SINDICALISMO CRÍTICO NICOLAITA: El SPUM, a un año del IX Congreso General de Representantes Extraordinario

Desde 2011 se hizo habitual la falta de pago de los salarios y prestaciones de fin de año en tiempo y forma. (Foto: especial)

Haciendo el recuento de los agravios para despojar a los trabajadores académicos nicolaitas de sus derechos Humanos, laborales y de seguridad social, se toma conciencia de que se lleva poco más de una década en la resistencia y la autodefensa pues a partir de 2011, durante el rectorado de Salvador Jara Guerrero, se comenzó a imponer la reforma al sistema de Jubilaciones y Pensiones y la renuncia forzosa de los trabajadores a sus conquistas sindicales y sus derechos constitucionalmente irrenunciables, coercionándolos para recibir su salario, justa retribución a su trabajo desempeñado. Esto se ha hecho de manera gradual, teniendo como elementos el control salarial, el incremento de la precariedad y la inestabilidad laboral, tal como el escritor francés Sylvain Timsin describe en 2002 en su texto “Stratégies de manipulation”, síntesis de la crítica y la denuncia de Noam Chomsky sobre la manipulación en el sistema neoliberal.

Desde 2011 se hizo habitual la falta de pago de los salarios y prestaciones de fin de año en tiempo y forma. En enero de 2016 se firmó un convenio marco de sostenimiento de la UMSNH entre el Ejecutivo estatal, Silvano Aureoles Conejo; el subsecretario de Educación Superior, Salvador Jara Guerrero; la secretaria de Educación en el Estado, Silvia Figueroa Zamudio, y el representante legal de la UMSNH, Medardo Serna González, convenio que establecía que, para el sostenimiento de la UMSNH el Estado debía aportar el 50% del presupuesto anual y la federación el otro 50%, convenio que no se ha cumplido a la fecha y que cada año lleva a la UMSNH a la insuficiencia presupuestaria.

En 2016, ante la huelga del magisterio nicolaita, se impuso la aberración jurídica de puertas abiertas por el verdugo laboral Hill Arturo del Río, entonces presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA). Ese mismo año el Congreso local comenzó a amagar a la comunidad nicolaita con reformar unilateralmente la Ley Orgánica buscando la reforma al régimen de jubilaciones y pensiones, existente en la institución desde hace 78 años y publicado mediante el decreto 299 en el Periódico Oficial el 3 de febrero de 1986.

El 9 de mayo de 2018 el doctor Medardo Serna, junto con los secretarios generales del Sindicato de Profesores y el Sindicato Único de Empleados, los directores, funcionarios universitarios, profesores, empleados y ex-rectores emprendió una marcha con miles de universitarios hasta la sede del Legislativo estatal. Haciendo uso de la palabra, Serna González pidió su ingreso en calidad de presidente del Consejo Universitario para entregar un documento en el que se pedía respeto a la autonomía universitaria, a los derechos laborales adquiridos y el rechazo a toda modificación unilateral a la Ley Orgánica.

Ya en 2019, el rector Raúl Cárdenas valiéndose de ilegales maniobras y del charrismo sindical en el gremio académico, dio por avalada la modificación al Régimen de Jubilaciones y Pensiones, derivada de los acuerdos de un ficticio Congreso General de Representantes (CGR) cuya nulidad y efectos se encuentra en litigio. Desde las revisiones contractuales de 2020 y 2021, con el pretexto de las medidas de distanciamiento social, se dejó sin participación al Consejo de Huelga y a las bases sindicales violentando la normatividad sindical y la propia Ley Federal del Trabajo, motivo por el que los miembros del Comité Ejecutivo General (CEG) 2018-2021 fueron revocados en marzo del año pasado en el IX CGR extraordinario y se designaron otros académicos para conformar un Comité Ejecutivo General Interino, CEGI, y convocar a la elección de una nueva dirigencia sindical.

Aunque todos los miembros del CEG 18-21 están revocados, e incluso su periodo venció en noviembre de 2021, sigue sostenido por el rector Cárdenas, los acuerdos políticos con el gobierno del estado a través de la propia JLCA, pues ahora la Presidencia de ese órgano cambió y la ejerce Gabriela Manzo Ruiz, quien ha seguido sosteniendo ilegalmente al Comité 18-21, pues dio por válida la convocatoria que emitió para una supuesta asamblea de renovación que, denunciaron 16 académicos, no se hizo conforme lo marca el estatuto y el pasado 21 de febrero les permitió allanarse al artículo 83 del estatuto, consintiendo que sigan al frente del sindicato. Mientras que Manzo buscó qué requisitos adicionales pedir para detener la expedición de la toma de nota al CEGI, quienes bajo esas condiciones y con el apoyo y aval del Consejo General, se mantiene en la denuncia y la defensa sindical a través de estrategias como la generación de contrapesos, alianzas, teniendo como arma la escritura y la acción en momentos clave.

Casualmente, Manzo también convalidó la revisión contractual 2022 al CEG 18-21 revocado y al rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), sin que nuevamente se hubiera hecho partícipes al Consejo de Huelga y a las bases sindicales. Se ha dejado a los académicos en estado de indefensión y se ha ido menguando su fortaleza gremial, llegando al extremo, en la actualidad, del autoritarismo y el terrorismo laboral al proferir amenazas, promover como consigna el desconocimiento del CEG interino, rescindir a quienes cuestionan y confrontan a las autoridades universitarias por sus ilegalidades y atropellos hacia los trabajadores universitarios.

Asimismo, se sigue luchando en contra del CEG 18-21 revocado, total y descaradamente cargado al bando patronal, quienes han firmado un acuerdo sobre pagos, muchos con retraso de tres años, que ya debían estar cubiertos a la fecha, pactado un supuesto calendario de pagos y que en la experiencia de la mayoría nunca se ha cumplido. Así, promueven la supuesta agenda, sabiendo de la inconsistencia entre lo reportado en días pasados por el revocado secretario de Finanzas, falta de radicación de 80 millones de pesos y lo pactado, únicamente 25 millones de pesos.

A pesar de todo lo anterior, el CEG interino e integrantes del Consejo General del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana han logrado, después de diez años, que se pagara con un atraso aceptable las quincenas y prestaciones de fin de año (¡que el año pasado fueron finiquitados hasta junio!); que las bases se mantengan informadas sobre los sucesos y afectaciones sindicales; que la línea sindical siga siendo la defensa de los trabajadores académicos; que los hostigadores se sepan observados y estén denunciados en las instancias sindicales y externas; mantener los juicios laborales J-V 2821/2018 y 2074/2020, por anulación de elección del CEG 18-21 y anulación del CGRE y sus acuerdos, respectivamente. 

Por lo que a un año de haberse realizado el IX CGRE se hace un llamado a la unidad, a respetar la decisión del segundo órgano de gobierno en jerarquía, a que quienes no se han presentado al Consejo General lo hagan, a reflexionar sobre el grado de importancia de la opinión personal o de grupo con respecto al mandato y acuerdos de un CGRE, pero sobre todo, con respecto a la defensa de los representados vulnerados y en riesgo, así como anteponer el beneficio colectivo al malestar o molestia y aspiraciones personales o de grupo. Al gobierno del estado se le conmina a apoyar el regreso del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, SPUM, a la legalidad y a no dejar a los académicos en estado de indefensión a través de la corrección de la actuación en la JLCA. Desde la trinchera sindical se continuará echando para abajo toda irregularidad y abuso, alguien que honre el legado de la Universidad nicolaita así lo hará. Por otra parte, representaría una incongruencia que por un lado se promueva una revocación de mandato y continué sin respetarse la del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, situación igual de inédita. ¡Sí, a la revocación de mandato en el SPUM!