La pesadilla de enero

Para enero del año próximo, la mayoría de las familias de la clase trabajadora, seguirán viviendo la pesadilla de siempre. (Foto: especial)

El primero de diciembre de dos mil veintiuno, los miembros del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijaron los salarios mínimos generales y profesionales, estimados como la cantidad menor que debe recibir en efectivo la persona trabajadora por los servicios prestados en una jornada de trabajo, por parte de un empleador en cumplimiento a las obligaciones establecidas ya sea en  un contrato colectivo o individual. Los cuales estarán vigentes a partir de enero de 2022, tanto en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), como en el resto del país, cuyos montos serán de $ 260.34 y de $ 172.87, pesos diarios, respectivamente. El monto mínimo, que un trabajador con ciertos conocimientos, habilidades y destrezas debe recibir en la ZLFN, por sus servicios prestados, ya sea diario, semanal, quincenal o mensual, es de $ 260.34, para Manejador(a) en granja avícola y el máximo de $ 387.09 para un Reportero(a) en prensa diaria impresa, y para esas mismas categorías profesionales de $173.86 a  $387.09 respectivamente  en el resto del país.

Se dice que para efectos de la aplicación de los salarios mínimos generales y  los salarios mínimos profesionales, se acordó dividir al territorio nacional en dos áreas geográficas, la primera llamada Zona Libre de la Frontera Norte y la segunda  el resto del país, incluyendo las 16 alcaldías de la Ciudad de México; así como, seguir considerando las mismas profesiones, oficios y trabajos especiales, y  ramas de las actividad económica de años anteriores. También se argumenta que los montos de los salarios mínimos generales y profesionales, se establecieron con el propósito de recuperar el poder adquisitivo de la clase trabajadora, en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, de que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe o jefa de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de las y los hijos,  y que la fijación anual o revisión de los salarios mínimos nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia transcurrido. Después que la  Dirección Técnica, de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimo, realizó las investigaciones y estudios necesarios, ”para determinar las condiciones generales de la economía del país, los principales cambios observados en la evolución de las actividades económicas, así como,  las variaciones en el costo de vida de las familias”. Enfatizando El Consejo de Representantes “que el incremento otorgado a los salarios mínimos generales y profesionales no deberá considerarse como piso ni tope para las revisiones salariales o contractuales a celebrarse en 2022, las cuales deberán hacerse bajo la más absoluta libertad de las partes  interesadas”.

Por más que se diga y se haga o se incremente el salario mínimo, la realidad de las cosas es que cada día que pasa, las condiciones de vida de la clase trabajadora se van deteriorando en forma acelerada, por la baja capacidad adquisitiva del salario, como consecuencia del encarecimiento de los bienes y servicios, principalmente de los productos que integran la canasta básica. Cada uno de los espacios comerciales, establecen a su libre albedrio los precios de las mercancías que ofrecen sin restricción legal alguna y sin que el Gobierno Federal, establezca algún mecanismo de control de precios; cuando mucho la Procuraduría Federal del Consumidor, al parecer informara semanalmente, en que mercados se pueden adquirir los productos básicos a los mejores precios. Así tenemos, que durante la semana comprendida del 12 al 18 de diciembre de 2021,  en una de las tiendas de capitalistas comerciales mexicanos ubicada en la Ciudad de México,  un paquete de 21 productos de la canasta básica, costaba $ 1,037.25 pesos, mientras que ese mismo paquete se podía comprar por $ 442.08 pesos en  Central de Abastos en Iztapalapa, observándose una importante diferencia en los precios, que ayudaría a la deteriorada economía familiar. Sólo que desgraciadamente las familias pobres por su misma situación económica, difícilmente pueden realizar sus compras en las centrales de abasto de sus lugares de residencia, viéndose obligadas a adquirir las mercancías a los precios que se establezcan en el último eslabón del proceso económico. Esta diversidad de ofertas, nos indica  que la inflación de los precios de las mercancías no obedece tanto a los incrementos a los costos de producción, distribución o comercialización, sino más bien a la ambición desmedida de los dueños del dinero de acumular riqueza  y poder en complicidad con los grupos de poder y la administración de gobierno en turno.

Es evidente que para la clase trabajadora, poco ha cambiado desde el movimiento social de 1910,  podría decirse que siguen viviendo la misma pesadilla de la cual no se les han despertar y volver a soñar que aún es tiempo de formar una patria como la que soñaron nuestros antepasados, con paz y justicia social.  Muchas de las demandas de los viejos planes revolucionarios son vigentes en la actualidad. Las cifras de pobres y de quienes viven en la miseria se incrementan conforme pasan los días. Sólo un pequeño grupo de personas se han beneficiado con el trabajo y esfuerzo de las generaciones pasadas que realmente amaban a México. 

Para enero del año próximo,  la mayoría de las familias de la clase trabajadora, seguirán viviendo la pesadilla de  siempre. Sufrirán Para poder cubrir los gastos de sus necesidades básicas. Tendrán preocupación por los abonos mínimos a pagar por concepto de las compras hechas con las  tarjetas de crédito y de tiendas de conveniencia, que se utilizaron para cumplir con algunos compromisos que nos ha impuesto esta sociedad de consumo en la que vivimos; tendrán temor de perder un ser querido por no poder comprar los medicamentos indicados y que desde hace meses no han podido conseguir gratuitamente en las instituciones de salud pública; sentirán terror al saber que el impuesto predial, el engomado, las actas del registro civil, las licencias y otros impuestos y derechos se han incrementado; los invadirá la angustia y el desconcierto tan sólo pensar que a los pocos días se iniciara un nuevo semestre escolar y que deberán pagar las inconstitucionales “cuotas voluntarias de inscripción”, que oscilan entre los $ 250 y $ 1700 pesos, en jardines de niños y escuelas de nivel medio superior, respectivamente; el pánico hará presa fácil de su mente cuando se den cuenta que están desempleados y que la salida más digna es ir en busca del sueño americano, abandonando todos los signos y símbolos de su identidad y dejando a sus familia a la suerte de las circunstancia. Serán pocos los afortunados que logren  con facilidad transitar la cuesta de enero, la mayoría seguirá sumida en esa pesadilla  de la injusticia y la discriminación social que no los deja alcanzar el fin último de cualquier ser humano: la felicidad. Como complemento seguiremos escuchando, leyendo y platicando sobre el incremento de la delincuencia; de la impunidad y la corrupción en las administraciones públicas; el mayor enriquecimiento de los dueños del dinero y de quienes han hecho de la política una forma de vida; de la acentuación de las desigualdades sociales; de una mayor pobreza de la clase trabajadora; del rezago educativo y  de la  mala calidad de la enseñanza pública; del enriquecimiento de algunos funcionarios públicos; de la contaminación del medio ambiente; del  machismo y violencia contra las mujeres; de la escasez de medicinas; de la falta de apoyos para que profesionistas puedan seguir estudiando maestría y doctorado, en las escuelas de más prestigio en el mundo; de los traidores a sus partidos y a la clase trabajadora. En resumen, la llamada cuesta de enero es  la pesadilla de los pobres y de los miserables de México, a quienes no se les ha permitido  salir de ese trance y seguir soñando el mismo  sueño de nuestros  ante pasados.

“La justicia, en vez de impartir su protección al débil, sólo sirve para legalizar los despojos que comete el fuerte” (Plan de San Luis).