Morelia, Mich.- En el mes de junio, al menos dos personas defensoras de derechos humanos y tres periodistas fueron asesinados en México, señala un posicionamiento de organizaciones de la sociedad civil que exigen a “las autoridades de gobierno garantías para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión”, quienes demandan a las autoridades la creación de “entornos seguros”.
En el pronunciamiento, firmado por personalidades como por organizaciones defensoras, manifiestan su solidaridad “con las víctimas y sus familias, y condenamos los asesinatos, ataques y amenazas sistemáticas en contra de personas defensoras de derechos humanos, en especial quienes defienden la tierra y el territorio, y contra periodistas y medios independientes en el país.”
“Los homicidios en Sonora cometidos en contra de los defensores del agua y el territorio Tomás Rojo, tras días de estar desaparecido y de Luis Urbano Domínguez, ambos pertenecientes a la tribu Yaqui, así como de los periodistas Saúl Tijerina en Coahuila, Enrique Garcia en Estado de México y Gustavo Sanchez Cabrera en Oaxaca, este último beneficiario del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas; reflejan los riesgos a los que están expuestos en México quienes defienden derechos humanos y la libertad de expresión. Además, exponen la ausencia de medidas y políticas por parte de las autoridades federales, estatales y municipales para prevenir y sancionar los ataques a la vida, integridad y labor de las personas defensoras y periodistas”, indica el comunicado.
De acuerdo a las organizaciones, “la falta de campañas de reconocimiento sobre la defensa de derechos humanos; ausencia de investigaciones y sanciones penales a las agresiones previas; poca coordinación entre instituciones de los tres niveles de gobierno para garantizar la labor de personas defensoras y periodistas; falta de debida diligencia en la realización de análisis de riesgo e implementación de medidas de protección, en especial con enfoque de género, colectivo y comunitario; y la ausencia de políticas de seguridad dirigidas a la desarticulación de bandas criminales”, son algunas de las carencias legales u operativas identificadas “que han posibilitado que personas defensoras y periodistas no cuenten con condiciones seguras para poder realizar su labor.”
El llamado de las organizaciones, que remiten copia para su conocimiento a Michele Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos; Gautier Mignot Embajador, delegado de la Unión Europea en México; a Mary Lawlor, relatora rspecial sobre la situación de los defensores de derechos humanos (ONU), y a Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión (ONU), entre otros, señala que la continuidad de “violencia, ataques físicos y homicidios cometidos contra personas defensoras y periodistas”, pone de manifiesto “la profundización de la crisis y violencia en materia de derechos humanos en el actual contexto de COVID-19 y post-electoral, exigimos a las autoridades federales, estatales, municipales y entes autónomos implementar acciones dirigidas a la creación de entornos seguros para la defensa de derechos humanos y el ejercicio periodístico, así como omitir cualquier acción que inhiba el ejercicio de los derechos de estas poblaciones.”
Demás de solicitar reactivar las negociaciones para la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos presentado en diciembre de 2020, los organismos firmantes exigen “a la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), a combatir la impunidad investigando diligentemente los asesinatos cometidos contra personas defensoras y periodistas. Urge que se lleven a cabo las investigaciones conforme al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, y con base a buenas prácticas en materia de delitos cometidos en contra de personas defensoras, que partan de la hipótesis de su labor de defensa e información.
“También exigimos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones establecidas en el Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En tanto el Mecanismo siga siendo la única respuesta del Estado Mexicano, es conditio sine qua non fortalecerlo.”
Entre las organizaciones de la sociedad civil firmantes, se encuentran ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).
