Morelia, Mich.- Tras condenar políticas como el reemplacamiento y el escaso monto presupuestario para las comunidades originarias, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) se manifiesta este miércoles con un bloqueo en cinco tramos carreteros de la entidad.
El CSIM -que agrupa autoridades de 65 comunidades originarias-, solicita que “se atienda el rezago histórico en que viven los pueblos y comunidades originarias de la entidad, así como en contra del aumento a las tarifas del transporte público”.
Mediante lo que denominaron Jornada de Lucha: Justicia Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas de Michoacán y bajo acuerdo de autoridades comunitarias, las carreteras bloqueadas son en las carreteras Cheran-Zamora en Ichán; Pátzcuaro-Uruapan en San Juan Tumbio; Paracho-Uruapan a la salida de Paracho, en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas en Caltzontzin y en el tramo Uruapan- Apatzingán en Arroyo Colorado.
En un comunicado, el CSIM señala que “en un contexto histórico de pobreza ancestral en que vivimos los pueblos y comunidades indígenas de Michoacán donde según las cifras oficiales, el 76.8 por ciento de la población hablante de una lengua indígena nos encontramos en la pobreza y el 35.7 por ciento en la pobreza extrema (CONEVAL 2020), y en un ambiente de crisis económica generada por la pandemia de Covid-19 que aumenta la desigualdad social en detrimento de los más pobres, así como en virtud de que el Gobierno y el Congreso del Estado para el año fiscal 2022 han destinado para la ´atención integral´ de los pueblos indígenas de Michoacán, a través de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el capital mezquino de 24 millones, lo que corresponde al 0.03% del total del presupuesto estatal y con base a que los recursos generados por el reemplacamiento estatal, no beneficiarán con inversiones a las comunidades originarias”.
Las demandas específicas de las comunidades son:
1.- No al aumento a las tarifas del trasporte público, toda vez que afectaría considerablemente la economía de las clases populares en un contexto de crisis económica y financiera, además de que ya fuimos perjudicados por el reemplacamiento.
2.- Al Gobierno Federal le solicitamos que implementen un Plan de Justicia para los Pueblos Originarios de Michoacán, tal y como el que realizó con los hermanos del Pueblo Yaqui, donde invirtió 11 mil 800 millones. Requerimos al Gobierno de la República que no discrimine, ni excluya a los pueblos indígenas de Michoacán.
3.- Al Gobierno de Michoacán le pedimos establezca la firma de un Convenio Interinstitucional de Justicia Social con los Pueblos y Comunidades Indígenas de Michoacán, donde las diferentes Secretarias de Estado destinen conjuntamente presupuestos, acciones y programas de alto impacto que permitan atender la pobreza histórica en la que vivimos los pueblos indígenas.
4.- Al Estado Mexicano exigimos garantice el derecho al agua de los pueblos y comunidades, no es posible que el Municipio de Paracho con 39,657 habitantes (INEGI 2020) mantenga más de 3 meses sin agua potable y que las comunidades de Cocucho, San Benito y Santa Rosa, entre muchas otras, desde hace muchos años no tengan agua potable y se encuentren abandonadas por el Estado mexicano. ¡Viva Juchári Uinápekua!
