La rueda de la historia 2021: Protestan colectivas por feminicidios y aumentan desplazados por violencia en Tierra Caliente

En agosto, morenistas se manifiestan contra desincorporación de inmuebles, docentes siguen sin recibir sus salarios y concluye una gestión con desencanto en el Ayuntamiento de Morelia

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Manifestación de feministas en la capital estatal. | Agencia Comunicación Gráfica

Morelia, Mich.- En agosto, colectivas feministas mantienen protestas por asesinatos de mujeres en el estado, mientras que en Tierra Caliente habitantes se desplazan ante la violencia generada por bandas rivales del narcotráfico y un estudio revela el aumento de la pobreza extrema en Michoacán.

Aumentó 2.3% la pobreza extrema en Michoacán en dos años

La pobreza extrema aumentó en Michoacán 2.3 puntos porcentuales en dos años, desde el 2018 hasta el 2020, de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) el 5 de agosto, la cual estableció en un 8.5 por ciento el aumento de la misma en el país en el mismo periodo.

De acuerdo a los datos correspondientes al estado, se pasó de 5.3 a 7.6 puntos en la incidencia de la pobreza extrema, con 247.7 mil personas a 363.7 mil en el periodo citado.

Michoacán también se ubica dentro de las 18 entidades donde aumentó el rezago educativo, de 27.0 a 29.4 por ciento

A nivel nacional, en el 2018 había 8.69 millones de personas en pobreza extrema y en el año 2020, pasó a 10.79 millones, situación que se agudizó por la pandemia generada por el SARS-CoV-2.

Según la Coneval, un total de 26 de los 32 estados del país se mantienen bajo los rangos de pobreza extrema, donde los niveles de pobreza y pobreza extrema muestran cambios significativos de acuerdo con las mediciones del organismo.

Manifestación de morenistas en contra de venta de inmuebles del estado

Sentados en banquitos al estilo de Silvano Aureoles Conejo en espera de audiencia, militantes de Morena se manifiestan el 11 de agosto ante Palacio de Gobierno en rechazo a la venta de inmuebles que plantea el gobernador perredista, decisión que está en manos del Congreso del Estado.

Con pancartas que le reprochan el presunto enriquecimiento en el cargo y desvío de recursos, sin sigla de organización alguna, los ciudadanos presumiblemente militantes de Morena, se oponen a la desincorporación que planteó el perredista, medida que ya rechazó en días pasados el gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla, al advertir que incluso se podrían vender a un precio inferior a su valor, el cual estimó en más de 400 millones de pesos.

“No te bastaron seis años para robar al estado, ahora quieres vender los bienes del mismo”, reza una de las pancartas.

Urge atender a desplazados por violencia: CEDH

La situación de los desplazados en municipios de la Tierra Caliente debe ser atendida con urgencia, llamó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) el 13 de agosto, “para que se les brinden todas las garantías y el respeto a sus derechos humanos”.

El organismo planteó que la situación que viven los habitantes, específicamente de Coalcomán, ha sido señalada por las autoridades municipales a la CEDH, con lo que se instruyó “a la Visitaduría Regional de Apatzingán a mantenerse atentos para brindar los servicios de la institución, desde la competencia que la ley le otorga, a las personas desplazadas” en dicha localidad, donde se cumple más de una semana de asedio de grupos criminales, con bloqueos carreteros y la interrupción de servicios y el acceso a proveedores de artículos de consumo básico.

 “Ante estos hechos el organismo reitera su exhorto a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que se establezcan los mecanismos para la atención y solución a los conflictos que originan la violencia; pero además para que se garanticen los derechos a la atención, la protección, el albergue; y se cubran las necesidades elementales a las personas desplazadas por la violencia”, señala la CEDH.

Docente denuncia “despido virtual” en San Nicolás por no acatar reforma en bachillerato de la UM

Con 50 años de laborar en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), de los cuales los últimos 20 se ha desempeñado, ya jubilado, como docente Historia Universal en el Colegio de San Nicolás, Manuel Camacho Orta fue despedido el 16 de agosto de manera virtual al ser sustituido en su cátedra por otro maestro.

Sin ser enterado de manera oficial, incluso sin ser atendido en sus llamadas telefónicas por el regente Miguel Ángeles Hernández, Camacho Orta señala que el trasfondo de la medida es una “vendetta” en su contra al negarse a acatar la reforma a la malla curricular del bachillerato, impulsada por la Rectoría bajo el cuestionamiento de las academias y los maestros del nivel.

Camacho Orta imparte su cátedra bajo el amparo de la cláusula 137 del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM), misma que considera una obligación y derecho del docente jubilado a impartir una cátedra en el sistema escolarizado universitario.

El docente con la categoría de profesor de asignatura B, interpuso una demanda este martes ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje al considerar que su caso se trata de un “despido injustificado”, mismo que también califica como “despido virtual”.

Insiste gobierno estatal en que déficit presupuestal para educación obedece a la federación

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no concretó plenamente la federalización de la nómina educativa en Michoacán, señaló el gobierno estatal el 17 de agosto, al reiterar que a ello se debe la falta de recursos para pagar a los maestros, adeudo que al momento supera los mil 100 millones de pesos.

En medio de protestas del magisterio estatal por la falta de pagos de salarios y bonos, los secretarios de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza, y de Educación, Héctor Ayala Morales, hicieron un recuento de las acciones del gobierno federal encaminado a hacerse cargo de la nómina educativa en el nivel básico. En la cronología, señalaron como antecedente la ruptura del gobierno de Silvano Aureoles Conejo con el convenio de descentralización educativa, en noviembre del 2018, y las posteriores declaraciones de López Obrador en visitas al estado para anunciar que se haría cargo del pago de los docentes, a partir del 5 de abril del año 2019 en Zacapu.

La exposición abordó los encuentros en el 2019 de Aureoles Conejo con funcionarios de las secretarías de Hacienda y de Educación Pública. “Hacia el cierre de las mesas de trabajo la SHCP y la SEP determinaron que, sin federalizar, se trabajaría en función de porcentajes” presupuestales, expusieron los funcionarios, donde la federación acordó participar con el 34.6 por ciento de los recursos y el resto, 65.4 por ciento, a cargo del gobierno estatal, que se concretó al suscribirse en el 2020 el Nuevo Acuerdo Educativo. “En su implementación, quedaron algunos temas a construir que, al sobrevenir la pandemia complicaron su ejecución”, se expuso, y que “por los montos acordados, no resuelve de fondo el problema de financiamiento de la nómina educativa” para los 22 mil 259 docentes con plaza estatal, en tanto que 5 mil 406 son de plaza federal.

De los adeudos del 2021, se deben 146 millones 283 mil 331.85 pesos. Del conjunto de adeudos entre el 2020 y el año actual, la cantidad aumenta a 795 millones 19 mil 123.54 pesos, según los datos expuestos en la conferencia, con el señalamiento de que se pagó la quincena el 12 de agosto sin cubrir el retroactivo de incremento salarial acordado desde julio, débito que mantiene las movilizaciones docentes en exigencia del pago completo.

Protestan colectivas por ola de feminicidios contra mujeres en Michoacán

En protesta por la serie de feminicidios cometidos en las últimas semanas en el estado y la nula atención de las autoridades, colectivas realizaron el 23 de agosto una marcha que partió desde Villalongín y concluyó ante las puertas de Palacio de Gobierno, no sin antes hacer una parada frente al Congreso del Estado.

Consignas como “Ni una más, ni una más, ni una asesinada más”, “Pinche gobierno, cuéntanos bien, no somos una no somos cien”, además de pancartas con los nombres de las víctimas y lemas como “tu indiferencia nos está matando”, acompañaron al contingente en su marcha que reclamó con insistencia la falta de investigación sobre los casos denunciados y que tan solo en el transcurso del presente año son más de cien.

Los nombres de la víctimas fueron coreados, pintados sobre muros y llevados en pancartas y mantas por parte de familiares y amigas que sin dejar de corear, exigieron justicia y castigo a los responsables.

Ayuntamiento denuncia robo de información

Para el equipo del alcalde electo de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, hay sospecha y dudas de que sea veraz el robo de información anunciado el 24 de agosto por Humberto Arroniz.

En un comunicado enviado por Yankel Benítez Silva, vocero del Comité de Recepción del Ayuntamiento Electo de Morelia 2021-2024, “la denuncia presentada por Humberto Arróniz, alcalde de Morelia, sobre un supuesto hackeo informático huele más a un intento desesperado de su gobierno por querer ocultar información y retrasar el proceso de entrega que a un ataque internacional equiparable al que -como justificaron- sufre La Casa Blanca, El Pentágono y La Nasa”.

Benítez cuestionó que “a cinco días hábiles de que empiece la nueva administración la información recibida ha sido mínima, insuficiente y a cuentagotas”.

Según el alcalde morenista, Humberto Arróniz Reyes, el “secuestro de datos” sobrevino en las áreas de Tesorería y Obras Públicas, y alcanzó hasta tres meses de trabajo, es decir, durante ese periodo no se podrá contar con información precisa ni comprobable, “más allá del respaldo que convenientemente ellos tienen”.

Trabajadores del Seguro Popular mantienen sus exigencias de basificación y pago de salarios

Bajo las demandas de continuidad laboral y pago de salarios, ex trabajadores del extinto Seguro Popular se manifiestan el 30 de agosto ante la unidad administrativa de la Secretaría de Salud estatal.

De acuerdo con los voceros de los 300 trabajadores que quedaron en el aire tras la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la desaparición del Seguro Popular, los funcionarios de Salud solamente han insistido en ofrecer que sean recontratados pero por un periodo de tres meses, tras el cual temen sean despedidos en definitiva, por lo que no aceptan este ofrecimiento e insisten en continuidad laboral con la basificación y respeto a su antigüedad.

En cuanto al pago de salarios no cubiertos desde antes de la extinción a finales del 2019, plantean que se mantiene el juicio en los tribunales, además de que consideran se les deben pagar los salarios caídos desde la fecha hasta la actualidad, ya que en el decreto de extinción se suponía que había un fondo dispuesto por la federación para que se diera la transición sin afectar sus derechos, al igual que la reincorporación al sistema de Salud estatal, lo cual no cumplió el gobierno de Silvano Aureoles Conejo y Diana Carpio Ríos, la titular de la dependencia estatal y de quien demandan una auditoría a su gestión.

Concluye Morena con desencanto gestión en el Ayuntamiento de Morelia

En medio de diversas irregularidades, el 31 de agosto llegó a su término una administración que surgió entre la expectativa de un cambio real para los habitantes de la capital michoacana y que transcurrió entre la improvisación y el aumento en índices de inseguridad pública, con escasos o nulos impactos en el desarrollo económico de la capital estatal, incluida la frustrada candidatura de un alcalde que no concluyó su gestión.

Con Raúl Morón Orozco a la cabeza, quien ganó los comicios del 2018 trepado en la ola del lopezobradorismo, la administración pública municipal asumió el primero de septiembre del 2018 con el ofrecimiento de generar un pacto entre sectores que girara en torno al bienestar social, prosperidad económica, sustentabilidad, la paz y la seguridad.

Ante la efigie de José María Morelos y Pavón, Morón asumió en el 2018 la administración junto con los regidores Carlos Reyes Reyes, María Guadalupe Alcaraz Padilla, Rubén Ignacio Pedraza Barrera, María del Carmen Cortés Cortés, Ricardo Álvarez Mosqueda, Maribel Rodríguez Álvarez, Gustavo Omar Trujillo Corona, Gaspar Hernández Razo, Susan Melissa Vázquez Pérez, Rosalva Vanegas Garduño, Moisés Cardona Anguiano y Eliacim Cañada Rangel, quienes en su mayoría y en el tramo final del gobierno municipal y bajo la complacencia de Arroniz Reyes, se otorgaron un bono por más de 284 mil pesos, aplicado por presuntamente haberse mantenido en labores durante los puntos altos de la pandemia generada por el covid-19.

La gestión morenista dejó más de 40 obras pendiente de concluir, entre ellas el Puente de Siervo de la Nación, iniciado en septiembre del 2020 y que se preveía culminaría en febrero de este año, luego se dijo que en abril, después que en mayo y hasta agosto seguía pendiente.

Otras obras inconclusas son el puente vehicular de la calle Ocampo y la segunda etapa de la rehabilitación de la avenida Lázaro Cárdenas, que también se preveía concluir en meses pasados y que queda entre la incertidumbre y el enojo de los comerciantes de una de las zonas con mayor operación comercial de la ciudad.