Deberá reconocerse que frenar y revertir el daño que día con día se viene realizando contra los sistemas naturales del estado será difícil. Diferentes factores hoy en juego no ayudan para alcanzar los equilibrios deseados.
El primero y más preocupante lo representa la desbocada actividad industrial extractiva impulsada por un modelo de consumo ilimitado e insaciable que ha tomado a los ecosistemas como su fuente de abastecimiento. Es una actividad que el Estado no ha regulado de manera adecuada porque hasta ahora no se han generado alternativas para reencausar la producción de ciertos bienes y de su mercado.
La expresión “dejar hacer, dejar pasar”, representa con nitidez la subordinación de las políticas económicas del Estado a la “espontaneidad” que dictan los mercados. Si el mercado demanda aguacates y Michoacán tiene tierras propias para su cultivo entonces se “deja hacer” sin limitaciones, sin regulaciones, sin que la catástrofe importe, sin que el derecho público valga, siempre y cuando los macro indicadores económicos del momento registren gráficas positivas. Si el mercado demanda frutillas y Michoacán tiene tierras con esa vocación se aplica la misma premisa, no regulación, no planeación, y que el mismo mercado regule con su furor desbordado las variables medio ambientales.
Esta dinámica económica no es una excepción en las actividades productivas de Michoacán, más bien se ha constituido en la ruta regular para la generación de riqueza, el mercado manda. La economía generada por los cultivos aguacateros, de frutillas y la maderera, baste para identificar en ellas una aportación decisiva en la creación de riqueza estatal. Sin embargo, para que estos sistemas productivos puedan subsistir y generar su aporte en riqueza necesitan mandíbulas gigantes, voraces y poderosas, sin mando regulador, para cumplir con su objetivo.
Parar esta maquinaria devastadora será un reto enorme. Este problema deberá analizarse desde la política económica con la intención de construir regulaciones consensuadas con entidades gubernamentales, legisladores, actores productivos, académicos y sociales para establecer un modelo sostenible. Se dice fácil pero la fiebre por el dinero que estas actividades alimenta se constituye en un obstáculo casi infranqueable para el establecimiento de equilibrios entre economía y medio ambiente. Hasta ahora dicha fiebre ha impuesto su propia ruta y manera de hacer las cosas ante la ausencia de regulaciones actualizadas del Estado y pasando por encima de las normas ambientales.
Sin una modificación sustancial de las políticas económicas para Michoacán la posibilidad de una política ambiental sostenible es impensable. Acciones focalizadas como la reforestación terminan engullidas por la potencia de la expansión aguacatera, por ejemplo.
El segundo factor es la displicencia ecológica del centro, que limita naturalmente cualquier política ambiental local. Esta postura política del gobierno de la república ha implicado un trato banal a la agenda ambiental. Para nadie es desconocido ese desdén que ha repercutido en el desmantelamiento de las instituciones ambientales que, sin previa evaluación pública y plan de regeneración institucional para asegurar eficiencia y eficacia, ha menguado las capacidades operativas del Estado para hacer valer la legislación correspondiente.
La eficacia de los esfuerzos que deban hacerse desde las instituciones gubernamentales y el ambientalismo michoacano van a ser puestos a prueba, como nunca, en el presente sexenio. Hay indicadores que serán referentes críticos. Tan sólo mencionemos tres: frenar la tala ilegal y el cambio de uso de suelo que deberá reflejarse en la conservación del 1.18 millones de hectáreas de bosque que aún siguen en pie; el freno al acaparamiento de aguas que ha colocado a la población en una situación progresiva de estrés hídrico; y, la prohibición efectiva de agroquímicos nocivos para el medio ambiente y la salud humana.
Las condiciones adversas que prevalecen obligan a definiciones de política ambiental muy enfocadas en propósitos claros, y que en su diseño participen los actores institucionales y sociales implicados, motivando el compromiso de todos. Terminar con la política no escrita de “dejar hacer, dejar pasar” que tanto daño le ha hecho al medio ambiente, significará un paso decisivo para frenar la impunidad en esta materia. Esta sería la premisa para una política ambiental con resultados comprobables y medibles. Y eso debemos buscar que ocurra con nuestra acción para los próximos años.
