Morelia, Mich.- Por los presuntos delitos de peculado, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, cohecho, delincuencia organizada y operaciones con recurso de procedencia ilícita, el gobierno estatal presentó denuncias en contra de siete ex funcionarios públicos.
En conferencia de prensa, la contralora estatal Azucena Marín Correa, acompañada del secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, se indicó que el Gobierno de Michoacán “confirmó que el pasado 16 de febrero se presentaron las primeras cuatro denuncias en materia penal, derivadas del manejo irregular del gasto público durante la administración pasada, y que implicaría una afectación al erario de más de 5 mil millones de pesos”.
Luego que docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), irrumpieran en Casa Michoacán y prácticamente les quitaran el micrófono a los funcionarios cuando iniciaban su rueda de prensa, la misma se reanudó tras el retiro de los manifestantes.
Marín Correa, informó que las denuncias fueron interpuestas ante las fiscalías especializadas en materia de Delincuencia Organizada y de Combate a la Corrupción, así como en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en la Subprocuraduría Fiscal de Investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Las denuncias fueron en contra de cuatro exfuncionarios públicos de la administración anterior, así como de un representante legal de una empresa privada.
“Los probables delitos en agravio del Gobierno del Estado de Michoacán son: enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada y operaciones con recurso de procedencia ilícita”, se indicó.
Según Torres Piña, “por la naturaleza de las denuncias e investigaciones, el Gobierno de Michoacán mantendrá la secrecía sobre los detalles de las denuncias”, aunque informó que entre los hallazgos que se hicieron “se encontró que se firmaron contratos con una empresa que no contaba con la capacidad económica y jurídica suficiente para prestar servicio al momento de su contratación, además de que realizaron pagos con cantidades excesivas y adjudicaciones de inmuebles, por encima de su valor comercial por más de 652 millones de pesos”.
“También fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) dos denuncias en contra de siete ex servidores públicos, mismas que podrían ampliarse si en las demás investigaciones de auditoría resultan otros implicados en los probables delitos cometidos en agravio del Gobierno del Estado de Michoacán, como son el ejercicio indebido de funciones, cohecho y peculado, en virtud de que se detectaron documentos alterados, cheques extraordinarios a sus percepciones salariales y transferencias a empresas calificadas como irregulares por la SHCP”, se indica en un comunicado el gobierno estatal, el cual señala que “se pueden llegar a presentar hasta 18 denuncias en total, sólo de este mismo hallazgo en una dependencia”.
