El 24 de enero del presente año, se publicó el Índice de Percepción de Corrupción de la organización Transparencia Internacional, donde se analiza la situación global sobre el combate a la corrupción del año 2021. En dicho documento México obtiene 31 de 100 puntos. Desde luego, sería poco probable encontrar un país que pudiese alcanzar la puntuación máxima (100), los países con mayor puntaje obtuvieron 88 dígitos, sin embargo, la propia organización señaló que estar debajo de 50 puntos ya se considera como un problema grave en materia de corrupción. Cabe señalar que a nivel global la media fue de 43, mientras que la media latinoamericana estuvo en 36 puntos. Ambos números superiores al puntaje mexicano, que incluso quedo debajo de Cuba (46) y Colombia (39), lo cual deja mucho que reflexionar.
La corrupción siempre ha sido un tema de discusión en la política mexicana y latinoamericana, lamentablemente nunca se ha logrado consolidar una buena estrategia para iniciar su erradicación. En parte, por falta de voluntad política y también falta de entendimiento sobre todos los elementos que involucran a la corrupción misma. Diversos políticos, no solo de México sino del resto de Latinoamérica, han considerado que la lucha contra la corrupción es simplemente limitarse a sacar del poder a “autoridades corruptas” y sustituirlas por otras que “no lo sean”, sin embargo, la realidad histórica de la región ha demostrado que el combate a la corrupción abarca mucho más que una simple sustitución de autoridades.
Respecto a definiciones sobre dicho fenómeno, la RAE señala a la corrupción como “práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones dentro de las organizaciones públicas en provecho de sus propios gestores”. Esta, aunque si bien, es una definición bastante generalizada, al final se puede aplicar a las leyes y normas de cada país. Por ejemplo, en México, aunque el Código Penal Federal, si bien estrictamente no expresa una definición general, sí destina un título entero a las diversas formas en las que la corrupción puede gestarse. Pero a pesar de esto, México es un país donde la corrupción está muy lejos de desterrarse.
El combate a la corrupción en México afronta, al igual que en la mayoría de Latinoamérica, el severo problema de la falta de mecanismos prácticos que permitan no solo diseñar leyes y políticas que combatan a este fenómeno, sino también que las hagan prácticas y efectivas. Ya que de poco sirve tener leyes que únicamente se plasmen en el papel y no tengan utilidad práctica.
Cabe destacar, que uno de los principales pilares discursivos del actual gobierno federal es el combate a la corrupción, pero en términos prácticos, esto solo se ha mantenido en retórica, no parece haber un avance sustancial en dicha materia. En realidad, el gobierno federal enfoca sus esfuerzos en otras políticas, como lo es el desarrollo de infraestructura vial y de comunicaciones, política energética, así como programas agrarios y sociales, estos últimos sobre todo en las áreas sur y sureste del país, más que en una estrategia concreta y planificada de combate a la corrupción, o al menos, si es que la hay, no se advierte.
Una posible explicación a lo anterior, pudiera ser que el gobierno federal actual considera que debe aplicarse una táctica preventiva para los sectores sociales más vulnerables e históricamente marginados. Sin embargo, aun suponiendo que esto fuese la razón central de que se destine mucho más capital político y financiero a lo señalado en el párrafo anterior, esto no exenta de responsabilidad al gobierno nacional de aplicar un plan concreto que ataque directamente la práctica de la corrupción.
Es cierto, que también Latinoamérica ha sido una región históricamente muy convulsionada por conflictos políticos, que ciertamente no han permitido una estabilidad institucional que a su vez genere mecanismos adecuados para afrontar la corrupción. Incluso, la gran mayoría de los momentos de estabilidad han sido sobre todo a través de gobiernos autócratas, que lejos de combatir la corrupción, únicamente la hicieron asentarse aun más en la región.
Salvo escasas excepciones, como la chilena y la uruguaya, las transiciones democráticas realizadas entre los años ochenta y noventa, tampoco contribuyeron a reducir el índice de corrupción de la mayoría de las naciones de Latinoamérica incluyendo México. Lamentablemente las nuevas elites políticas prefirieron servirse de la corrupción en vez de combatirla. Incluso la rotación de diversas fuerzas políticas en México parece no haber hecho diferencia alguna en materia de corrupción. Desde la llegada de Fox en 2000 México ha mantenido el rango entre 30 y 35 puntos en el índice ya señalado. Parte de la razón de la dificultad en México del combate a la corrupción, ha sido tratar la problemática con instituciones públicas erigidas durante la etapa cuasi monopartidista y hegemónica del PRI, cuando entonces el objetivo de las instituciones era mantener la élite política priista en el poder a toda costa, por lo tanto, las instituciones heredadas de dicha época difícilmente servirán para atacar exitosamente las prácticas de la corrupción.
Tal parece que, las diferentes elites políticas aceptan tácitamente los esquemas de corrupción dentro del sistema político para garantizar el cumplimiento de sus acuerdos políticos centrales, antes de tratar de erradicar esta ilícita práctica. La clave para una erradicación exitosa de la corrupción es el diseño de instituciones que generen en la practica freno y contrapeso, pero sobre todas las cosas, rendición de cuentas, no solo al ejecutivo en turno sino a todas las autoridades del servicio público, tanto federal como de los estados, así como también de los propios órganos autónomos, tanto locales como federales; esto, porque esos dos elementos son los que obligan a las autoridades a gobernar de la mano del estado de derecho y no de la simple “política de la negociación”.
Si Latinoamérica y en especial México, realmente pretenden combatir el fenómeno de la corrupción, se tienen que repensar las estrategias de combate a la corrupción, rediseñar las instituciones y poner en práctica los mecanismos y/o políticas necesarias para tal fin. Por supuesto, una cuestión de esta índole no se resolverá de la noche a la mañana, pero sin duda deben de darse los pasos definitivos para generar el cambio que se necesita, comenzando con el replanteamiento del diseño institucional mexicano.
