Morelia, Mich.- Territorios y bienes comunes de pueblos originarios se encuentran amenazados y violentados, con un entorno en donde defender sus derechos ha implicado la muerte para 12 defensores en el 2021 por la complicidad entre redes criminales y autoridades, señalan organizaciones que exigen cumplir con la reforma constitucional que garantice derechos y autonomía de los pueblos indígenas, como lo prometió en campaña el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En un manifiesto por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA) “desea expresar en este día de conmemoración de las luchas de nuestros pueblos un llamado enérgico al Estado mexicano a que avance decididamente en la Reforma Constitucional sobre derechos de los Pueblos Indígenas. Esta demanda histórica de los pueblos y comunidades fue un compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador que no se ha concretado.”
De acuerdo con la Alianza, “avanzar la Reforma implica saldar una deuda histórica para hacer cumplir los acuerdos de San Andrés Larrainzar y dar paso a una relación de respeto e igualdad entre los pueblos y el Estado. Resulta inadmisible que hasta hoy la condición de Nación Pluricultural siga siendo una promesa vacía de la Constitución, mientras que las corporaciones y los malos gobiernos han impulsado políticas neoliberales a espaldas de los pueblos, que han traído violencia y despojo en nuestros territorios, en franca violación de sus derechos colectivos. Ejemplos de ello han sido la Reforma Energética, la Ley Minera y la Ley de Aguas Nacionales.
“A pesar de que en los hechos los pueblos seguimos dando una lucha histórica por hacer prevalecer nuestra libre determinación y autonomía, vemos como nuestras formas de gobierno, los sistemas normativos y la integridad de nuestros territorios y bienes comunes, siguen siendo amenazados y violentados. El riesgo ya no está sólo en los proyectos de muerte, sino que ahora incluye a redes de criminalidad y corrupción en complicidad con gobiernos, cacicazgos locales y actores empresariales.
Estos fenómenos, señala la Alianza, “continúan provocando agresiones en las comunidades y ataques contra defensores/as del territorio, viviéndose una espiral de violencia sin precedentes que deja clara la falta de garantías por parte del Estado mexicano. Tan solo en este último año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó el homicidio de 12 defensores en lo que va del 2021, entre los que lamentamos la pérdida de hermanos de la Tribu Yaqui y otros valiosos compañeros.”
Bajo este escenario de hostigamiento, “la propuesta de Reforma resulta clave, ya que busca fortalecer el autogobierno indígena; el control de nuestros territorios y bienes comunes y la aplicación de los sistemas propios de seguridad y justicia. Asimismo, busca romper con el tutelaje colonial del Estado para ser reconocidos como sujetos plenos de derecho público con capacidad de darle toda la fuerza jurídica a las decisiones comunitarias y a contar y disponer de presupuestos propios.”
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, destaca la Alianza, “que simboliza la lucha permanente de los pueblos por revertir el sistema de opresión colonial y las condiciones de exclusión y discriminación histórica, reiteramos nuestro llamado al Presidente de la República, al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y al Congreso de la Unión, para que la Reforma Constitucional de Derechos de Pueblos Indígenas sea presentada a comienzos de la siguiente legislatura; se establezca como un tema prioritario de la Agenda Legislativa y se avance de forma resuelta en su aprobación durante este período.”
La propuesta no debe desviarse, “del espíritu de los Acuerdos de San Andrés, los estándares internacionales en la materia y los aportes presentados por pueblos, comunidades, organizaciones y autoridades indígenas de los distintos estados del país durante el proceso previo de construcción de la propuesta de reforma.”
