La Secretaria de Educación Pública, en su desesperada y atropellada administración del servició educativo y con el afán de cumplir su responsabilidad social de garantizar el derecho a la educación a niñas, niños, adolescente y jóvenes, como lo establece el mandato constitucional y lo regula la Ley General de Educación, en estos tiempos extraordinarios que estamos viviendo con motivo de la pandemia provocada por Covid-19, pretende realizar acciones y establecer reglas específicas que regulen el regreso a las aulas de las comunidades educativas públicas y privadas que decidan reiniciar clases presenciales a distancia o híbridas, a partir del treinta de agosto del año en curso, tanto para finalizar el ciclo escolar 2020/2021, como para iniciar el correspondiente a 2021/2022.
Unas de las primeras acciones emprendidas es tratar de acondicionar las instalaciones educativas, en menos de treinta días, las cuales fueron abandonadas por más de año y medio, dejándolas al deterioro natural, saqueo y vandalismo de los delincuentes locales. Tarea que parece imposible por la forma como se están haciendo las cosas. Como siempre, la mayor parte del trabajo de reacondicionamiento, lo están realizando los padres de familia y no la mano de obra calificada, de un albañil, un plomero, un electricista, un soldador, un carpintero y un técnico en computación, como se debería haberse hecho en tiempo y forma. No se puede entender tanta negligencia de las autoridades educativas en el cumplimiento de sus funciones y la falta de voluntad de querer poner en orden el Sistema Educativo Nacional. Si hubiera honestidad, muchos de los que cobran como funcionarios en la Secretaria de Educación Pública, ya hubieran renunciado a su encargo desde antes de la pandemia.
Por otra parta no se puede entender que se tenga tanto desconocimiento de lo que es un proceso democrático de enseñanza-aprendizaje. El Estado, no está ofreciendo las mismas oportunidades de aprendizaje a niñas, niños, adolescente y jóvenes, al tratar de establecer tres modalidades de enseñanza: presencial, a distancia e híbrida, ahondando con ello, las desigualdades existentes en las futuras generaciones. También, resulta inconcebible que no estén enterados que los padres de familia tienen la obligación de “hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años asistan a las escuelas para recibir educación obligatoria, en los términos que establezca La Ley General de Educación”. Además de que está bien establecido en la mencionada Ley, que El Estado, “eliminará las distintas barreras de aprendizaje, adaptando medidas en favor de la accesibilidad” y “proveerá de los recursos técnicos-pedagógicos y materiales necesarios para los servicios educativos”, compromiso que no se ha cumplido, ocasionando que más de cinco millones de alumnos de los diferentes niveles académicos, abandonaran sus estudios por la falta de herramientas para recibir las clases a distancia, a parte que en algunos lugares del territorio nacional ni siquiera llega la señal de la internet. Asimismo, está bien establecido que “se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo que imparte el Estado”, lo cual es totalmente falso, “las cuotas voluntarias” se siguen cobrando, en secundarias y en especial en el nivel medio superior, como es el caso del Subsistema Educativo de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios, donde se cobran hasta $ 1,700.00 pesos, de “cuota voluntaria” por concepto de inscripción semestralmente y hasta $1,200.00 pesos, anualmente para tener derecho a presentar examen de admisión, todo sucede en contra de la voluntad de los padres de familia y en complicidad con la Autoridad Educativa, lo que constituye un delito llamado corrupción y que no es castigado por la impunidad que sigue existiendo en la actual Administración Federal, aun cuando cada mañana se pregona el combate a la corrupción y a la impunidad. Lo cual ya no es creíble, pues, se habla de que robaron y saquearon al país y no se procede en consecuencia, todo el peso de la ley cayó sobre una ex secretaria, que se encuentra en el reclusorio, pagando por los verdaderos culpables que pasean por todas partes del mundo, en absoluta libertad, disfrutando de lo que le robaron al pueblo. Si realmente se quiere terminar con “las cuotas voluntarias” La Autoridad Educativa” debe publicar un lineamiento claro y preciso donde se diga que solamente los padres de familia que firmen con puño y letra el acuerdo correspondiente, tendrán la obligación de pagar las multicitadas “cuotas voluntarias” y “las fichas de inscripción” de lo contrario el Gobierno Federal seguirá solapando actos de corrupción, como lo ha venido haciendo hasta el día de hoy.
Me extraña que los que establecen las políticas públicas de la educación, al parecer no tengan conocimiento de que los padres de familia forman parte del Sistema Educativo Nacional y que por moral y ética son los responsables de sus hijos desde antes del nacimiento, con la obligación de protegerlos y apoyarlos en todo lo necesario para que puedan adquirir valores y se haga efectivo su derecho a la educación, para que se puedan desarrollar como seres humanos, en beneficio propio y de la sociedad, por lo tanto son corresponsables del desarrollo integral de sus hijos, sin necesidad de firmar ningún escrito. Razón por la que no le encuentro ninguna explicación, para que cada uno de los padres de familia tengan que firmar una “carta compromiso de corresponsabilidad, como una de “las medidas que se implementarán en las escuelas para prevenir el contagio y propagación del COVID-19 entre la comunidad escolar”. A estas alturas en que estamos y por las circunstancias que estamos viviendo, por fin los padres conocen bien a sus hijos, siendo incapaces de exponerlo algún riesgo, mucho menos a perjudicar a sus semejantes. Esta medida sólo provocara confusión y un trámite burocrático innecesario.
En cuanto a la lista de los materiales solicitados para los alumnos desde primer grado de primaria hasta tercero de secundaria, no sé, si la Secretaría de Educación Pública, realizó una encuesta a nivel nacional, y consultó la capacidad adquisitiva de los padres de familia para establecer el listado de útiles escolares, de lo contrario sería una verdadera falta de sensibilidad solicitarles la adquisición del material escolar, sabiendo que muchos padres de familia se quedaron sin empleo, otros perciben un salario mínimo, algunos se fueron en busca del sueño americano y a los que mejor les va, semanalmente estiran los pesos y centavos para cubrir las necesidades básicas de la familia. Por lo que sería conveniente pensar en una política económica, para obtener recursos presupuestales y otorgar gratuitamente el material escolar a niñas, niños y adolescente inscritos en la educación básica. Esta pudiera incluir un recorte en las prerrogativas a los partidos políticos, una restructuración administrativa, en PEMEX, CFE y en la misma Secretaria de Educación Pública, así como ajustes salariales en Tribunales, Órganos Autónomos, Cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente. Por lo pronto, sugiero que quienes puedan comprar el material solicitado lo hagan, quienes no puedan hacerlo, se las ingenien para hacer un reciclaje de los materiales anteriormente utilizados y puedan seguir su proceso de enseñanza, pero sobre todo cumplir puntualmente con el protocolo de sanidad dentro y fuera de los centros educativos. Todo lo que no se haga para mejorar la calidad de vida de la población, es seguir entreteniendo con similar retórica sexenal, manipulando las ilusiones de la pobreza. Es seguir alimentando las larvas de la corrupción y de la impunidad.
