A finales del año pasado en la ciudad de Glasgow, Escocia, se celebró la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que busca dar continuidad al Acuerdo de Paris que, ante la actual emergencia climática que vivimos, obliga a las partes firmantes a reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
México firmó y ratificó su inclusión en dicho Acuerdo. Esto le impone la implementación de políticas ambientales a diferentes niveles que le permitan avanzar en el compromiso internacional adquirido.
Sin embargo, los intereses (económicos) gestados desde lo regional difícilmente permitirán a México cumplir con lo pactado. Además, los gobiernos estatales, en lo general, muestran un desdén cada vez menos disimulado a temas torales para la sociedad como es el ambiental.
Un ejemplo es Michoacán, cuyo inicio de gobierno en el 2021 creó expectativas y esperanzas de que el flagelo de la indiferencia y negligencia transitaría hacia un ejercicio de gobierno donde el interés de lo público y lo colectivo reflejaría una visión de Estado.
Los hechos indican lo contrario. En Michoacán se ha decidido que la brújula que fije el rumbo esté supeditada al interés y mirada netamente empresarial, como lo ha mostrado el ejecutivo estatal. Su indiferencia al sector ambiental pretende resarcirse a través del Consejo Estatal de Ecología. Pero quedan muchos puentes que construir por parte del gobierno estatal, si es que realmente quiere escuchar y recibir luz de diferentes sectores de la sociedad civil que mucho tienen que contribuir a las políticas ambientales en Michoacán.
Es importante señalar que se ha desestimado los llamados de alerta acerca de ecocidios que, por ejemplo, industrias frutícolas están llevando a cabo. Como consecuencia está la disminución de la masa forestal, el aumento del estrés hídrico, el uso de agroquímicos cancerígenos y el fomento a la precariedad laboral, además de que estas industrias son un sumidero de la biodiversidad de nuestro estado.
El gobierno de Michoacán más bien se ha sentado a concertar con ellos, lo cual no es malo. El problema es que desestima a los defensores de la vida y la causa de su lucha, objetando estas acciones el derecho humano a un ambiente sano.
Ahí están las reuniones que ha sostenido con organizaciones aguacateras y con transnacionales productoras de frutillos rojos, pese a las luchas de comunidades michoacanas por la defensa de su territorio.
El presupuesto en materia ambiental para Michoacán es otro reflejo de la desatención al sector. La Secretaría de Medio Ambiente (cabeza de sector) recibirá $69,130,434, que representan el ¡0.08% del presupuesto total para el Estado de Michoacán! Si a esto agregamos que aproximadamente el 75% de este presupuesto se va a salarios y prestaciones, su presupuesto real, es decir, con lo que podrá operar para cumplimentar las acciones que justifican su existencia, es de aproximadamente $18,000,000.
¿Qué significa esta cifra en términos reales? En su visita a Michoacán, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, enfatizó la importancia de que se realicen los ordenamientos ecológicos municipales, instrumentos de política pública ambiental básicos. Dada la dificultad técnica para que el gobierno del estado de Michoacán pueda realizar dichos ordenamientos, la opción es contratar servicios profesionales. El costo promedio de este ordenamiento por municipio es cercano a $800,000; el ordenamiento estatal tendría un costo cercano a los $6,000,000. Estas cifras reflejan la imposibilidad de cumplir con la observación de la Secretaria Albores. Además, existen otras acciones de la Secretaría de Medio Ambiente que deben implementarse.
Sobre el compromiso del gobierno mexicano relacionado al cambio climático ¿Es posible que con $88,500 se puedan hacer las acciones demandadas en Michoacán para estar en sintonía con las acciones federales?
El panorama podría ser desolador, si no fuera porque algunos de los actuales funcionarios estatales del sector ambiental son profesionistas con responsabilidad social. Ojalá que en este sentido apuren a dar al tema ambiental el lugar que necesita y merece en un estado como Michoacán, quinto lugar nacional en riqueza de biodiversidad.
