Hace poco más de diez años, en El Sol de Morelia y un 31 diciembre del 2010, comenzaba mi columna URBANÓPOLIS de la siguiente manera:
“Ahora que todos se encuentran de vacaciones, disfrutando de las fiestas decembrinas y con un poco más de dinero extra, que propicia olvidar la cotidianeidad, se autoriza el aumento en la tarifa del transporte público a $6 pesos. Tal vez hoy 31 de diciembre, día último del año 2010, esta noticia pase desapercibida, pero el primer día de labores del año próximo no. Por eso, desde ahora conviene hacer algunas reflexiones al respecto...”.
Lamentablemente parece que, poco o nada ha cambiado, sigue la práctica de anunciar incrementos a fin de año, cuando la población se encuentra de vacaciones y no esta atenta a las noticias. Solo que, en esa ocasión el incremento será de $9 a $11 pesos, bajo el argumento principal de “que han pasado casi 4 años del ultimo aumento a la tarifa del transporte”.
Sin negar que el incremento propuesto, obedece a la inflación e incrementos en combustible y refacciones de los vehículos. Sin embargo, esta solicitud no debería evaluarse como un asunto aislado, pues cuando el costo de movilidad de una familia demanda poco más del 40% de su ingreso familiar, cualquier asunto del transporte deja de ser meramente político y debe ser analizado como un problema social y desde una perspectiva de economía urbana, pues es claro que los impactos derivados del alza en la tarifa del transporte propicia un deterioro de la calidad de vida que una ciudad se debe ofrecer a sus habitantes.
La búsqueda de un desarrollo sustentable, ha llevado a la ONU a plantear los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), de los cuales se derivó la Nueva Agenda Urbana que plantea el compromiso de trabajar en pro de un cambio de paradigma urbanohacia la adopción de una Nueva Agenda Urbana, es decir, “…reorientará la manera de planificar, financiar, desarrollar, administrar y gestionar las ciudades y los asentamientos humanos, reconociendo que el desarrollo urbano ...”
En este contexto, el reto de las autoridades no es menor, pues implica el desarrollo de acciones integrales que permitan mejorar condiciones de vida urbana y no sólo autorizar incrementos de tarifa, tal y como acaba de acontecer con el agua potable.
Se debe comenzar por comprender que, en ciudades, como Morelia, las autorizaciones otorgadas por la autoridad en materia de fraccionamientos y desarrollos habitacionales, han propiciado una dispersión de la mancha urbana sin precedentes y en donde muchos de los fraccionamientos más alejados de la ciudad, son habitados por personas de bajos ingresos y, por lo tanto, los que más gastan en transporte público.
La existencia de más de cien diferentes rutas en la ciudad de Morelia, 53 de los llamados colectivos (combis), 38 de urbanos (microbuses) y 20 de los llamados sub-urbanos, se traduce en que, cada ruta ha sido “diseñada” de acuerdo a los intereses del concesionario. Una muestra tangible de esto es que, la intersección de la calle Allende con calle Vasco de Quiroga, en las inmediaciones de la Plaza Valladolid en la zona centro, es paso “obligado” de más de 50 diferentes rutas, mientras que, en colonias densamente pobladas de la periferia urbana, existe una sola ruta.
Lo anterior representa para el usuario tener que usar dos o más transportes para llegar a su destino, lo que incrementa significativamente el gasto que debe destinar a su movilidad. Imaginemos el caso de una familia en donde el papá y dos hijos tienen la necesidad de utilizar un promedio de dos combis para llegar a su destino, es decir que ir y venir (con el incremento solicitado) representará un gasto promedio de $66 pesos al día, que representa un gasto promedio de $330 pesos a la semana, cantidad que sin lugar a dudas merma significativamente el posible ingreso familiar.
A partir de enero, entrará en funciones la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, lo más conveniente sería aplazar la autorización del incremento, hasta después de que entre en funciones la nueva Secretaría y de inicio, convendría que se ejecutara un reordenamiento de las rutas de transporte, para garantizar una mayor distancia a menor costo, esto es, que no se requiere pagar dos diferentes rutas para ir del norte al sur de la ciudad o del oriente al poniente. Hoy es obligado el paso y trasbordo en la zona del centro histórico.
El gobierno estatal en alianza con los gobiernos municipales, debe buscar instrumentar, como en otras ciudades, esquemas de operación bajo la estructura de un “sistema” que permita al usuario recorrer distancias a menor costo, ya sea con el pago de un solo pasaje, el uso de tarjetas de transporte o incluso, el diseño de estaciones de transferencia como acontece en muchas ciudades.
Como es inevitable el espíritu navideño que nos invita a los buenos deseos, porqué no pensar que es tiempo de que Morelia busque la instrumentación de un “sistema de transporte” y no un conjunto de rutas, tal vez incluso de la modalidad de transporte semimasivo, menos contaminante, más eficiente, barato y rápido.
Feliz Navidad y un próspero año 2022.
