El pasado 14 de septiembre se llevó a cabo la 1ª Convención Estatal de Trabajadores de la Educación, iniciativa sin precedentes, en la cual, las organizaciones y trabajadores de educación básica, media superior y superior compartieron ponencias sobre tres ejes. Se caracterizó el contexto educativo, se emitieron propuestas para definir la política de alianzas y se propusieron acciones para realizar un plan de acción conjunto, pero también se esbozaron alternativas de transformación del sistema.
Sin intermediarios, ni restricciones, se denunció la violación sistemática de los derechos humanos, laborales y de seguridad social en la educación superior. Se estimó que de las 26 instituciones educativas de ese nivel, el 33% del presupuesto se pierde por la corrupción, en lugar de que ese recurso se destine, por ejemplo, a incrementar la cobertura, que en el periodo 2019-2020 fue de 25.8%, por debajo de la media nacional (34.9%).
Se denunciaron prácticas semejantes entre Instituciones de Educación Superior (IES), que a decir acertadamente por el ponente, rayaron en la delincuencia organizada, visión que los representantes de los trabajadores del subsistema comparten, pues al coincidir en diversos foros y en el marco de las alianzas gremiales, se ha reportado que los directivos rescinden contratos sin el debido proceso, mantienen una opacidad sin precedentes en la contratación de personal, especialmente el de confianza, a tal grado que, en algunos casos, como el del Tecnológico Superior de Ciudad de Hidalgo se ha llegado a contratar casi el doble de personal de confianza que de profesores de tiempo completo, en esa institución hay un total de 27 trabajadores de confianza, que absorben el 18% del presupuesto (y sólo 18 profesores de tiempo completo), erogación que se reduciría si se reestructurara la organización, con lo que ese gasto pasaría a ser del orden del 4% del presupuesto.
Se nota la actuación en sincronía del gobierno, el árbitro laboral y los directivos para dar o negar tomas de nota a las representaciones sindicales, como son los casos de los sindicatos del Instituto Tecnológico de los Reyes, la Universidad Michoacana y la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán (UTOM). En el primero, revocaron al comité legalmente constituido por negarse a apoyar al candidato afín a Silvano Aureoles, y le dieron la toma de nota a un comité a modo, en la segunda institución sucedió lo contrario, se revocó a un comité a modo de la rectoría, afín al proyecto del gobernador saliente, por haber actuado en perjuicio de los derechos de las bases y se negó la toma de nota al Comité interino, legalmente elegido, el que interpuso un amparo que fue admitido.
Los profesores de la UTOM sufrieron fuertes presiones por parte de la rectora para promover a fuerzas al candidato de la coalición “Equipo por Michoacán”, los obligaron a pedir el número de credencial de elector y número telefónico a sus conocidos, al menos 10 por semana, registrarlos en una base de datos y llamarlos para promover el voto a favor del mencionado candidato. Esta situación quedó grabada de una videoconferencia y se denunció en los medios de comunicación, haciéndose notar que fue una práctica puesta en operación en diversas instituciones. Poco antes de la elección, los trabajadores se organizaron para crear el Sindicato Único de Trabajadores de la UTOM (SUTUTOM) y en represalia por ello, la directora corrió al Secretario General electo y posteriormente se convocó a concurso de oposición con condiciones inequitativas para quienes lo conformaron, resultando perjudicados y sin que los resultados hayan sido transparentados, por lo que se han movilizado con el respaldo de sus ex–estudiantes y padres de familia, quienes conocen el compromiso de esos profesores y reprueban el mal uso de la institución y sus recursos.
Se denunció además el uso ineficiente y fraudulento de los presupuestos de las IES, pues se inflan los costos para el equipamiento de laboratorios, o se prioriza la construcción de infraestructura, al tiempo que se dice que se carece de recursos para el pago de salarios, o se contratan servicios de capacitación, asesoría y consultoría habiendo el personal capaz de hacerlo en la institución. En la Universidad Michoacana se puede hablar de la construcción de las nuevas oficinas de rectoría y por otro lado, se recurrió a la asesoría de una empresa que se identifica en Internet con un dominio .org, asociado con los de las Ong´s, organizaciones sin fines de lucro o de proyectos de software libre, sin embargo, engañosamente, también es utilizado con fines comerciales, por lo que habría que preguntarse por qué se recurrió a terceros habiendo expertos en la propia universidad.
Como el subsistema básico y medio superior, se tiene la aprobación anual de un presupuesto deficitario, no se contemplan las prestaciones de los trabajadores, aún con la existencia de convenios (como el de sostenimiento de la Universidad Michoacana), y se culpa a los mismos de tener prestaciones onerosas, mientras se malversa el presupuesto. Generalmente las prestaciones son pagadas con extensiones presupuestales y por ello, los gobiernos ejecutivo y legislativo pueden decidir, simplemente no hacerlo, como en el caso del Instituto Tecnológico de Morelia, cuyos profesores, como nunca antes, tuvieron que salir a protestar para demandar que el gobierno estatal pagara los únicos bonos que son a cuenta del estado. Cada fin de año en las IES se padece de la incertidumbre en el pago de salarios y prestaciones por la mala y fraudulenta administración.
Se concluyó que es necesario que la solución provenga de los trabajadores, hacer la convención permanente, mantener la independencia de partidos políticos, autoridades y/o gobiernos, presentar las conclusiones y propuestas de la convención al gobernador electo, accionar en conjunto, exigir que las prestaciones se contemplen en el presupuesto anual, emprender medidas jurídicas contra los responsables del saqueo de la nómina de los trabajadores de la educación y ante la omisión de los pagos de IMSS, ISR, INFONAVIT, visibilizar y apoyar las demandas de los profesores eventuales o interinos sin prestaciones, ni derecho de jubilación, para que logren su estabilidad laboral, capacitar a los directivos en la formación ético política y en derechos humanos, entre otras, pues la construcción de un nuevo país demanda respeto y condiciones de trabajo dignas.
De ese tamaño la corrupción, de ese tamaño el robo y mala administración de los recursos recaudados, que se debe señalar, son del pueblo y para mantener el carácter científico, público y gratuito de la educación, en beneficio del mismo y la construcción del proyecto de país, que, como bien dijo Luis Bueno, de la Coordinadora Nacional de Sindicatos de Educación Superior, Ciencia y Cultura, “sin la participación de los actores centrales de los procesos educativos, resulta una mera ilusión”.
