrafamiliar, la seguridad pública, cuestiones que por razones derivadas de nuestras circunstancias nacionales, han dominado durante este trágico período las preocupaciones de la población.
Hasta ahora la valoración de lo que se ha perdido en materia educativa apenas si se ha reconocido con notas marginales en los espacios públicos de reflexión. Se ha asumido el supuesto de que la enseñanza no presencial, determinada por el confinamiento, está en marcha supliendo a nuestro sistema escolarizado tradicional.
Sin embargo, está por terminar el distópico ciclo escolar 2020-2021 y no tenemos una evaluación seria de cómo funcionó la enseñanza durante este tiempo. Nada sobre la eficiencia de lo que pretendió ser un sistema educativo a distancia; nada sobre los aprendizajes realmente logrados y los no logrados en cada ciclo y nivel educativo; nada sobre la calidad de la infraestructura educativa utilizada para conectar a alumnos y docentes; nada sobre el difícil rol que tuvieron que adoptar los docentes frente a una realidad para la cual no estaban preparados; nada sobre el impacto, en la formación de los estudiantes, de los saberes no adquiridos; nada sobre la crisis de la institución escolar en un año con los espacios cerrados; nada sobre la capacidad de respuesta de la Secretaría de Educación Pública ante la variada problemática que va desde la dotación de tecnología a los alumnos y maestros, la disponibilidad de materiales educativos especiales, el ajuste pedagógico del modelo educativo, la evaluación permanente de las políticas puestas en marcha; en fin, un silencio preocupante ante un problema tan delicado.
Las noticias que se han conocido hasta ahora sobre el fin del presente ciclo y el inicio del 2021-2022 son enfáticas en dos cuestiones: que a los alumnos debe otorgárseles una calificación no menor a 6 y que los días de vacaciones serán acortados para tener más días de clases. Puede concluirse que atrás de la primer medida está el reconocimiento a lo que se sabe ocurrió en la mayoría de las escuelas, que los alumnos terminaron desertando en porcentajes elevados y que el ausentismo podría exponer salones vacios en el inicio del ciclo en agosto. Atrás de la segunda medida estaría un criterio pedagógico reduccionista que cree que la perdida de saberes está vinculado de manera determinante con las horas pupitre en el salón de clases.
Ambas medidas exponen la ausencia de una responsable comprensión educativa de lo que pasó durante la pandemia. Cada maestro, cada escuela tienen números precisos, de cuántos alumnos abandonaron el espacio virtual o la comunicación durante este tiempo. Ellos saben la magnitud de la deserción real. También saben del rezago de saberes que acumularon en este año.
La SEP deja entrever que no tiene un diagnóstico preciso del ciclo por concluir y en consecuencia tampoco tiene un programa de acciones educativas a emprender para atacar la deserción y el rezago de saberes. La promoción de los estudiantes con al menos 6 de calificación podrá frenar, tal vez, el abandono escolar y nada más. Reducir los periodos vacacionales sin un programa educativo específico para emplear mejor el tiempo, no resuelve por sí mismo el vacío de saberes.
Si desde la Secretaría de Educación no se ofrece un liderazgo educativo con propuestas claras y suficientes recursos para su aplicación, el rezago neto que ahora viven los estudiantes les acompañará durante su vida escolarizada y profesional ahondando en cada nuevo ciclo el acceso a otros saberes esenciales. En riesgo estarán las habilidades que son necesarias para encarar las realidades del mundo actual por esta generación.
La Secretaría debería trazarse un plan para recuperar los saberes perdidos, lo que implicaría comprometer ajustes educativos y recursos no sólo para el próximo ciclo escolar sino para todos los que sean necesarios. Esto sobre una base, abatir por completo el abandono escolar, de tal manera que todos los estudiantes adquieran en los tiempos pedagógicos esos saberes que no llegaron, que no se procesaron, como consecuencia del confinamiento. Lo anterior supondría nuevos enfoques pedagógicos, el uso de mejores técnicas, el mejoramiento de la práctica docente y la refuncionalización de todo el sistema educativo nacional acompañado de inversiones extraordinarias para lograrlo.
Los saberes perdidos deben recuperarse con apremio, no hacerlo implicará perdidas en desdoro de nuestra cultura, de la ciencia, la economía, la convivencia social y nuestra vida democrática. Con urgencia la escuela debe ser colocada en el centro de la atención gubernamental y social, no hacerlo nos colocará décadas atrás en materia de desarrollo social y humano.
La pandemia profundizó las desigualdades educativas y metió en crisis a nuestro sistema educativo. La eficacia del liderazgo educativo del gobierno federal sigue a prueba, ojala que haya talento y compromiso para superar los escoyos de este momento.
