Morelia, Mich.- La situación de los desplazados en Coalcomán debe ser atendida con urgencia, llamó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), “para que se les brinden todas las garantías y el respeto a sus derechos humanos”.
En un comunicado, el organismo plantea que la situación que viven los habitantes, específicamente de Coalcomán, ha sido señalada por las autoridades municipales a la CEDH, con lo que se instruyó “a la Visitaduría Regional de Apatzingán a mantenerse atentos para brindar los servicios de la institución, desde la competencia que la ley le otorga, a las personas desplazadas” en dicha localidad, donde se cumple más de una semana de asedio de grupos criminales, con bloqueos carreteros y la interrupción de servicios y el acceso a proveedores de artículos de consumo básico.
“Ante estos hechos el organismo reitera su exhorto a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que se establezcan los mecanismos para la atención y solución a los conflictos que originan la violencia; pero además para que se garanticen los derechos a la atención, la protección, el albergue; y se cubran las necesidades elementales a las personas desplazadas por la violencia”, señala la CEDH.
El desplazamiento de personas “es una violación a los derechos humanos y se traduce en vulneración al derecho a la vida, la integridad, la libertad personal, la seguridad pública y al libre tránsito; pero además conlleva violación a otros derechos como a la propiedad privada y al domicilio, cuando están implícitos la destrucción o el abandono de las tierras, propiedades y viviendas de los afectados”, agrega el organismo y destaca que “las autoridades son las responsables de garantizar a las personas desplazadas el derecho a la salud, la educación, la alimentación, la vivienda y empleo, en tanto no existan las condiciones para que puedan regresar a sus hogares”.
De acuerdo con la jerarquía católica en Coalcomán, son cientos de pobladores que habitan en rancherías del municipio las que han optado por salir de sus hogares y buscar refugio en otros municipios o incluso “en el cerro”, al quedar atrapados entre los enfrentamientos que protagonizan grupos rivales de narcotraficantes.
