Morelia, Mich.- En la última década, ha disminuido en más de 178 mil personas el número de hablantes indígenas en México, un factor que pone en riesgo la inclusión social y el goce de los derechos políticos, culturales, de salud y justicia para este sector poblacional, y situación a la que contribuye el gobierno mexicano al no promover los espacios de participación.
De acuerdo con la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI), a la par de la pérdida de la lengua originaria se registra una falta de políticas públicas influida por el racismo, lo que aumenta la violencia y la discriminación hacia las mujeres indígenas.
En el marco de la conmemoración del Día Nacional de las Mujeres Indígenas que se celebró el 5 de septiembre, “en la comparación de los datos estadísticos que arrojó el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, frente al del 2010, la población hablante de lenguas indígenas se ha reducido al considerar la tasa de crecimiento poblacional en el país durante esta década. El hecho es preocupante dado que las lenguas indígenas son fundamentales en el camino hacia la cohesión e inclusión social, así como para el ejercicio y goce de los derechos políticos, culturales, de acceso a la salud y de justicia”, indica la Asamblea en un documento.
“De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, del total de la población, 23 millones de personas se adscriben indígenas, y 11 millones de ellas son mujeres”, agrega.
La UNESCO, refiere, “señala que las cifras actuales indican que al menos el 40 por ciento de las 7 mil lenguas habladas en todo el mundo están en peligro de desaparecer. Aunque es difícil obtener cifras precisas, los expertos coinciden en que las lenguas indígenas son especialmente vulnerables porque muchas de ellas no se utilizan en la esfera pública, mucho abonaría el gobierno mexicano empezando por este camino”.
El organismo recuerda que desde el 2022 inicia el Decenio de las Lenguas Indígenas declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), donde México suscribió la Declaración de Los Pinos, “que consiste en una ruta que busca el empoderamiento de los hablantes de las lenguas indígenas. La Declaración pide que se apliquen los derechos internacionalmente reconocidos de los pueblos indígenas y hace énfasis en los derechos de los pueblos indígenas a la libertad de expresión, a la educación en su idioma materno y a la participación en la vida pública utilizando sus idiomas, como requisitos previos para la supervivencia de los idiomas indígenas, muchos de los cuales están actualmente al borde de la extinción”.
Para la Asamblea, este es tan sólo un ejemplo de los temas pendiente en la agenda de las mujeres indígenas, al referir que el Estado “no ha dado el salto de enlistar los derechos para convertirlos en hechos a través de políticas públicas pertinentes e interculturales, que coadyuven a un ejercicio pleno de sus derechos humanos”, señaló Edith Matías Juan, representante de la Secretaría Técnica de la ANPMI.
“Por esta razón, queremos hacer nuevamente un llamado al gobierno mexicano, recordar la agenda pendiente y pedir acciones concretas que transformen las desigualdades que nos violentan y niegan oportunidades; queremos una igualdad sustantiva real y constante, donde el respeto a la dignidad sea una obligación”, enfatizó Yuridia Velasco, también integrante de la Secretaría Técnica de la ANPMI.
La agenda de las mujeres indígenas, planteada por la Asamblea, consta de siete puntos:
1.Garantizar la participación política de las Mujeres Indígenas en todos los ámbitos y espacios de toma de decisiones, en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los órganos autónomos y consejos consultivos, entre otros. Alto a la violencia política en razón de género.
2.Crear un Programa Nacional de Mujeres Indígenas con presupuesto etiquetado, progresivo y culturalmente adecuado que incentive, fortalezca y garantice la participación sustantiva de mujeres y de juventudes indígenas en todos los espacios de toma de decisión, a través de:
· Fortalecimiento de Derechos.
· Ampliación, permanencia y fortalecimiento, con presupuesto etiquetado, de las Casas de las Mujeres Indígenas y afromexicana.
3.Crear el Premio Nacional de las Mujeres Indígenas, a manera de incentivo y reconocimiento de las contribuciones de las Mujeres Indígenas a México, en la permanencia de los pueblos y sus modos de vida y resistencia, así como en la construcción de un país pluricultural y democrático.
4.Generar datos desagregados por condición étnica, etaria y de género que indiquen la problemática de desigualdad y multifactorial que viven las mujeres indígenas. La generación de datos en participación política nos permitirá medir el avance o retroceso, con base en datos oficiales.
5.Difundir masivamente la Ley de Derechos Lingüísticos para que las autoridades federales de todos los poderes del Estado, tengan mayor comprensión sobre la interculturalidad, el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos. Asimismo, reconocer el trabajo profesional de las y los traductores e intérpretes y capacitar al personal encargado de la procuración, impartición y administración de justicia en todos los niveles, con perspectiva de género e interculturalidad para la eficiente implementación de protocolos de atención a mujeres indígenas.
6.Formación integral sobre derechos de mujeres indígenas, con perspectiva de género para las autoridades de todos los niveles de gobierno, que comprendan la necesidad de asignar presupuesto para fortalecer la participación política de las mujeres indígenas en diferentes contextos.
7.Reiterar al gobierno mexicano la obligación de respetar y garantizar el presupuesto progresivo como principio de derechos humanos, por ello llamamos a no precarizar el presupuesto destinado para las mujeres y los pueblos indígenas de México.
