Es tiempo de asumir la responsabilidad

Desde finales de 1920, el licenciado José Vasconcelos Calderón (1882-1959), siendo Rector de la Universidad Nacional y Titular del Departamento Universitario, elaboró  una iniciativa de ley, para la creación de una institución  que retomara las funciones de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, con el propósito de democratizar la educación y cumplir con una de las grandes aspiraciones del movimiento social de 1910, de tener una educación democrática, gratuita, laica y obligatoria.  El 25 de julio de 1921, por decreto del  presidente Álvaro Obregón Salido (1880-1928), se creó la Secretaría de Educación Pública (SEP), mismo que fue publicado en el Diario Oficial el  3 de octubre de 1921, asumiendo la titularidad de la recién creada Secretaria, el Licenciado José Vasconcelos Calderón, el día 12 del mismo mes y año de referencia. Su propósito fundamental era ampliar la cobertura de la educación y la cultura a lo largo y ancho del territorio nacional. Desde entonces hasta la actualidad la Secretaria de Educación Pública, además de tener como principal función la de administrar, controlar y regular el servicio educativo nacional,  mantiene el propósito fundamental: “crear condiciones para asegurar el acceso de todas las mexicanas y mexicanos a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden”.

A casi 100 años de su fundación, el propósito de la SEP ha quedado en una simple aspiración, ya que al no haber un proyecto de nación. Cada Gobierno Federal, administra el servicio educativo a su manera, ocasionando gastos innecesarios, mayor rezago y mala calidad de la enseñanza a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ahondando las desigualdades existentes, limitando el desarrollo económico del país y por supuesto la capacidad de competencia en el mercado globalizado. Por otra parte, la educación en México se ha aprovechado para otros fines: como negocio al obtener ciertas utilidades por la prestación de un servicio educativo, sin la obligación de pagar impuestos; como medio para transferir recursos presupuestales y subsidiar campañas políticas; como estructura administrativa para cumplir con compromisos políticos mediante la asignación de encargos para justificar un pago salarial; como plataforma para alcanzar nuevas y mejores posiciones políticas y posiblemente para lo que más se ha utilizado es para que los familiares y amigos de toda clase de influyentes, cuenten  con un trabajo seguro de por vida, tengan o no las habilidades para su desempeño, a los seis meses de su nombramiento adquieren la base y protección sindical, siendo inamovibles su situación laboral.

Cada vez se ve está más lejana la posibilidad de que se retome el propósito original de la SEP,  aun cuando su  titular tiene los recursos legales para hacerlo, además de que no sólo cuenta con una amplia estructura técnico-administrativa, conformada por aproximadamente 50 unidades administrativas, sino también con la facultad de proponerle al Ejecutivo Federal realizar los ajustes que sean necesarios, tal y como se establece en el Artículo 5, del Reglamento Interior, Fracción  VIII, de la propia Secretaria. Asimismo  “para el eficaz despacho de los asuntos a su cargo y para un mejor desempeño en el ejercicio de sus facultades, la persona Titular de la Secretaría se auxiliará, entre otras, por la Coordinación Sectorial de Eventos y Giras del C. Secretario y la Coordinación Técnica Administrativa, así como por las direcciones y subdirecciones de área y jefaturas de departamento que se le adscriban”. Incluyendo el apoyo logístico de un Secretario Privado, un Secretario Particular, Staff de asesores,  vehículo oficial,  chofer y dotación de gasolina.

Desde luego, a corto plazo no se pueden solucionar  problemas tan complejos  como la desvinculación de la educación con el sector productivo, el cual se trató con mucho interés en el Gobierno de López Portillo, con la participación de las Secretarías de Educación Pública, del Trabajo y de Programación y Presupuesto, respectivamente, así como de las organizaciones empresariales; sin embargo los avances alcanzados en la materia se quedaron archivados en los anaqueles de las mencionadas secretarías, al término del sexenio. Lo absurdo ahora, es que se sigan abriendo nuevas universidades, con planes y programas de estudios, distantes a las necesidades regionales de su ubicación,  mientras que las otras universidades siguen careciendo de los equipos y materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones específicas: académica, de investigación y de difusión de la cultura.

Es imposible acabar con las desigualdades existentes en el proceso de enseñanza aprendizaje, como la situación económica y social de cada uno de los alumnos; la preparación heterogénea de los docentes, que disminuye las posibilidades de mejorar la calidad de la enseñanza, por la desigual metodología utilizada para transmitir los conocimientos;  la desigual infraestructura educativa en cada uno de los centros escolares, que va desde los  más equipados ubicados en las zonas urbanas, hasta aquellos que carecen de los servicios más indispensable, como agua potable y servicios sanitario, de las poblaciones marginadas. Sin embargo, eso no justifica que no se  puedan establecer nuevas  prioridades, para poner un  poco de orden en el Sistema Educativo Nacional, dándole la debida  importancia a mejorar la calidad de la enseñanza y no distraer recursos y tiempo a la atención a los problemas políticos-laborales, que por décadas han generado, grupos sindicales, en demanda de sus derechos laborales, trabajando calendarios escolares anuales de menos de 100  días de clases.

Por lo pronto, se deben de establecer con claridad y precisión los lineamientos generales para el regreso a las aulas y el calendario escolar, para evitar confusiones o malas interpretaciones, en especial instruir a los directivos de los planteles no cobrar las inconstitucionales “cuotas voluntarias” ni las llamadas “fichas de inscripción;  proporcionar las herramientas mínimas necesarias a quienes no puedan asistir a clase presenciales y  prefieran hacerlo a distancia; asegurar la enseñanza de los alumnos que viven en las zonas marginadas. Por otra parte se debe negociar con los verdaderos docentes, la necesidad de trabajar hasta los días sábados, para tratar de disminuir el rezago educativo ocasionado por la pandemia y por las frecuentes suspensiones magisteriales. Sancionar a los responsables de haber abandonado los centros escolares por más de año y medio, así como a los responsables de la rehabilitación  de salones e instalaciones para la operación de sanitarios y suministro de agua potable para el aseo y consumo humano, espacios de convivencia común y de prácticas-deportivas, por no haber cumplido con sus obligaciones. Pero sobre todo, aunque demasiado tarde, dejar esos espacios en condiciones  para  el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. La realidad es que la mayoría de “los espacios educativos destinados a la prestación del servicio público de educación no cumplen con los requisitos previstos en la Ley General de Educación y demás disposiciones jurídicas aplicables; por lo tanto la SEP, no cumple con su propósito fundamental de “crear condiciones para asegurar el acceso de todas las mexicanas y mexicanos a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden”.

Otras acciones que se pueden realizar a la par de las prioridades, si es que se tiene voluntad de ir ordenando la casa, es la revisión de los expedientes laborales de los trabajadores de la educación, para comprobar que la adjudicación de cada una de las plazas se hizo de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes; “Formular el anteproyecto de presupuesto de la Secretaría, con especial atención en servicios personales, así como ejercer y controlar su ejercicio conforme a las disposiciones jurídicas aplicables”, para evitar manifestaciones de docentes reclamando pagos pendientes. Modificar el procedimiento para la contratación de profesionista para desempeñar las funciones de docente o técnico docente, con perspectivas de seguridad laboral y desarrollo profesional, de otra forma, no se podrá consolidar una plantilla laboral con los perfiles idóneos. También, hacer más práctico el trámite para la promoción docente tanto para mejorar categoría como para el estímulo docente, de lo contrario, no habrá  otra alternativa para mejorar su situación laboral, decayendo su ánimo en el trabajo. Asimismo, no barnizar el proceso de selección de trabajadores con aspiraciones a cargos directivos, la oportunidad se debe ganar con conocimiento y ganas de querer hacer mejor las cosas y no mediante recomendaciones, a la fecha hay directores  que llevan más de quince años en el cargo, sin haber hecho nada  trascendente ni para el plantel ni para la enseñanza.

Es tiempo de que se deje de utilizar a la educación como negocio; como medio para la transferencia de recursos públicos, para pagar favores políticos; como fuente de ingresos de comisionados fuera de la normatividad, en algunos casos   llevan más de 20 años, gozando de ese privilegio  o bien como bolsa de trabajo para recomendados y protegidos. No encuentro ninguna explicación del por qué  le tiemble la mano a la autoridad educativa para empezar a poner orden en el Sistema Educativo Nacional. ¿Por compromisos políticos? ¿Negligencia?, o simplemente porque la corrupción sigue tan viva como antes.