Los talibanes niegan que hayan ejecutado a un centenar de funcionarios

Informe de la ONU dice lo contrario

La filial de Estado Islámico, Provincia del Jorasán, habría sido responsable de las ejecuciones de al menos medio centenar de antiguos funcionarios. (Foto: especial)

Afganistán.- El Ministerio del Interior del gobierno talibán afgano rechazó este lunes que un centenar de funcionarios hayan sido ejecutados desde que los islamistas tomaron el poder, en agosto del año pasado.

“Nadie ha muerto desde que el líder supremo anunciara la amnistía general. Los miembros de las fuerzas de seguridad que han muerto se deben a enemistades personales que están siendo investigadas”, publicó el Ministerio en un mensaje publicado en Twitter.

Según proceso.com.mx, además, las autoridades talibanas invitaron a la ONU a comprobar los hechos en el propio terreno y la instó a no “preparar informes basándose en información de personajes sesgados”.

El informe interno de la ONU filtrado a la prensa señala que aproximadamente un centenar de funcionarios del antiguo Gobierno afgano habrían sido ejecutados por los talibanes y la filial afgana de Estado Islámico desde la culminación, el pasado 15 de agosto, de la conquista del país por parte del movimiento fundamentalista.

Las fuentes del informe son antiguas autoridades afganas, fuerzas de seguridad y personal militar, y son consideradas como de confianza por los investigadores de Naciones Unidas. El documento está ahora en manos del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Concretamente, dos terceras partes de las ejecuciones habrían sido cometidas presuntamente por los talibanes o por grupos aliados al antiguo movimiento insurgente. La filial de Estado Islámico, Provincia del Jorasán, habría sido responsable de las ejecuciones de al menos medio centenar de antiguos funcionarios.

De igual modo, el informe detalla prácticas de “ataques, intimidaciones, acoso, detenciones arbitrarias y otras formas de maltrato” contra activistas pro derechos humanos y periodistas del país, y denuncia los asesinatos de al menos ocho miembros de organizaciones civiles afganas y dos empleados de medios de comunicación, bien a manos de los talibanes, de los yihadistas o de grupos afines.