Este mes, resolución sobre ampliación de mandato de Arturo Zaldívar en la SCJN

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como ministro de la SCJN. | Fotografía: Archivo

Ciudad de México.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, confió en que este mes habrá una resolución sobre si es constitucional o no la ampliación de su gestión a 2024.

Según El Economista, cabe destacar que el 7 de junio se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas al Poder Judicial de la Federación para profesionalizar a sus integrantes, combatir la corrupción y el nepotismo mediante una carrera judicial, y fortalecer el papel de la Corte como tribunal constitucional. En un artículo transitorio de esas reformas se estableció la ampliación del mandato del actual presidente de la Corte hasta 2024, lo cual es impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por considerar que el ministro Zaldívar es el único que puede implementar dichas reformas.

“Espero que este mismo mes, tal como lo había acordado inicialmente este pleno, se resuelva el expediente relativo al artículo Décimo Tercero Transitorio de la reforma judicial. La pronta resolución de este asunto es fundamental para dar certeza a la ciudadanía y al propio Poder Judicial, sobre un tema que ha causado inquietud y que empaña la trascendencia de la reforma judicial”, dijo el ministro Zaldívar en su discurso por la apertura del segundo período de sesiones de la Corte. 

“De igual manera, se resolverán asuntos de enorme relevancia, relacionados con la Ley de Migración, los centros de atención infantil en la Ciudad de México, las competencias constitucionales en materia de radio y televisión, aborto, objeción de conciencia, matrimonio igualitario, Ley de la Guardia Nacional y Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, entre muchos otros”, mencionó.

Este lunes 2 de agosto, tras casi año y medio de trabajo a distancia, el pleno de los ministros de la Corte reanudó sesiones presenciales. El ministro Zaldívar destacó que la resolución de estos asuntos, de obtener votación calificada, dará lugar a la formación de jurisprudencia obligatoria, “lo que unificará el lenguaje constitucional, dando así toda la fuerza que corresponde a los fallos del tribunal constitucional en nuestro sistema jurídico, en abono de una mayor efectividad de los derechos, para todas las personas”.