Morelia, Mich.- Desde la plaza de la comunidad indígena de Arantepacua, pobladores impugnaron la negativa de la Fiscalía General de la República de traer el caso de la intervención armada de policías michoacanos que los días 4 y 5 de abril del 2017 dejaron cuatro muertos, torturados y detenciones arbitrarias.
De acuerdo con el documento que leyeron varios integrantes del Concejo Comunal Indígena de Arantepacua, el pasado 10 de marzo la FGR determinó no ejercer el caso, aduciendo que son los propios afectados quienes han impedido la investigación, situación que a su juicio “nos revictimiza al culparnos de la impunidad” de las autoridades.
En la fecha, autoridades policiacas arribaron a la comunidad tirando puertas y apuntando a mujeres y niños, además de efectuar varias detenciones. Los hechos se derivaron de un conflicto con Capacuaro, del municipio de Uruapan, con Arantepacua, cuyos comuneros retenían vehículos para presionar a las autoridades estatales y agrarias a una solución. El 5 de abril, se instrumentó un operativo con más de 400 elementos policiacos para intentar la liberación de los vehículos y se suscitó un tiroteo con cuatro víctimas mortales, uno de ellos un joven estudiante de bachillerato.
El saldo fue de cuatro “ejecuciones extrajudiciales”, 10 torturados, 38 casos de “tratos crueles e inhumanos”, 48 detenciones arbitrarias y más de mil víctimas, según el veredicto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación 42PG2020.
De acuerdo con los comuneros, según la FGR determinó no ejercer la atracción con el argumento de que los hechos no tienen trascendencia política y social, no obstante que el gobierno estatal que encabezó Silvano Aureoles Conejo atacó a la comunidad.
La competencia de la FGR, cuestionaron, la establece el artículo 50 de la Lewy Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde se establece cuáles son los delitos en los que interviene la federación así como sus excepciones y donde para la atracción de casos, deberá considerar las características específicas de que se trate, la importancia y la trascendencia del mismo, como evidentemente ocurrió con los hechos registrados en abril del 2017.
En la versión de la FGR, narraron los comuneros, los afectados no han permitido presuntamente que las autoridades locales se realicen las licencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, versión ante la que señalaron que rechazan “la complicidad de la FGR con los agresores de nuestra comunidad”, y que evidencia a su juicio que la dependencia “se niega a resolver el crimen de Estado” y pretende que el actual fiscal del estado, Adrián López Solís -quien durante los sucesos ocupaba la Secretaría de Gobierno en la administración de Aureoles Conejo-, “se investigue a sí mismo”.
La Fiscalía General de la República, sostuvieron, “nos revictimiza al culparnos de la impunidad”, por lo que advirtieron que recurrirán “a nuestro legítimo derecho a la protesta social” y acudir a los cauces legales, sin dejar de lado las movilizaciones.
