Morelia, Mich.- En voz de la diputada perredista Julieta Gallardo, diputada por el Distrito de Puruándiro y electa vicepresidenta de la Mesa Directiva de la entrante LXXV Legislatura, el tema de la narcoelección irrumpió en el recinto legislativo durante su posicionamiento.
De acuerdo con la legisladora, se esperaría que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), considere hacer justicia, “porque los michoacanos merecemos saber la verdad” respecto a la elección de la gubernatura el pasado 6 de junio, donde dijo, se está ante la aparición de un narcopartido y un narcogobierno, términos que desde el primero de julio endilgó el gobernador saliente Silvano Aureoles Conejo a Morena y a la administración que encabezaría el morenista Alfredo Ramírez Bedolla.
“Si permitimos que Michoacán tenga un gobernador electo por las malas, por la delincuencia organizada, no tendremos paz; si permitimos que Michoacán tenga un gobernador que fue puesto por el crimen, estaremos hipotecando nuestro futuro y el de nuestros hijos; si permitimos que quede impune un proceso electoral que no fue limpio, donde prevaleció el miedo, la violencia y las amenazas, será un tiro de gracia a la democracia de este país”, señaló Gallardo quien no dudó en definir como “narcobancadas” a los legisladores federales y estatales de Morena.
En otro de sus posicionamientos, señaló que ahora que se tendrá un Congreso de Michoacán con una presencia mayoritaria de mujeres, la voz de éstas habrá de ser escuchada y será fundamental en la manera en cómo se asumirán todas las tareas del Poder Legislativo.
“No caeremos en los estereotipos de pensar que las mujeres sólo legislan temas de mujeres, nuestra óptica impregnará cada determinación, cada decisión, cada reforma legal o Ley que aprobemos más allá del tema que se trate”.
Un reto fundamental en la LXXV Legislatura, dijo, “es acabar con lo que parece un divorcio entre la sociedad y sus legisladores, por lo que lo que habrá de trabajarse en recuperar los espacios de diálogo e interrelación permanente entre la ciudadanía y sus representantes”.
