¡Pseudoambientalistas!

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Tala de bosques para sembrar aguacates. (Foto: especial)

El Estado mexicano está perdiendo la guerra contra los poderes económicos cuya actividad supone el “aprovechamiento” de la naturaleza. No ha podido o no ha querido ejercer las facultades constitucionales de las que han sido dotadas sus instituciones para proteger, regular, contener, remediar o restaurar los espacios naturales intervenidos.

El cúmulo de previsiones que, regular y coyunturalmente, generan los científicos y que deberían constituirse en puntos obligados para el diseño de las políticas públicas de los gobiernos son desechadas con singular candidez perdiéndose con ello grandes oportunidades para aplicar correcciones.

El imperio de la ley —que ya no lo es tanto— está caminando en una dirección preocupante para el destino de México. En lugar de solidez y progresividad en el derecho y la política ambiental estamos asistiendo a un debilitamiento que da pie a garrafales irregularidades.

Es natural y muy deseable que, desde la sociedad, que para eso ha conquistado históricamente su derecho a opinar y a manifestarse —¡faltaba más! — se alcen voces para cuestionar los actos del poder (cualquier poder) en torno a la diversidad de asuntos públicos que le corresponden. Y ello es sano para toda democracia porque no hay democracia sin crítica. El contrapeso siempre obliga a la argumentación y a la corrección por el bien común. Un gobierno que desoye (el poder), que es intolerante con lo diverso, o aspira a ser dictadura o ya lo es.

La exacerbada ideologización siempre lleva a la intolerancia y a la aniquilación del pensamiento distinto. La ideologización de la cuestión ambiental coloca a esta realidad en el horizonte de lo banal. Si la construcción subjetiva de realidades alternas en sí misma es una degeneración del pensamiento que conlleva a la manipulación, en el ámbito ambiental esa degeneración expone a la sociedad a serios riesgos como resultado de ignorar dicha realidad. Costos que no podrá resolver la ideología, solo complicarlos.

Hemos llegado a un punto en que la debilidad y claudicación del Estado para hacer valer las regulaciones ambientales ha permitido, como contraparte, que quienes se benefician de ella sigan acumulando poder económico y político suficiente para atascar y posponer de manera ilimitada el establecimiento del orden jurídico que debe regularlos. Y esto aplica para la minería, los aprovechamientos de agua, los cultivos de aguacate y frutillas o las mega infraestructuras para fortalecer el poder de los militares.

Hasta ahora la mayoría de los políticos mexicanos han tenido una relación contradictoria con la agenda ambiental, la que supeditan a la dinámica de sus intereses personales.  Durante las campañas se apropian de ella para comunicar mensajes nobles y compasivos con la naturaleza, sin embargo, cuando llegan a ser gobierno la abandonan de inmediato porque les genera roses con intereses económicos vivos a los que no desean molestar.

Dado que los tiempos de lo ambiental fluyen en tiempos distintos a los sociales y políticos y su operación no reditúa resultados inmediatos para su capitalización electoral, los gobernantes entonces huyen de sus compromisos para ajustarse a los ritmos instantáneos de la economía que les asegure votos para la próxima elección.

Predomina en México, entre sus políticos, una visión pragmática, estrecha y miope que les impide prefigurar en su mente un país más allá de un sexenio o de un trienio. Se les dificulta aún más imaginar un país con sustentabilidad ambiental en el que las regulaciones del Estado de Derecho supongan un cambio sustancial en la manera de producir sin poner en riesgo la vida.

Les da temor contener las actividades económicas que generan mercado y riqueza a través de la depredación porque creen perder con ello a importantes aliados. Es decir, tienen una visión ególatra, aldeana e instantánea de la vida. Les da pánico cambiar de paradigmas productivos en un tiempo en que el cambio de modelos es imprescindible para la sobrevivencia de la sociedad. En ese sentido son sustancialmente conservadores.

La debilidad en la aplicación del Estado de Derecho ambiental, la fuerza de poderes fácticos activísimos en las antesalas de los poderes legales, el desmantelamiento de instituciones ambientales, la ausencia de una visión de largo alcance de la clase política mexicana y la debilidad de la sociedad civil, son entre otros, factores que dominan la crisis de la política ambiental del país. Son los componentes que alientan y seguirán impulsando el ecocidio permanente.

Anatemizar la protesta ambiental ciudadana, con adjetivaciones llenas de odio y desprecio al diálogo público, expresan —con preocupación— las convicciones que rigen la política ambiental del país y coloca a todos quienes se preocupan por el cuidado ambiental en la picota del linchamiento, la persecución y la criminalización. No es esa la condición que buscaba la transición política mexicana, semejantes hechos niegan los valores esenciales de toda democracia: tolerancia, diálogo, pluralidad, respeto, inclusión.

Estos son los valores que deben practicarse para encarar los contenidos de la crisis ambiental de México. Sociedad y gobierno deben encontrar en ese marco alternativas viables y compromisos comunes. El autoritarismo es un obstáculo para lograrlo.