Atentados contra Monitor Michoacán evidencian desinterés del gobierno estatal: periodistas

Reprocharon a Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno, el que ni siquiera se hubieran reunido con los periodistas de Zitácuaro y sin embargo si con el alcalde Ixtlahuac Orihuela

Reunión entre periodistas y funcionarios, esta mañana en Palacio de Gobierno. | Agencia Comunicación Gráfica

Morelia, Mich.- Pleno desinterés del gobierno estatal por investigar las agresiones a los comunicadores y hacia funcionarios públicos municipales en el caso de los periodistas asesinados de Monitor Michoacán, al igual que la ausencia de un mecanismo eficaz de protección al ejercicio periodístico en la entidad, fueron los señalamientos de comunicadores del estado quienes se reunieron esta mañana con el secretario de Gobierno y otro funcionarios para plantear la realidad que se enfrenta todos los días en el ejercicio de informar.

Una comisión de periodistas, dejaron en claro que los mecanismos de protección derivados de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Michoacán, aprobada en junio del 2019, no existen o bien son inoperantes, carecen de la representatividad de los comunicadores y se mantiene la estigmatización hacia el ejercicio de informar tanto por funcionarios estatales, elementos policiacos y alcaldes emanados del partido oficial, Morena.

Los reclamos de los comunicadores rebasaron en mucho el intento de Carlos Márquez, responsable de Comunicación Social del gobierno estatal, por tratar de hacer amigable la reunión, al aludir a crear en conjunto una agenda “y mejores condiciones y garantías para su trabajo”. “Partimos de la desconfianza”, señalaron los reporteros ante la retórica de los funcionarios presentes.

El tema de Armando Linares López y Roberto Toledo, director y colaborador de Monitor Michoacán, asesinados el 15 de marzo y el 31 de enero de este año, respectivamente, fue central en la reunión, donde varios comunicadores reprocharon a Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno, el que ni siquiera se hubieran reunido con los periodistas de Zitácuaro y sin embargo si con el alcalde Ixtlahuac Orihuela, “es la descortesía de Alfredo Ramírez Bedolla (gobernador del estado), que no le da importancia de este tema”.

Varios compañeros se pronunciaron porque en las investigaciones sobre Toledo y Linares, no participen las fiscalías locales y menos funcionarios municipales, con énfasis en que se debe investigar la actuación de la Fiscalía Regional de Zitácuaro ante los abusos de la misma y en relación a los homicidios cometidos. El director de Seguridad Pública municipal, “es una punta de lanza contra el gremio”, se dijo, al igual que se hizo la observación de que la policía municipal no llegó tras haberse reportado el homicidio de Linares López, quien fue acribillado en su propio domicilio.

Los periodistas hicieron énfasis en que por el momento, a pocos días del crimen de Linares, se deben establecer protocolos de protección a las familias de los colaboradores de Monitor Michoacán y a ellos mismos. “Hemos sabido que las familias acaban desplazadas, saber si están haciendo algo, este es un asunto que nos preocupa. Nos interesa saber si hay alguna acción en el Gobierno del Estado. Que están haciendo de manera concreta”.

Respecto al papel de la federación, se criticaron como inoperantes los mecanismos de protección al igual que se recalcó en que son las propias autoridades federales quienes encabezan una campaña de desprestigio hacia la labor periodística, por lo que cuestionaron el porqué desde el gobierno estatal se insiste en una colaboración con ese ámbito.  “La federación quiere desafanarse del mecanismo, nos preocupa porque son los principales violadores de derechos y nos da pocas perspectivas de que esto pueda funcionar”, se dijo por parte de los periodistas, agrupados en el colectivo #NiUnoMás, quienes además señalaron que las irregularidades del gobierno estatal al respecto apenas recién se pusieron de manifiesto durante la marcha del 8M, donde a la par de agresiones a feministas se atacó a comunicadores, aun y cuando “se estaban identificando como periodistas, los estaban agrediendo de manera directa y ustedes deben asumir la responsabilidad de lo que les toca”.

Los comunicadores plantearon a los funcionarios, que “es nuestro interés que asuman y firmen compromisos concretos, está reunión busca amainar el costo político, la desconfianza será la constante, tenemos una larga historia de cosas que no se han hecho, no partimos de la confianza”, al igual que se expresó la confianza en que ojalá para los funcionarios la reunión no sea sólo “para tomarse la foto”. Respecto a las mesas de trabajo, señalaron, “les exigimos que establezcamos fechas y establecer un documento con compromisos importantes”.

Carlos Torres Piña, aludió a que ya existe un mecanismo de protección hacia los colaboradores de Monitor Michoacán, al igual que planteó que se pone a disposición de los periodistas la estructura del estado para atender contingencias, lo que despertó nuevamente las críticas de los comunicadores al referirle al funcionario que lo que se requiere son cuestiones prácticas e inmediatas, no firmas de acuerdos en los que con la ausencia del gobernador en la reunión, se pone de manifiesto su desinterés, por lo que plantearon que el protocolo de protección abarque sanciones e indagatorias a servidores públicos y elementos policiacos cuando se cometa una agresión a los periodistas.

Finalmente se acordó que se avanzaría en un documento para plantear un esquema de reuniones periódicas, con el compromiso de volver a reunirse el próximo día 28 de los corrientes.

Los funcionarios participantes en la reunión, fueron:

-Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno.

-Elvia Higuera Pérez, subsecretaria de Derechos Humanos y Población.

-Carlos Márquez, coordinador de Comunicación Social.

-Juan Daniel Mando Rodríguez, director de Gobernación

-Barbara Ramírez, unidad de Derechos Humanos.

-Sugey López García, unidad de Atención a Periodistas.

-Juan Carlos Oseguera Cortés, subsecretario de Gobierno.