Estigmatización, criminalización y uso de la fuerza, constantes de autoridades ante feministas

Morelia, Mich.- La estigmatización y la criminalización de la protesta, además del uso de la fuerza para contenerla, fueron los elementos comunes que acompañaron el antes y el después a las movilizaciones de mujeres el pasado 8 de marzo (8M).

En Michoacán, el gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla señaló a una colectiva, Incendiarias, como presunta instigadora de violencia y de pretender alterar el orden durante las movilizaciones por el 8M. Llegó a comparar los actos vandálicos ocurridos en Querétaro y donde aficionados del equipo local se enfrentaron a fanáticos del Atlas y se generaran varios muertos.

El 8 de marzo por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador criminalizó el objetivo de la protesta al señalar que era una postura conservadora reaccionaria. Supuso que la protesta sería violenta: “tenemos información que se están preparando con marros, sopletes, bombas molotov”. Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Scheinbaum, también afirmó que habría grupos violentos.

“Los discursos estigmatizantes desde las autoridades gubernamentales, generan un clima de desconfianza y miedo que inhibe la participación de las mujeres en las acciones de movilización, razones que históricamente han llevado a miles de mujeres a apropiarse del espacio cívico. De la misma forma, estas declaraciones centran el debate público en las formas de expresión de las mujeres durante las movilizaciones, en lugar de las exigencias de justicia y alto a la violencia”, señalan en un reporte sobre el 8M los grupos Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), la Red #RompeElMiedo (RRM) y Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), coordinados para monitorear y acompañar las protestas en los estados de Jalisco, Guanajuato, Chiapas y Ciudad de México.

“Mientras que en las tres primeras entidades, la protesta fluyó de manera tranquila y sin reportar ninguna agresión, en la Ciudad de México documentamos actuaciones policiales represivas, ataques contra periodistas y personas manifestantes, previo, durante y posterior a las movilizaciones”, señalan, en un escenario parecido al ocurrido en Morelia, donde los periodistas también fueron acosados y objeto de agresiones durante la cobertura.

“La criminalización previa a la protesta es un elemento discursivo que permite justificar la alta presencia de fuerzas de seguridad en el centro de la ciudad, que en esta ocasión incluyo un grupo de antimotines de la Secretaría de Marina (SEMAR)”, señala el reporte, el cual consigna “el incumplimiento de los protocolos de actuación policial en contexto de protesta así como actos de violencia en los que estuvieron involucrados los cuerpos de seguridad de la Ciudad de México”, los que se enlistan a continuación:

-Revisiones injustificadas, así como robos de mochilas por parte de integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

-El Colectivo Brigada de Paz Marabunta también fue sujeta de agresiones y malos tratos por parte de mujeres policías, “contraviniendo a los acuerdos mínimos para la operación de sus labores de mediación”.

-Uso excesivo de polvos de extintor, particularmente entre Avenida Juárez y Lázaro Cárdenas, así como frente a Palacio Nacional.

-Uso de gases tipo pimienta que provocaron reacciones en ojos, garganta y piel semejantes. “Marabunta reportó que dió apoyo a alrededor de 300 manifestantes por afectaciones debido al uso de éstos”.

-Uso de al menos una granada de gas lacrimógeno.

-Lanzamiento de artefactos explosivos tipo cohetones “que volaban desde las filas policiacas, así como el uso de palos de metal detrás de las vallas en contra de las personas manifestantes”.

-Una periodista fue víctima de agresiones físicas y daños a su equipo de trabajo.

Los daños en Michoacán

Comparados con la relatoría de los organismos civiles, los hechos en la capital michoacana el pasado 8 M rebasan en mucho los saldos descritos.

En la fecha, la Policía Municipal detuvo a 28 personas, que fueron liberadas posteriormente.

El colectivo de periodistas #NiUnoMás, reporta en base a una investigación de la reportera Dalia Villegas Moreno del portal Contramuro, que 34 comunicadores recibieron agresiones e intentos de intimidación a su trabajo tanto por parte de  elementos policiacos y de algunas integrantes de las colectivas.