Pocos temas tienen la virtud de generar una discusión como el aborto; cualquier intento de confrontar posiciones generará un alegato que, casi invariablemente terminará en una polarización de las opiniones. Y con poco que se descuiden la discusión terminará entre gritos y manotazos.
Para fines prácticos entendemos que aborto es la expulsión del producto de la concepción cuando no es viable. En el tercer trimestre del embarazo no existen abortos, en esos casos se habla de parto prematuro y el producto, con mayores o menores cuidados ya es viable.
Ahora bien, sin ser una clase de obstetricia debemos recordar que existen abortos espontáneos, en los cuales la mujer, por vaya usted a saber qué razón médica simplemente expulsa el producto. En estos casos no hay problema o confusión alguna, la paciente que ha sufrido un aborto espontáneo sencillamente acude a un hospital donde se le realizará un legrado uterino. El procedimiento dura minutos y es bastante seguro en manos competentes.
El problema es el llamado aborto inducido o “aborto criminal” que es cuando la mujer, por así convenir a sus intereses, decide abortar el producto de la concepción.
En México es legal el abortar cuando el embarazo es a causa de una violación y en algunas situaciones muy concretas y precisas de orden médico.
Pero el problema no es ese. El problema es cuando por la razón que sea, buena, mala o malísima, la mujer decide no tener ese hijo. Aquí es donde entra la verdadera discusión. ¿Tiene o no derecho la mujer a solicitar la interrupción de un embarazo no deseado?
La Iglesia no se complica la vida, la respuesta es un rotundo no. En el caso de un aborto inducido no se admiten discusiones, razones, motivos, causas, condicionantes, argumentos ni nada. Para ellos todo es blanco y negro, no hay matices. Es un dogma y como todo dogma no está sujeto a interpretación o razonamiento alguno, se debe obedecer y basta. Si no está uno de acuerdo es nuestro problema, no el de ellos.
Evidentemente con personajes que representan esa posición resulta ocioso cualquier intento de discusión. Un sacerdote o ministro de cualquier rito cristiano debe forzosamente defender ese dogma. No puede ni debe cambiar de punto de vista.
Pero, ¿qué tan importante es el problema del aborto en México? En México se practican, según las no muy confiables estimaciones oficiales, un millón de abortos clandestinos por año, de los cuales también se estima que mueren por lo menos 10% de las mujeres que se lo practican.
Ahora bien, el hecho de que el aborto sea legal no implica que una mujer necesariamente tomará esta ruta. En este sentido, una cosa es el aborto y otra muy diferente es quién tiene el derecho de resolver si lo hace o no. Si es el Estado el que lo prohíbe o es el individuo el que lo decide de acuerdo a su libre albedrío
En los países donde la sociedad optó por legalizar el aborto, en un margen que va de 12 a 14 semanas de gestación, se concluyó que suspender o no un embarazo no deseado es una decisión íntima, individual, que compete sólo a la conciencia de la potencial madre. Penalizar esa decisión, como ocurre en México, o sujetarla a reglas morales o religiosas significa cancelar el derecho de las mujeres de seguir o no con un embarazo, además de que coartan libertades fundamentales. ¿Que la vida de un humano inicia desde el minuto siguiente a la unión del ovulo con el espermatozoide? La respuesta no la tiene la religión, ni el sentido común; la tiene la ciencia y esa avanza y cambia día con día. Y nadie tiene una bola de cristal para adivinar la respuesta; recordemos solo los interminables alegatos en relación al dispositivo intrauterino DIU como instrumento de microabortos o no. Las posiciones están radicalizadas.
En México, el pasado 7 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo con lo cual la mujer que aborta, que anteriormente corría el riesgo de terminar en la cárcel, ahora ya no podrá ser acusada de delito alguno. Ojo, no es que lo autorice, solo lo despenaliza. Los tribunales pueden seguir juzgando a mujeres que aborten, pero no mandarlas a la cárcel. De los 32 Estados del país, solo cuatro de ellos, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo y CDMX tienen una ley que permite interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas.
Los ministros del pleno de la SCJN invalidaron por unanimidad la legislación del estado de Coahuila que impone de uno a tres años de cárcel “a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciere abortar con el consentimiento”.
El fallo solo obliga a Coahuila a modificar su Código Penal al respecto; sin embargo, esta decisión de la Corte sienta un precedente judicial para su aplicación en todos los Estados mexicanos.
Finalmente un dato de interés. En la discusión del aborto, no debemos perder de vista que México es un Estado laico con una democracia representativa. Es decir, una organización política y social en la que los ciudadanos depositan su representación en el Congreso. Y si no están de acuerdo con esas reglas del juego, entonces deberán trabajar para lograr una mayoría legislativa capaz de cambiarlas.
Es cuánto.
