El Distrito Federal, hoy, Ciudad de México, caja de resonancia para el resto de las 31 entidades de la República Mexicana en materia de los derechos de las personas de la llamada comunidad diversa sexual, sigue avanzando en la lucha por la igualdad y la libertad en México.
Este siglo ha visto transitar diversas figuras jurídicas para atender los derechos humanos de familia a las personas disidentes sexuales de la heteronormatividad; el Pacto Civil Solidario, Sociedad de Convivencia, el Matrimonio Igualitario, el Concubinato Igualitario ya reguladas legalmente; entre otras muchas más que fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional por ser figuras sospechosas y discriminatorias.
Desde el 2001, se abrió la puerta con la adición del párrafo tercero del artículo primero constitucional del derecho a la no discriminación; 10 años después, 2011, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se adiciono al párrafo tercero la palabra sexuales, para quedar aprobada la no discriminación pro “preferencias sexuales”, transitando dicho párrafo al quinto lugar en el artículo ya mencionado, entre otros elementos que se adicionaron y que coadyuvarían a la SCJN a declarar inconstitucionales todas aquellas normas que violentaran el derecho a la no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana, entre otros.
De las primeras normas que regulaban las relaciones homoeróticas a favor de la construcción del matrimonio igualitario y la de contar con un proyecto de familia, que incluso para algunas entidades dejaba abierta la adopción, es producto de un esfuerzo colectivo de muchos y muchas, en una lucha social, que ha generado un movimiento nacional por la defensa del matrimonio igualitario; es decir, ha sido un trabajo de años, para miembros de la comunidad diversa sexual, activistas, organizaciones de la sociedad civil, académicos, padres y madres de familia, estudiantes, doctores del sector salud, entre ellos recuerdo que brindaron apoyo los directivos que atienden los programas de VIH/Sida desde la federación, igualmente de algunos servidores públicos, y de diputados y diputadas que comprendieron que no se podía parar las demandas de una comunidad sometida por muchos siglos a partir del control de sus cuerpos.
Hace ya algunos años, 2013, escribía el artículo: “Legislar con igualdad y sin ideologías” publicado en la Revista Internacional de Ciencia Jurídica, texto en línea, a lo que ahora agregaría que deben los diputados y diputadas hacer alteridad sobre las poblaciones que mayor violencia han recibido, para continuar en la brecha de la igualdad, justicia social, libertad, sin diferencia y opresión en contra de las poblaciones. Dicha alteridad debe ser acompañada por la intersubjetivación (en donde se logre un diálogo horizontal, en complementariedad por las ausencias y emergencias de la construcción de discurso, pero además la ecología de saberes), el ejercicio de la tolerancia y desde luego el respeto.
El Congreso del Estado de Zacatecas, tierra que ha gobernado el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática y ahora MORENA en este siglo XXI, con Ricardo Monreal, Amalia García, Miguel Alonso, Alejandro Tello, y hoy David Monreal, se decidió aprobar el matrimonio igualitario, que da paso al reconocimiento de los derechos del matrimonio y familia para las parejas que desean formalizar legalmente y no solo de hecho sus relaciones homoeróticas.
Como siempre, es recurrente ya, no votaron en Zacatecas los diputados y diputadas del PAN y el PRI, cuando el PRI incluso tiene estructura de diversidad sexual que atiende estos temas; en fin, hoy Zacatecas se suma a las 24 entidades federativas que reconocen los derechos de las personas de la llamada diversidad sexual para realizar su matrimonio, siendo el estado de Zacatecas el número 25 en comprometer su marco normativo para visibilizar y dejar de estigmatizar, prejuiciar, violentar, discriminar, excluir y asesinar a personas por su orientación o identidad sexo genérica.
Faltan seis entidades de regularizar sus códigos civiles o familiares porque Guanajuato ya lo hizo a través de una circular de la Secretaria de Gobierno: Estado de México, Guerrero, Durango, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, para normalizar el matrimonio igualitario en México, dichos estados son gobernados por el PAN, PRI, MORENA, veamos como en la cartografía del poder de una posición política, habrá que seguir picando piedra para echar abajo las ideologías misóginas, machistas, clasistas, racistas, homófobas con que actúan muchos de los tomadores de decisiones en los congresos locales.
Por otro lado, la posmodernidad, y no solo en ella, sino en la transmodernidad como expresa Enrique Dussel, se requiere de transitar a una nueva sociedad, que evite la opresión y colonización, de quienes viven en la llamada orientación sexual e identidad y expresión de rol de género diferente a la hegemónica. Por ello, se hace necesario, continuar una lucha fuerte y sostenida en nuestro país.
Pese a ello, y en medio de la crisis que vive el Estado de Guanajuato en materia de seguridad pública, y de las frecuentes violaciones a los derechos humanos, así como de la existencia de bandas delincuenciales, y la desaparición de personas y desplazados, se tomó la decisión controvertida de avanzar en los derechos de las comunidades disidentes sexuales, demandas que habían sido impulsadas desde muchos años atrás con el permanente choque ideológico desde la fe cristiana para negar sus derechos en las instituciones que son laicas pero que están permeadas por la religión.
De esta manera, el Estado de Guanajuato salió del Clóset en el que vivió atado a ideologías misóginas, machistas, clasistas racistas, homófobas y otras más que impedían que la llamada comunidad diversa sexual pudiera disfrutar de los pronunciamientos expresados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con relación al matrimonio entre personas del mismo sexo; situación que posicionaba a Guanajuato como una de las siete entidades que no había legislado en dicha materia por la presión ideológica desde la fe cristiana y otros grupos fácticos, pese a que hace falta adecuar la legislación, ya desde la Secretaria de Gobierno del Estado abrieron la puerta para dar paso al matrimonio igualitario en las oficinas del Registro Civil.
Recordemos que Guanajuato está rodeado por las entidades federativas donde ya se realizan actos públicos del matrimonio igualitario: Zacatecas recientemente, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Jalisco desde el mandato de la SCJN.
Es un avance significativo, porque el matrimonio da paso al concepto de familia, que es la célula social; pero recordemos que los activistas tendrán que construir nuevas agendas, sobre todo en aquellos lugares donde existe la progresividad de la norma.
Aunque, recordemos que, pese a la existencia de normas, de estructuras operativas y desde luego el diseño de política pública, la discriminación, la exclusión, la violencia y la opresión no se controlan de la noche a la mañana, hay que hacer mucho trabajo para la deconstrucción de procesos culturales.
En este sentido, repasemos las acciones realizadas a nivel internacional que deben tener ya el impacto en México; durante estas dos décadas del siglo XXI, han sido al menos tres momentos en la toma de decisiones de la ONU, que han marcado el trabajo internacional a favor de las poblaciones LGBTTTIQ: en 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, adopta resolución donde reconoce que existe violencia contra personas LGBTI, por lo que se pide a los estados miembros de la ONU, investiguen y deroguen normas que criminalicen la homosexualidad, y promulguen leyes para prevenir la discriminación; México cuenta ya con un esquema federal y local de 33 marcos jurídicos y en algunos casos las estructuras operativas y diseño de política pública, como Michoacán.
En 2013, el Alto Comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, lanza campaña “Libres e iguales” para crear y desarrollar consciencia sobre no generar violencia, discriminación y otras violaciones a los DDHH a la población LGBTTTIQ. En tanto que, en 2015, se genera una declaración conjunta de 12 entidades de la ONU, quienes convocan a los Estados miembros a actuar urgentemente para acabar con la violencia y la discriminación contra los adultos, adolescentes y niños LGBTTIQ. “Nos sigue preocupando gravemente que, en todo el mundo, millones de personas LGBTTIQ, las que son percibidas como LGBTTTIQ y sus familias, sean víctimas de violaciones generalizadas de sus derechos humanos. Esta situación es alarmante y es por ello que deben tomarse medidas al respecto”.
Para la atención de la Agenda 2030 los ODS, se han realizado acuerdos en donde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, será quien asuma el liderazgo de los esfuerzos para desarrollar un Índice de Inclusión LGBTTTIQ. El objetivo es y será durante los próximos años medir los resultados de desarrollo para el segmento de población LGBTTTIQ e informar políticas, programas e inversiones para fortalecer la inclusión de los derechos de quienes viven una orientación sexual diferente a la hegemónica o identidad y rol de género. El índice de inclusión contrae el compromiso de: 1.- una mayor participación política y cívica; 2.- educación; 3.- seguridad personal y violencia; 4.- bienestar económico.
En Michoacán, espero, lo deseo, se integré el índice de desarrollo e inclusión de la diversidad en el Plan Estatal de Desarrollo Integral 2021/2027.
