El Nudo Gertziano de la justicia

120
Alejandro Gertz Manero. (Foto: especial)

Cuenta le leyenda que en la antigua ciudad de Frigia, en el Asia Menor, fue elegido rey un modesto labrador de nombre Gordias, quien cumplió con lo profetizado por un oráculo al entrar a la ciudad con su carreta y una yugada de bueyes, y un cuervo que lo acompañaba. Gordias fundó la ciudad de Gordio y, como ofrenda por haber sido elegido gobernante de Frigia, consagró al templo de Zeus su carreta, a la cual hizo, con la correa del yugo, un complejo nudo cuyos extremos estaban ocultos y que nadie podía desatar. Cuando Alejandro, hijo de Filipo y heredero al trono de Macedonia llegó a Frigia en su campaña hacia Persia, se le presentó como desafío el reto de desanudar lo que Gordio había atado. Alejandro simplemente observó el nudo, sacó su espada y de un solo golpe lo tajó, diciendo “es lo mismo cortar que desatar” Desde entonces, la expresión “Nudo Gordiano” se emplea para una situación muy compleja o difícil que debe ser resuelta de manera drástica, sin reparar en consecuencias menores.

            No parece haber parece mejor símil para la situación a la que ha llegado la tarea de procurar y administrar justicia, enredada y aparentemente sin salida, para una nación anhelante de ella, como la mexicana.

En sólo dos días, el 28 y 29 de marzo, tres veces afloraron ante nuestros ojos las deficiencias de nuestro país en la materia, las cuales ponen en cuestión a diversos órganos del Estado vinculados con la búsqueda y la aplicación de justicia, pero especialmente a las fiscalías, tanto la general de la República como a las de las entidades de la Federación.

Primero, la Suprema Corte de Justicia resolvió por unanimidad conceder el amparo solicitado por la encarcelada Alejandra Cuevas Morán, hija de Laura Morán, que fuera pareja del fallecido Federico Gertz Manero y quien también tenía hasta ahora una orden de aprehensión pendiente. Como ha sido público, la parte acusadora era el hoy fiscal general de la nación, Alejandro Gertz, exhibido hace unas semanas por la difusión de una grabación de sus conversaciones con el subprocurador Juan Ramos López en las que se evidenciaba el haber intentado influir en el ministro ponente Alberto Pérez Dayán y en mismísimo presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar, para que no se otorgara el amparo a su ex cuñada y la hija de ésta.

La resolución de la Corte se dio, entonces, en medio de lo que ya era un escándalo y revirtió las consecuencias de las falsas acusaciones sostenidas por el fiscal, principal funcionario encargado de perseguir los delitos y de encausar los casos de violación de la ley, enzarzado aquí en un asunto familiar que púbicamente ha sido visto como un abuso de poder. Los miembros de la familia Cuevas Morán han declarado en medios que Alejandro usaba a su hermano Federico como prestanombres o testaferro para una parte de sus propiedades, que ahora sabemos también que son inconmensurables. Investigaciones periodísticas han mostrado en las semanas recientes una parte de lo que podrían ser sus caudales.

Ya en el periodo en que Santiago Nieto estaba al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda se realizaba una investigación que daba cuenta del uso por Gertz de su control sobre la estructura financiera de la Universidad de las Américas (UDLA) para la compra de inmuebles de alto valor en México, España, los Estados Unidos y Francia, y para hacer movimientos de grandes cantidades de dinero desde o hacia paraísos fiscales como las Bermudas o Aruba, y también a Costa Rica, Brasil, Estados Unidos, Puerto Rico y otros lugares. El diario español El País documentó el 17 de marzo pasado las propiedades del fiscal en el lujoso barrio Los Jerónimos de Madrid y de tres bienes en la bahía de Ibisa. La cadena estadounidense Univisión, a su vez, había divulgado ya, a inicios del año, la posesión de Gertz sobre un departamento, asimismo de muy alto precio en Santa Mónica, California y otro en Nueva York, ubicado ni más ni menos que frente a Central Park. Finalmente, en París el poderoso funcionario mexicano también ha comprado —según la información de la UIF— un departamento en una exclusiva zona residencial de la avenida Foch. En buena parte de esas adquisiciones ha participado la UDLA como origen de las compras, bajo justificaciones supuestamente académicas, aunque el uso de las propiedades es residencial (véase el reportaje de Juan Omar Fierro en Proceso 2369, 27 de marzo de 2022).

Pero el fallo de los juzgadores supremos en el caso Cuevas Morán no sólo ha exhibido al abusivo litigante, sino también a la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, quien al parecer se prestó a las maquinaciones de su homólogo de la Federación y sostuvo las acusaciones por un delito inexistente en los códigos penales como el de “homicidio por omisión”, que no fue además demostrado puesto que el fallecido Federico recibió en su fase terminal atenciones médicas suficientes que le sufragó su propio hermano, el luego acusador. Las imputaciones de éste, no obstante, llevaron a prisión a Alejandra y a Laura Morán a ser perseguida. En un verdadero estado de derecho, la fiscal capitalina debería responder por las acciones del ministerio público que condujeron a la familia Cuevas Morán a una situación de semejante injusticia.

El segundo acontecimiento fue la presentación, el mismo lunes 28, del tercer informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), que en los últimos años ha regresado a nuestro país a seguir la pista de los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y a tratar de esclarecer el paradero de los 43 jóvenes estudiantes normalistas desaparecidos desde entonces. La novedad de este informe es el haber exhibido, con pruebas documentales, la participación de elementos de la Marina Armada en el basurero municipal de Cocula alterando el escenario que sería señalado en las investigaciones de la entonces Procuraduría General de la República como lugar de la ejecución y desaparición por incineración de los cuerpos de esos desdichados. También ha mostrado, de manera documentada, que durante las horas de los acontecimientos, las corporaciones del Estado (el Ejército, la Marina y el Cisen, Centro de Investigaciones en Seguridad Nacional) estaban monitoreando y observando por medios electrónicos sin haber intervenido para impedir los crímenes (el resumen de este tercer informe puede obtenerse del vínculo https://drive.google.com/file/d/1iclkFK-p1Ptmt7GtTJ2DMu8wCBcIXB6J/view).

Las nuevas revelaciones, una vez más, atañen a la entonces Procuraduría de Justicia y a la hoy Fiscalía General de la República, que no sólo no han podido esclarecer con certeza el móvil de la matanza y desaparición ni a los verdaderos responsables, sino que parecen haber contribuido a alterar las acciones y a encubrir a los criminales. Mientras el fiscal Gertz ha estado durante ya más de tres años muy ocupado litigando en tribunales sus conflictos personales, las investigaciones a su cargo en el caso Iguala no han avanzado, menos arribado a una verdad judicial.

El tercer elemento es la presentación el martes 29 por el organismo civil Amnistía Internacional de su informe anual 2021, que no deja en buen estado la imagen de nuestro país en materia de derechos humanos. La organización destaca, para el caso de México, 3 mil 716 homicidios de mujeres en ese año, de los que 969 fueron investigados como feminicidios; pero las fuerzas de seguridad mexicanas usaron fuerza excesiva, detenciones arbitrarias y la violencia sexual contra las mujeres que protestaban. Aparecen también las múltiples denuncias de migrantes, que “fueron presa de detenciones, devoluciones sumarias ilegítimas, extorsión, discriminación racial y violencia de género por diversos gobiernos, entre ellos el de México”. En este caso es el Instituto Nacional de Migración el que carga con la mayor cantidad de señalamientos.

Asimismo, figuran en el informe los altos niveles de homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas e impunidad, detención y reclusión arbitrarias, tortura y otros malos tratos. Se destacan la situación de inseguridad a los comunicadores y las descalificaciones realizadas desde la presidencia misma contra feministas, defensores de los derechos humanos, los riesgos y agresiones sufridos en el ejercicio de la labor periodística, valorados, cuando vienen desde el poder público, como acciones para desacreditar y reprimir a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y de prensa, y la falta de cumplimiento al derecho a la salud, derechos sexuales y reproductivos, y los de los pueblos indígenas.

No se omiten los graves señalamientos sobre la persistencia de la violencia organizada, las matanzas y balaceras por grupos criminales que controlan o disputan porciones del territorio, incidentes que, como sabemos, también ha continuado en este año en Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Chiapas y otras entidades. Como es sabido, si bien el informe de Amnistía no tiene ningún carácter vinculatorio, AI como organización no gubernamental es la de más amplia experiencia en el nivel mundial en el seguimiento y denuncia de violaciones graves a los derechos humanos y una voz siempre autorizada en la materia.

En su conjunto, en una misma semana la sociedad mexicana ha podido constatar una vez más las deficiencias enormes en materia de seguridad, garantías y libertades, violaciones a derechos humanos y sociales, y el involucramiento de autoridades de los diversos órdenes en todo ello.

Pero como si todo ello no fuera ya grave, es necesario agregar la actitud de tolerancia, o connivencia, del presidente de la República. Tras el fallo de la SCJN, Andrés Manuel López Obrador declaró, una vez más, que mantiene su confianza en el fiscal Gertz, en quien no ve razón para ser removido. El nudo de la justicia sigue sin ser desatado como podría serlo: con un golpe de mano en el que se apliquen las facultades otorgadas al presidente por la fracción IV del artículo 102 constitucional de remover al titular de la FGR “por las causas graves que establezca la ley”.

En el caso de Iguala, después de conocerse las informaciones alcanzadas por el GIEI, AMLO se apresuró en la mañanera del miércoles 30, pese a que él mismo había afirmado que las investigaciones no han concluido, a exculpar a su secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán, quien durante los hechos de 2014 era el comandante de la Octava Zona Naval, con sede en el puerto de Acapulco. “Él no tiene ningún involucramiento en este asunto”, dijo; y agregó que “los mal querientes de nosotros quieren responsabilizarlo”.

Y en cuanto a la persistencia de la inseguridad y las violaciones a derechos humanos, no parece ser que las estrategias aplicadas por el gobierno vayan a ser revisadas, pese a sus escasos resultados. Los “abrazos, no balazos” se han convertido en la divisa con la que se quiere conjurar la violencia delictiva, quizá hasta el final del sexenio. Mientras tanto, es preferible lanzar temas de entretenimiento popular, como el de la llamada revocación de mandato, convocada en realidad desde el gobierno y el partido oficial como un proceso de ratificación del actual gobernante.

Y es que Andrés de Macuspana no es Alejandro de Macedonia. El nudo de la injusticia seguirá porque el golpe de tajo que en primer lugar habría que dar, la remoción inmediata de un fiscal de la República que no da resultados por atender prioritariamente su enriquecimiento patrimonial y los litigios contra sus ex familiares, usando incluso la estructura administrativa a su cargo, no se va a dar. Tampoco se removerá a los militares y funcionarios de la Marina que sería necesario para que las investigaciones de gran impacto social en el país avancen. Todos ellos, como en el 2020 el general Salvador Cienfuegos, han sido ya exonerados de toda culpa.