Morelia, Mich.- Una Comisión de la Verdad que investigue a las autoridades involucradas en el deterioro social y la creciente violencia en la Tierra Caliente, pidió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a su homóloga nacional, organismo que exhortó a que se reconozca y atienda el desplazamiento interno.
En un comunicado, la CEDH pidió ante el caso “la inmediata intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para integrar una Comisión de la Verdad e investigar las graves violaciones a los derechos humanos de que son víctima los pobladores de la región de Tierra Caliente”.
Con la petición, se solicita “de manera urgente se investigue a las autoridades de todos los órdenes y niveles de gobierno, ante los graves abusos cometidos a los pobladores de esa región del estado, en detrimento de su dignidad humana”.
Según la explicación de la CEDH, una Comisión de la Verdad sería “un organismo público, de carácter no jurisdiccional, que tiene como principal función la de investigar violaciones graves a derechos humanos, cuyos resultados se remiten a las autoridades correspondientes, con carácter de denuncia, para deslindar responsabilidades y castigar, conforme a la ley, a quienes resulten responsables, por acción u omisión, en menoscabo de los derechos humanos de los pobladores”.
“El llamado a la CNDH deriva de la imposibilidad legal de que la CEDH Michoacán investigue a las autoridades del orden federal, y atendiendo a lo establecido en los artículos 16 y 17 de la ley del organismo estatal, que le faculta para remitir y solicitar la colaboración a su homóloga nacional en aquellos asuntos que involucren a servidores públicos de la federación.
“A su vez, esta CEDH urge a las autoridades estatales y municipales a establecer de forma inmediata una estrategia de atención integral a las personas que son víctimas de graves violaciones ante el accionar de particulares, en tanto se resuelve la problemática de violencia e inseguridad que se registra en la región”.
En ese sentido, la CEDH exhorta a reconocer la existencia del desplazamiento forzado interno; garantizar el derecho a la vida, dignidad, libertad y seguridad de los afectados; facilitar alojamiento adecuado, con condiciones satisfactorias de seguridad, alimentación, salud e higiene; proporcionar protección y asistencia durante los desplazamientos, y garantías durante el regreso; otorgar los medios necesarios para garantizar el regreso voluntario, de manera digna y segura al lugar de origen, y brindar asistencia para la recuperación de las propiedades o posesiones, en aquellos casos que así se requiera.