A nivel nacional se discute la manera en que los gobiernos han filtrado en las universidades públicas procesos e instrumentos para asimilar ciertas orientaciones y fines de lo que deben ser estas casas de estudio, al tiempo que se vulnera su misión, compromiso social, su vocación humanista a nivel de la formación de los ciudadanos y de trato hacia sus trabajadores. Se hace evidente que a través de diversos estímulos se ha corrompido, quizá sin darse cuenta, la conciencia de los universitarios, pues en aras de una concepción de calidad vinculada con la visión pragmática de la educación, se fomenta el individualismo y la competencia, hay profesores de primera y de segunda, se limita el acceso a los jóvenes con exámenes diseñados y aplicados por particulares, olvidando los contextos y condiciones de donde provienen, se debilitan a las voces críticas a través de la represión y se incrementa la precarización del trabajo.
Uno de los principales instrumentos de control del Estado y las autoridades afines a estos sobre las universidades y sus trabajadores, es la manipulación de las organizaciones gremiales y el debilitamiento de estas, prácticas como la flexibilización laboral, los topes salariales y sus paliativos en forma de estímulos al desempeño, a los que no todos tienen acceso y las restricciones presupuestales que han tenido como arietes a los sindicatos blancos, han menguado la dignidad del trabajador universitario y repercutido en su estabilidad laboral, en la pérdida de sus derechos y la mutilación de los contratos colectivos.
En la Universidad nicolaita se pretendió impulsar un proceso irregular de elección de la dirección sindical del gremio académico, pues el comité depuesto, en complicidad con el rector, Raúl Cárdenas Navarro, el aún Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Hill Arturo del Río, y quienes son afines y beneficiarios de estos, a como diera lugar quisieron mantener el estilo sindical blanco, que concesiona derechos, en detrimento del trabajador. La autoridad universitaria auspicia y desea mantener a la burocracia sindical, sobre todo porque el depuesto Comité Ejecutivo General 2018-2021 y pseudolíderes como Domingo Acuña Pardo, Román Soria Baltazar, José Luis González Ávalos, Vicente Martínez Hinojosa, Anatolio García Venegas, Alberto Ayala, Alejandro Martínez, José Luis Chávez, Gildardo Oropeza, Nemecio Tafolla, entre otros, bajo el pseudónimo de los grupos Naranja, Verde y Azul son quienes han transado y vulnerado el patrimonio de los sindicalizados, vendiendo la reforma a las jubilaciones y pensiones a la autoridad con un apócrifo Congreso General de Representantes, han prorrogado y conjurado huelgas y llevado revisiones contractuales sin la participación de las bases y pretenden continuar apoyados por quienes trabajaron en el gobierno saliente y defendiendo a Cárdenas Navarro en todas y cada una de sus iniciativas.
Como en el caso de la impuesta reforma al Bachillerato nicolaita, con la cual hubo una afectación a la planta docente, puesto que el 85 por ciento de los profesores del nivel medio superior, son de asignatura, y en aquellos planteles en donde no se estuvo de acuerdo, intervino el depuesto Comité Ejecutivo General firmando convenios con la Rectoría, para que aquellos maestros que no estuvieran de acuerdo con el cambio y la migración de sus materias fueran cesados, como el caso del licenciado Manuel Camacho Horta, del Colegio de San Nicolás de Hidalgo, en donde se hizo patente la complicidad sindical en el atropello de los derechos de los trabajadores. Además, han actuado en forma irregular, en contra de lo establecido en el estatuto y los derechos de los agremiados, muestra de ello son la falta de pago a los deudos de los profesores que fallecieron, la falta de pago de la aportación de depósito, falta de pagos por jubilación, falta de reintegro de las cuotas sindicales, etc. que en conjunto representan más de 360 millones de pesos.
Se pretendió avasallar a la comunidad universitaria y sobre todo al gremio académico, lanzando una convocatoria plagada de irregularidades, sin convocar al Consejo General, órgano de gobierno superior en jerarquía del SPUM, que es el que debe tomar los acuerdos para darle legalidad al gremio. Se alentó la participación en ese proceso, a través de sus operadores políticos, a sabiendas de que esto repercutiría en la solidez legal de la renovación sindical e incluso plantearon la posibilidad de crear un nuevo sindicato de profesores. Por ello, se denunció ante la recién llegada presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) la situación, a lo que Mario Humberto Hernández, jefe de asesores de la JLCA, informó que a la fecha, 3 de noviembre de 2021, no había sido comunicada ninguna renovación en el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM).
Por otro lado, se hicieron esfuerzos individuales y colectivos para expresar la repulsión sobre la temeraria acción del depuesto Comité de auto-emitir una convocatoria para la renovación sindical; como una demanda administrativa interpuesta ante el juzgado cuarto de distrito en contra del comité depuesto por el profesor José Manuel Guerrero Rascón, rueda de prensa y posicionamiento del Movimiento por la Legalidad y la Democracia en el SPUM y la UMSNH, conformado en 2019 después del apócrifo Congreso General de Representantes que abrió la puerta a la modificación de las jubilaciones y pensiones, así como un exhorto por parte de la sección sindical de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales hacia el Comité depuesto.
Además, como correspondía, la Comisión Autónoma de Vigilancia, presidida por el ingeniero Fernando Moreno González, emitió un boletín donde dio a conocer a los agremiados al SPUM la irregularidad de la situación, conminándonos a no caer en la confusión, pero sobre todo a que se regrese a la acción con la exigencia de las bases a los representantes seccionales que no han asistido al Consejo General, que cumplan con lo que protestaron al asumir su responsabilidad, porque han dejado, por no convenir a sus intereses personales o de grupo, indefensas a las bases y pulverizado el espíritu gremial. Cabe también mencionar que el Congreso General de Representantes, un órgano de gobierno superior en jerarquía al Consejo General, eligió a quienes integran el Comité Ejecutivo General Interino (CEGI), quienes encabezan al SPUM en tanto se realicen nuevas elecciones, como se establece en el artículo 26, fracción V del estatuto sindical y es a quienes corresponde citar al Consejo General para emitir la convocatoria a la renovación.
El pasado 3 de noviembre el CEGI del SPUM hizo entrega de los requerimientos solicitados en el apercibimiento por la JLCA, para que emita una nueva resolución respecto a la toma de nota, sin embargo no contar con ese documento nunca ha sido impedimento para que el Consejo General se reúna asumiendo su compromiso y las bases se organicen y en caso de ser necesario, se pueda llevar a cabo la renovación sindical. Los académicos nicolaitas deben felicitarse por no agravar la situación legal del SPUM y hacer el esfuerzo por convocar a Consejo y a la unidad, claro que se espera una resolución de la JLCA favorable para hacerlo con mayor solidez legal, pero no es la única vía, el Consejo General tiene un papel importante en ello.
Esta tentativa de renovación sindical irregular, además de incitar una repulsión generalizada hacia la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo depuesto también ha motivado la reflexión de los profesores nicolaitas, como acertadamente caviló una respetada compañera de la Facultad de Psicología, al comentar que, tanto la elección de 2018 como el fallido Congreso General de Representantes en 2019 dieron pie a la desarticulación del sindicato, al maltrato a los trabajadores, al aislamiento y sometimiento, con todo el poder institucional en contra de la actividad sindical, por lo cual se está llegando a este momento dispersos, divididos y desmantelados, cayendo en la tentación de culpar, sin ver las propias culpas y desaciertos y con el riesgo de cometer los mismos errores, por soberbia, o con dolo, voltear a ver con qué se cuenta debía ser suficiente para ubicarse y pensar en la urgencia de la unidad, como es imperante en estos momentos, pero también lo es definir una agenda basada en las conclusiones de los congresos y un código de ética a partir del cual construir fines, objetivos, valores, ideas o proyectos, a través de la deliberación y que en los ineludibles cabildeos colectivos o individuales se privilegie a la organización y al interés colectivo, no a las personas o grupos, es decir, no lograr una unidad hueca, una renovación de forma sin fondo, nadie, excepto los inmorales beneficiarios de esta, querrían repetir la experiencia reciente de los agremiados al SPUM.
