Morelia, Mich.- Acciones decididas, concertadas y sistemáticas, con el involucramiento de la sociedad civil, requiere la atención a la problemática derivada del cultivo del aguacate, que más allá de las implicaciones ambientales y su deterioro, afecta ya a comunidades al despojarlas de agua y otros recursos e involucra a otros actores como la presencia del narcotráfico y “políticos aguacateros” de reciente aparición y con mucho auge.
Lo anterior se pudo de manifiesto durante la presentación, esta mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, de los resultados del estudio “El aguacate en Michoacán. Externalidades, marco jurídico y alternativas. Líneas de política pública para el desarrollo sostenible”, del investigador Benjamín Revuelta Vaquero, quien alertó sobre la aparición de un nuevo fenómeno en torno a la producción del fruto, el de los “políticos aguacateros” que influyen para que la misma se mantenga bajo esquemas exclusivos de rentabilidad financiera y sin sujetarse a esquemas legales, por lo que la industria ha crecido al margen de toda normativa y se calcula que entre 80 y 90 por ciento de los productores trabajan en la ilegalidad.
Voces del público asistente, de organizaciones sociales y ambientalistas, señalaron que es urgente que se atiendan las problemáticas sociales derivadas de la explotación ilegal de recursos como el agua y que ya tiene a comunidades sin acceso a la misma en aras de sostener las huertas. Julio Santoyo, señaló que hay visos de conflictividad social y que no debe descartarse el que se imponga un crecimiento cero a la expansión del cultivo ante décadas sin remediación a los daños causados, que de acuerdo con Revuelta Vaquero, ya supera las 300 mil hectáreas en la entidad, la que calificó de una rápida expansión desde los años sesenta, con 50 mil hectáreas de superficie sembrada.
Santoyo agregó que “sanciones o regulaciones ya no son suficientes” ante una problemática donde el aguacate “es el poder fáctico más importante del estado”.
Revuelta, investigador de la UM, reconoció que hay violencia y amenazas hacia productores y defensores ambientales que se oponen a la depredación de recursos para favorecer la expansión aguacatera y su exportación; señaló que se carece en el estado de una política pública que coordine y sistematice acciones en las que se involucre la preservación ambiental, se respete la biodiversidad, se propicie una producción sustentable y que en el aspecto jurídico se establezcan sanciones para quienes generen daños, ya que en el tema penal, no hay reparación del mismo ni presuntos responsables sujetos a sanción.
Justo en el mismo tema, puntualizó que las disposiciones federales están aisladas de la realidad local, a la vez que existen iniciativas locales inadecuadas, con una aplicación escueta que en el marco de la crisis económica deriva en la falta de inspección y control por carencia de personal, a la vez que existen procedimientos jurídicos “poco efectivos”.
Vicente Estrada, presidente del Consejo Estatal de Ecología, en la ronda de intervenciones señaló que respecto al marco legal, hace falta mayor compromiso de los legisladores para conformar un marco legal que corresponda con la realidad de la industria aguacatera y su permisividad respecto al uso de recursos como el agua. Señaló que los mismos diputados tienen intereses en la industria y citó que la anterior presidenta del Congreso, al parecer la priísta Yarabí Ávila y actual secretaria de Educación, “tiene una huerta a la entrada de la ciudad de Uruapan”, al igual que en el seno del Consejo Nacional Agropecuario, los empresarios del aguacate están “en la primera fila” y tienen interlocución directa con el presidente de la República.
Añadió que fue la presión de las organizaciones sociales hacia los legisladores la que provocó que en la discusión de la actual Ley Ambiental estatal, en la anterior LXXIV Legislatura, se contemplaran sanciones en el tema de los cañones antigranizo, una iniciativa que mereció 103 observaciones y que a la fecha carece de reglamentación no obstante que ya fue aprobada, lo que implica que no se puede aplicar.
Revuelta Vaquero citó que de los productores de aguacate en Michoacán y en base a una “tipología” elaborada por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), un 63 por ciento generan un alto impacto en sus esquemas productivos hacia el deterioro ambiental; un 25 por ciento un impacto medio y sólo un 12 por ciento generan un bajo impacto.
Respecto a la biodiversidad, señaló que 60 por ciento de productores no conservan especies nativas y un 93 por ciento aplican pesticidas sintéticos, aspecto en el que destacó los efectos sobre la salud humana y del suelo mismo, al especificar que anualmente se considera que 69 por ciento de aguacateros generan altos impactos por contaminación química, al usar 450 mil litros de insecticidas, 900 mil toneladas de fungicidas y 300 mil toneladas de fertilizantes.
Este escenario ha derivado en desastres como la deforestación, calculada en 30 mil hectáreas por año, para mediante incendios provocados o tala ilegal, generar cambios del uso del suelo que a su vez desembocan en desastres naturales como los de Angangueo y Ocampo, donde tiempos de lluvia desgajaron cerros con inundaciones y destrucción de viviendas.
El investigador llamó la atención sobre el que en este año la Asociación de Productores y Exportadores de Aguacate de Michoacán (APEM), festina que este 2002 se alcanzará el millón de toneladas de exportación, lo que representa el como se ha avanzado en la expansión aguacatera con una tendencia creciente, ya que en el 2020 se produjeron 800 mil toneladas y en el 2021, 962 millones.
En este punto, señaló que si la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha autorizado nuevos cambios de uso del suelo para la industria aguacatera desde hace dos décadas, quiere decir entonces que “entre 80 y 90 por ciento” de las plantaciones en la entidad son ilegales.
Actualmente, dijo, existen 30 mil productores del aguacate en el estado, con la generación de 78 mil empleos directos y más de 300 mil indirectos.
