En el año de 1958 fue inaugurado el Centro de Readaptación Social de Morelia (Cereso) “Francisco J. Múgica” para albergar aproximadamente a 800 personas, aunque en la década de los noventas la población del reclusorio llegó a ser de 2,200 internos. En abril del 2017, comenzó su desocupación con el traslado de reclusos hacia las nuevas instalaciones. Desde ese momento, inexplicablemente el predio con una superficie de 41,162.80 m2 y los edificios que conformaban dicho reclusorio han permanecido vacíos y sin ningún uso. Hoy al finalizar la actual Administración estatal, se conocen tres propuestas sobre dicho inmueble:
- El Gobierno del Estado propuso su desincorporación del patrimonio estatal, para venderlo en 325 millones de pesos.
- Un Diputado Local propone venderlo y donar el recurso a 56 mil michoacanos que no tienen trabajo o destinarlo a subsidios en apoyo a pequeñas y medianas empresas.
- Se sometió a la Legislatura Local la propuesta de desincorporarlo del patrimonio estatal, para donarlo al Gobierno Federal a fin de que se ocupe con las oficinas administrativas del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el marco del proyecto de reubicación de dependencias federales propuesto por el presidente de México a principios del 2018.
Obviamente la segunda propuesta ni siquiera se discute por considerar que sus beneficios serian prácticamente nulos. Pero sobre la última propuesta de albergar ahí las oficinas del IMSS conviene precisar los siguientes aspectos:
Se estima que en las oficinas centrales del IMSS laboran aproximadamente 13 mil empleados, que de una u otra forma, representaría el cambio de residencia de un número similar de familias. Asumiendo que dicha cantidad de viviendas estuvieran disponible en Morelia para su compra o renta y que el Gobierno Federal les brindaran las facilidades necesarias para su mudanza e instalación, la reubicación pudiera visualizarse como viable. Como tal situación no ha ocurrido y por el contrario existe resistencia por parte de trabajadores sindicalizados, se visualiza como factible solo la reubicación de un reducido grupo de trabajadores, situación que, sin duda, minimizaría la derrama económica esperada en beneficio de Morelia.
Además, existen en las ciudades, lo que se denominan economías de aglomeración y que corresponde a los beneficios que se pueden obtener gracias a la cercanía de los recursos o servicios. Así como las economías de escala, que muestran los beneficios que obtiene una empresa gracias a aumentar la producción por el incremento de la demanda. En otras palabras, existen en la CDMX empresas que por el volumen de producción que manejan pueden abaratar costos e incrementar su capacidad de producción y logística de entrega, lo que hace posible satisfacer las necesidades de oficinas o empresas de similar tamaño a las del IMSS.
Para una mejor comprensión de lo anterior y a manera de ejemplo, consideremos que el funcionamiento de las oficinas del IMSS, demanda un consumo diario de 50 mil hojas de papel bond para los cientos de impresoras que seguramente existen en las múltiples oficinas. Como en Morelia no existe una empresa papelera que tenga esa capacidad de suministro, lo más seguro es que la misma empresa que ahora les surte la papelería y que se ubica en la Zona Metropolitana del Valle de México, optaría por ofrecer fletar un transporte cada noche, para garantizar surtir las 50 mil hojas de papel cada día. Lo que ocasionaría que en Morelia no existiera la derrama económica esperada en este rubro.
De igual forma, podría pasar con otros servicios como el mantenimiento a los miles de equipos de computo, el servicio de comedor para empleados, el suministro de uniformes a oficinistas, etc. Las economías de escala en el servicio, les permite a empresas instaladas en la CDMX ser más competitivos en precios que, una empresa local, que de inicio tendría que realizar una inversión significativa para aumentar su capacidad de servicio. Las consideraciones al respecto son muy ampliar y diversas, tal vez por algunas de ellas, a dos años de distancia, el proyecto de reubicaciones ha quedado casi en el olvido.
En este marco, convendría que el gobernador electo evalúe con su equipo de trabajo, la cantidad de inmuebles que el Gobierno del Estado renta para albergar una diversidad de oficinas. Seguramente son cientos los inmuebles en los que se paga renta; todos hemos observado una significativa cantidad de dependencias gubernamentales, órganos autónomos descentralizados y bodegas en construcciones habitacionales o de oficinas. El asunto aquí, es que el monto que cada dependencia destina al pago de renta, no debe ser menor y seguramente si se suman todos, resultará una cantidad significativa del presupuesto estatal.
Con seguridad, una vez que se conozca la cantidad de inmuebles restados y el monto global que ocasiona, se podrán tener elementos sobre la viabilidad que representaría destinar el predio del antiguo reclusorio para concentrar las oficinas del gobierno estatal. El beneficio económico parece ser evidente a corto plazo, lo que respondería a una verdadera política de austeridad. En términos sociales, el beneficio sería para los habitantes, al acudir a un solo sitio para realizar múltiples trámites.
Una gran ventaja que apoyaría la viabilidad de la propuesta es que, no se requiere desincorporar el inmueble del patrimonio estatal y al tratarse de oficinas que dependan del ejecutivo estatal, se estaría en condiciones de diseñarse un plan de reubicación paulatina, que permita incluso concursar las obras de adecuación necesarias bajo esquemas de arrendamiento y así eviten que el gobierno del estado destine recursos seguramente no disponibles en este momento.
