La cultura, definida desde los procesos de significación y generación de sentido, comprende como elementos constitutivos o elementos culturales simbólicos las creencias, los valores, las ideologías, y aquello que configura y modela la visión del mundo de un sujeto, la manera en la que juzga y en que se comporta. Esos modos de juzgar y actuar se van internalizando en forma de representaciones compartidas, en el ámbito del círculo social cercano en el que se desenvuelve. En las instituciones y organizaciones en las que interactúa el sujeto, como la escuela, se promueven e internalizan elementos culturales simbólicos como el amor a la patria, el respeto a los símbolos patrios, los valores cívicos, el respeto a la naturaleza o como la productividad, la prosperidad económica, el progreso, entre otros. Esos nudos institucionales, “no buscan la uniformidad cultural, sino sólo la administración y la organización de las diferencias, mediante operaciones tales como la hegemonización, la jerarquización, la marginalización y la exclusión de determinadas manifestaciones culturales”, de este modo, se asigna un lugar a todos (La concepción simbólica de la cultura, G. Giménez, 2005).
Además, Gilberto Giménez (2005) señala que las representaciones sociales, uno de los tres paradigmas vigentes para el estudio de las formas simbólicas interiorizadas (valores, creencias, ideologías, etc.), tienen dos componentes; un núcleo central relativamente consistente e independiente de contextos inmediatos, ligado a condiciones históricas, sociales e ideológicas profundas, que define los valores más fundamentales del grupo (en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, lo podría representar el nicolaicismo) y una periferia, que acoge, absorbe o se adapta a las novedades (políticas públicas de cada gobierno). Por otro lado, la administración, emplea los aportes de la antropología, la psicología y la sociología para el estudio de la cultura organizacional que se define como el sistema de significados compartidos que distinguen a una organización de otra. Dentro de esa cultura organizacional, el liderazgo que ejerce la Dirección tiene un gran efecto, ya que a través de lo que se dice y el comportamiento se establecen normas no escritas que se infiltran a través de la organización (Comportamiento Organizacional, S. Robbins, 2017).
De acuerdo con Acosta en Erreguerena en su trabajo sobre el poder de los Rectores en las Universidades (ANUIES, 2021), los cambios en las políticas universitarias en los últimos años, han modificado la gobernabilidad y la gobernanza en las Instituciones de Educación Superior en México, por la búsqueda de la adaptación de estas a las exigencias de los programas federales, basados en la evaluación de la calidad, los estímulos y la rendición de cuentas, lo anterior propicio que se haya pasado de la histórica autoridad institucional distribuida entre diferentes órganos colegiados a la autoridad concentrada en el rector. Si bien esta situación puede llevar a una tensión entre el núcleo central de las representaciones sociales por la orientación de las políticas públicas a la autonomía regulada por el Estado o el mercado, y la periferia de estas, también es cierto que no se puede, ni se debe justificar el autoritarismo y la ilegalidad como “estrategia” para conducir a un determinado resultado.
En el diccionario jurídico, se define al Estado de Derecho como un Estado en el que los poderes públicos son regulados por normas generales (las leyes fundamentales o constitucionales) y deben ser ejercidos en el ámbito de las leyes que los regulan, es decir, lo opuesto a la imposición de la voluntad de una o más personas, de la arbitrariedad en la centralización del poder ejercido a capricho.
El imponer con un pretendido Congreso General de Representantes una Reforma al Sistema de Jubilaciones y Pensiones, el que 16 profesores universitarios resultaran suspendidos en sus derechos sindicales, sin el debido proceso, el incumplimiento en tiempo y forma de los convenios para la regularización de interinos, los convenios firmados, sin la consulta a las bases, para la suspensión de los emplazamientos a huelga, sin que aún hayan sido pagadas diversas prestaciones, ni reparadas varias violaciones, han sido muestra de una clara y sistemática práctica de la ilegalidad, de la actuación al margen de la Ley y son motivo suficiente para demandar el emplazamiento a la huelga. Pero sin duda, la peor de estas expresiones de autoritarismo han sido las rescisiones de contrato a los trabajadores administrativos, manuales y académicos, lo que al instante de ocurrir alarmó a algunos de los integrantes de la comunidad universitaria, se denunció en redes sociales y en el discurso del 8 de mayo, por parte del Comité Ejecutivo General Interino del SPUM.
Es muy lamentable que, aun desconociendo las particularidades de cada caso, no haya habido un pronunciamiento por parte de quienes luchan por la impartición de justicia, el respeto a los derechos de los trabajadores y a su dignidad como seres humanos, para denunciar, reprobar y cuestionar estas prácticas, que no debieron tener cabida en una institución como la Universidad Michoacana. Ahora se habla de que hay 30 trabajadores universitarios en estas circunstancias, y que estos han denunciado que no hubo apego al debido proceso, ni se observaron los principios de proporcionalidad y de presunción de inocencia. Con el último de los casos, el más mediatizado, las autoridades han querido dar la impresión de reprobar las presuntas prácticas antidemocráticas, sin embargo, el sistemático proceder que ha caracterizado a las propias autoridades, hace suponer que sólo lo realiza para no quedar en entredicho (por la trascendencia de la noticia a nivel nacional) y de paso buscar acercarse al gobernador electo.
El daño patrimonial que originará esas rescisiones, a capricho, que ejecuta el abogado general, será inmenso, ya que el juicio puede durar de 2 a 3 años (más tiempo de lo que le queda en el poder a la administración de la UMSNH actual) y al final habrá que reinstalar a los trabajadores con el respectivo pago de sueldos caídos y bajo las condiciones que establecen los contratos colectivos, se deberá invertir gran cantidad de tiempo y recursos atendiendo esos asuntos, pero las afectaciones psicológicas y emocionales a los compañeros son inconmensurables e irreparables y más porque se ha dejado sin seguridad social a las familias dependientes, en el contexto de una pandemia, donde el acceso a los servicios sanitarios es imprescindible para la salud física y mental, y ya, ha generado gastos catastróficos por salud.
Se anhela que, como comunidad universitaria, el cambio cultural en la organización se dé, ya que, para ello, de acuerdo con los teóricos de la administración, se requiere una crisis dramática como la que actualmente se vive en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pero además, se requiere una rotación de liderazgo, con valores fundamentales diferentes, una mayor capacidad de respuesta y conciliación hacia la comunidad. Si existe la voluntad de la mayoría de los miembros de la comunidad, se deben promover nuevos valores, así como iniciar nuevos rituales de selección, ascenso, recompensas a los trabajadores que adopten y apoyen los nuevos valores y minar las subculturas nocivas a través de las transferencias y la rotación de puestos (Robbins, 2017).
