Ciudad de México.- Ni la implementación de políticas asistencialistas en los lugares con mayor incidencia de robo de combustibles, denominado “huachicoleo”, ni el despliegue de las Fuerza Armadas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha modificado el interés de los grupos criminales para seguir realizando este ilícito.
De acuerdo con Forbes México, un análisis realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) apunta que la magnitud del problema fue más grave en la primera parte del actual sexenio en comparación con la situación que prevalecía en los primeros tres años de la administración de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), el número de tomas clandestinas que fueron detectadas en los primeros tres años del actual gobierno es 163% más elevado que lo registrado en el mismo periodo del sexenio pasado.
De 2013 a 2015 se detectaron 11,499 tomas clandestinas, mientras que entre 2019 y julio de 2021 han sido 30,284 perforaciones ilegales a los ductos de Pemex.
También el monto de las pérdidas económicas acumuladas en el lapso comparado es 80% más elevado, pues de 2013 a 2015 se ubicaron en 902 millones de pesos y de 2019 a julio de 2021 ascendieron a 1,622 millones.
“Si bien el actual gobierno inició funciones con máximos históricos en la medición de pérdidas y número de tomas clandestinas, a la mitad del camino de esta administración el problema no ha sido resuelto”, señala el documento del ONC.
Si bien el huachicoleo ya era un problema de interés público antes de este gobierno, “la manera torpe “de enfrentarlo por parte de las actuales autoridades ha generado una crisis en su propia capacidad para gobernar.
La organización civil resalta que lo más probable es que el fenómeno del huachicoleo alcance dimensiones más severas, esto ante una serie de aspectos que han sido invisibilizados por las autoridades federales.
Uno de estos es la penetración social de los grupos criminales, la cual tiene ante sí el silencio y la complicidad de las comunidades.
“Sin restar importancia a las pérdidas contables que enfrenta Pemex, los costos sociales de esta actividad seguirán incrementándose al ritmo que se diluye la capacidad efectiva del gobierno para hacer cumplir la ley”, advierte el ONC.
A esto, añade, se suma otro factor que es un debilitamiento aún más agudo de las instituciones policiales estatales y municipales que operan en las localidades donde se concentra el huachicoleo.
