Morelia, Mich.- Sólo son tratadas un 50 por ciento de las aguas residuales que vierte la capital estatal sobre la Cuenca de Cuitzeo, por lo que es necesario contener su descarga al igual que en general contener todas las fuentes de contaminación orgánica, para lo cual se requiere de disponer de normas oficiales y reglamentar su aplicación en las que existen, como la ley aprobada en marzo pasado, estimó Arturo Chávez Carmona, titular de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente de Michoacán (PROAM), al establecer las prioridades que mantendrá la dependencia.
Entre estas prioridades, destaca además que la promoción de las denuncias ciudadanas sobre afectación al medio ambiente, serán el pilar para propiciar en el estado una “justicia ambiental”.
Destacó que a nivel de trabajo entre dependencias, se integrará el apartado sobre medio ambiente en el Plan Estatal de Desarrollo, con la participación de la Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Estatal de Aguas y Cuencas, la Comisión Forestal y la Procuraduría ambiental, “construyendo una política pública ambiental, que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla instruyó de esta manera”, trabajo que se encuentra en la definición de prioridades.
Entre estas prioridades, citó atender la problemática del lago de Cuitzeo, en cuya problemática dijo que hay factores que escapan al control oficial como el fenómeno de desecación cíclica en una parte de su superficie, además de que sufre la descarga de un 50 por ciento de las aguas residuales que genera Morelia, y en la que se busca “la conservación y protección ambiental de la Cuenca”.
“Se están tratando solamente la mitad o un poco más de las aguas residuales por la planta de Atapaneo y otras plantas menores que se tienen; se vierte esa agua residual directamente de los puntos donde están las plantas, faltan kilómetros de recorrido a que llegue a la cuenca del lago; con mediciones en la parte intermedia entre la salida del agua con una calidad ya tratada, a donde desemboca en el lago, y en vez de ver que la demanda de oxígeno se reduce, más bien se aumenta, un parámetro para la detección de contaminantes orgánicos, que finalmente es lo que contienen las aguas residuales, hay algunas industrias, pero son algo menor”, refiere el especialista.
Destaca que a partir de la definición de estas prioridades, la dependencia se centrará en la contención o regulación de las fuentes de contaminación orgánica “más allá de la ciudad”, y que se refiere a los desechos generados por ranchos, granjas y puntos de producción agropecuaria, para atajar la producción de gas metano como principal causa del efecto invernadero.
“México se encuentra en pañales en la reglamentación de estos establecimientos, no hay norma oficial sobre excretas de granjas, mientras que en Estados Unidos, Canadá y Centroamérica sí se tienen”. Aunque existe una ley en el estado sobre cambio climático, señala, no se tiene una política en torno al fenómeno, lo que considera “urgente”.
Señala que además de la falta de una política ambiental, es necesario reglamentar la ley de protección ambiental aprobada en marzo pasado, que considera “inminente” ya que sin la misma no se puede aplicar.
Participación ciudadana para alcanzar justicia ambiental
El funcionario indica que para la dependencia será indispensable contar con “lo que ven y perciben los ciudadanos en su calle, en su colonia”, para identificar alteraciones o factores que pongan en riesgo el medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales.
En una entrevista exclusiva para Cambio de Michoacán, el funcionario plantea que en el caso de las denuncias ciudadanas, las mismas deberá ser parte de una cultura de participación en la que se involucrará la dependencia, con la calificación de las mismas en cuanto al ámbito de competencia de autoridades ya sea estatales o federales, y la tramitación a quien corresponda.
“Cómo va haber sostenibilidad o cómo va a haber una protección ambiental, si no tenemos los ojos de la gente y la denuncia de la gente, sobre problemas que ellos vean en su colonia, en su calle, etcétera. Es la única manera”, indica. “La participación ciudadana tiene que ser el pilar para que haya una justicia ambiental y para que a su vez haya la posibilidad de un desarrollo sustentable”.
En esta ruta, sugiere que las denuncias deberán contar con el mayor número de elementos para que, en su momento, pueda proceder la PROAM o bien canalizar adecuadamente el trámite al ámbito que corresponda, ya sea federal o bien en otra área específica de la administración estatal.
En cuanto a los índices reportados en la Procuraduría Ambiental en el sexenio recién concluido, informa que se generaron mil 517 actuaciones y visitas; 463 dictámenes técnico jurídicos; más de 250 dictámenes sobre daño ambiental; 300 procedimientos iniciados y más de 3 millones de pesos generados al fondo ambiental, vía multas y otras sanciones.
