En septiembre del año 2000, en la sede de las Naciones Unidades, se reunieron los lideres del mundo, quienes al aprobar la Declaración del Milenio, se comprometieron a emprender acciones para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del planeta, empezando por erradicarla pobreza extrema y el hambre; eliminar el analfabetismo; promover la igualdad de género; reducir la mortalidad infantil; combatir las enfermedades crónicas; aprovechar racionalmente los recursos naturales y fomentar una alianza mundial para lograr un desarrollo sustentable y más equitativo.
De esos compromisos contraídos, con la aprobación de la mencionada declaración, pocos avances se han tenido en nuestro país, principalmente por la falta de voluntad de los gobernantes en turno y de algunos dueños del dinero, para lograr una distribución más justa y equitativa de la riqueza. Por el contrario, cada quien, por su lado, se han dedicado a seguir acumulando poder político y económico, respectivamente, mediante actos de corrupción e impunidad en detrimento del bienestar de más de 50 millones de habitantes, que viven desde hace décadas sumidos en la pobreza y en la miseria.
Para la protección social de la población, la actual Administración Pública Federal, ha establecido los programas de subsidio del Ramo Administrativo 20, “Bienestar”: “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”, “Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente”, y “Sembrando Vida”, que tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable, mediante transferencias económicas bimestrales, las cuales desde luego no alcanzan para “salvaguardar la seguridad económica de las personas y sus hogares, ante eventos de la vida, tales como el desempleo, la enfermedad, la invalidez, la muerte y la vejez”, pero, en algo ayudan para obtener algunos productos de la canasta básica alimentaria, poder seguir sobreviviendo y reanimando las esperanzas de algún día salir de su postración, mediante el crecimiento, mental, físico y espiritual. Sólo que la universalidad de estos programas en una sociedad con tan profundas desigualdades es toda una contradicción a la bondad de sus objetivos, porque no reduce desigualdades, pero sí resulta discriminatorio, ya que no se debe tratar a desiguales en igualdad de circunstancias.
A parte de que se beneficia a personas que no requieren de los mencionados apoyos y de la claridad de las reglas de operación de estos programas de bienestar, su implementación es una ventana abierta para cometer cualquier acto de corrupción. Por principio de cuentas los padrones de beneficiarios se mueven al ritmo de las ministraciones bimestrales, por las altas y bajas que se generan en forma natural y durante dos años por los vaivenes de la pandemia ocasionada por el virus SARS-Cov 2, dificultando su pronta actualización y por lo tanto, una posible distribución de apoyos, distante a la realidad. Por otra parte, parece ser que algunas ministraciones, no se hacen en tiempo y forma, como lo han manifestado algunos beneficiarios del “Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”, dando lugar a ciertas dudas y sospechas sobre la administración del programa.
El primer comentario me lo hizo un compañero de trabajo. Me platicó que después de un año de haber entregado todos y cada uno de los requisitos para tener derecho a recibir los beneficios del mencionado programa y de haber acudidoen repetidas ocasiones a las oficinas de la Delegación Estatal de la Secretaria de Bienestar en Morelia, para informarse del avance de su trámite, un día menos esperado, apareció en su tarjeta de débito, un saldo extraordinario, el cual coincidía con el importe correspondiente a una ayuda bimestral, regularizándose los pagos a partir de esa fecha, sin que nadie le pudiera informar sobre el retroactivo que nunca recibió.
Mas recientemente, un matrimonio me comentó, que, en agosto del año próximo pasado, al cumplir 65 años, ambos esposos acudieron al “módulo de registro para la ayuda de la tercera edad”, que la Delegación Estatal de la Secretaría de Bienestar, estableció cerca de Villas del Pedregal, para solicitar su incorporación al padrón de beneficiarios. Como de momento, no llevaban a la mano los requisitos solicitados, regresaron a los dos o tres días siguientes, haciendo entrega formal de los mismos, en espera de una respuesta, la cual se prolongó hasta los primeros días del mes de enero de 2022, recibiendo cada uno de ellos, la ayuda correspondiente a dos bimestres, posiblemente septiembre-octubre y noviembre-diciembre, ya que como el día 8 marzo, del año en curso, volvieron a recibir ayuda por cuatro meses: marzo-abril y mayo-junio, quedando pendiente la de enero-febrero, la cual siguen esperando y que posiblemente se perdió en el espacio y en la volatilidad del tiempo.
Algo parecido me sucedió, al cumplir los 68 años, traté de comunicarme por teléfono a las oficinas centrales de la secretaria de Bienestar, para solicitar mi registro en el padrón de beneficiarios y poder recibir la ayuda en mi calidad de adulto mayor. Después de una semana de intentarlo, por fin me contestaron, diciéndome que no me preocupara, que en los próximos días aparecería el depósito en mi tarjeta bancaria. Al pasar los meses y no tener noticia alguna al respecto, insistí con mayor frecuencia hasta dejar el asunto por la paz. Varios meses después, apareció en mi tarjeta un saldo extra, igual al importe de la ayuda de un bimestre. A partir de ese entonces, he recibido puntualmente, las ayudas, sólo que, no se me informó el destino final del retroactivo que no se me pagó.
Lo anterior no sería motivo de suspicacia, si hubiera seguridad de que la Auditoria Superior de la Federación, hiciera la revisión detallada de los recursos presupuestales entregados a los beneficiarios de los programas de bienestar, pero desgraciadamente, no hay forma de comprobar que esos apoyos fueron entregados a los interesados y cuando se comprueba un ilícito, solamente se procede contra el funcionario que ha caído en desgracia, como es el caso del famoso “Bronco”, quien puede ser mucho más honesto que varios gobernadores, exgobernadores y colaboradores del Presidente de la República. Más aún, cuando se ventiló a nivel nacional, en los medios de comunicación que la actual Subsecretaria de Bienestar, cometió actos de corrupción cuando era la Titular del DIF Nacional, al pedirle al personal de esa dependencia, una “cuota voluntaria”, para hacer un fondo no especificado y en lugar de sancionarla fue premiada con el nombramiento del encargo que ahora ostenta. Con lo que se presume que la impunidad y la corrupción, sigue permeando en mayor o menor grado por todas las administraciones públicas.
Sería inaudito, inmoral e imperdonable que se dieran actos de corrupción en el manejo de los recursos presupuestales destinados a una causa tan noble como es apoyar con unos pocos centavos a esa parte de la población de mayor vulnerabilidad, que afronta problemas de salud, pobreza, desempleo, una baja pensión tasada en Unidad de Medida y Actualización y no en Salarios Mínimos. Que se quedaran con un pedacito de esas transferencias no condicionadas a las que tienen derecho, por el simple hecho de ser mexicanos y de haber contribuido a la construcción del México que hoy tenemos. Porque tal parece que no hay acto de corrupción que llene a un corrupto consumado.
Ser omiso e irresponsable, es ser corrupto, según la acepción amplia de la palabra, corrupción.
