Morelia, Mich.- Desaparecer la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y entrega directa del presupuesto a las autoridades indígenas, es la petición que plantea el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) a la nueva administración que tomará posesión a partir del primero de octubre.
“Los pueblos originarios se encuentran en una pobreza sistémica, toda vez que según las propias estadísticas oficiales, entre los años de 2018 y 2020, el porcentaje de la población hablante de una lengua indígena en situación de pobreza aumentó de 75.8 por ciento a 76.8 por ciento, de igual forma, la pobreza extrema en la población de las comunidades originarias incrementó del 35.1 por ciento a 35.7 por ciento”, de acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación de Políticas Públicas (CONEVAL), plantea en un documento la organización que aglutina a 60 comunidades indígenas de la entidad.
El Consejo señala que “ocho de cada 10 viviendas en las que habita una persona indígena mantienen rezago habitacional, el 19.9% carece de servicios de agua, el 24.6% no tienen drenaje y el 13.9% de las viviendas mantienen pisos de tierra (INEGI 2015). Finalmente, el 40.3 % de la población indígena mayor a 12 años han sufrido actos de discriminación y el 29.2% padecieron incidentes de negación de derechos (ENADIS 2017).”
En su diagnóstico, el CSIM establece que “desde el inicio de la pandemia por el COVID-19, el Gobierno federal ha reducido más del 70 por ciento del presupuesto del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y en Michoacán, el presupuesto de la CEDPI se ha disminuido brutalmente, pasando de 114 millones asignados en el 2014, a 24 millones destinados para este 2021 (Periódico Oficial del Estado 31/Dic/2020), por lo que calificaron a la CEDPI como una institución fallida y elefante blanco que únicamente sirve para pagar altos salarios de la burocracia indígena.”
Respecto al presupuesto estatal para atender las necesidades de las comunidades indígenas, “del 2014 a la fecha, no ha alcanzado ni siquiera el 0.3% del total del presupuesto estatal, cuando en la entidad hay 150 mil 180 personas que hablan una lengua indígena (INEGI 2020), lo que equivale al 3.16 % del total de la población de Michoacán”, por lo que por ley y por número de habitantes, les correspondería el 3.16% del total del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, es decir, les de conformidad con su número de habitantes se les debería asignar un total de 2 mil 389 millones 482 mil 829 pesos “y no los miserables 24 millones que percibe actualmente la CEDPI.”
En su planteamiento al gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedolla, solicitan “que desaparezca el elefante blanco que es la CEDPI y que entregue en correspondencia con su número de habitantes, el Presupuesto Directo Estatal a las autoridades de las comunidades indígenas para sea administrado directamente por ellos”, una deuda histórica a su juicio “que tarde o temprano deberá de saldarse.”
