Morelia, Mich.- El Congreso del Estado aprobó un exhorto a las autoridades municipales para que, en el marco de atribuciones legales, respeten los procesos de autonomía de comunidades indígenas.
El llamado de los legisladores ocurre cuando este jueves integrantes del Comité de Seguimiento para el Presupuesto Directo de San Juan Carapan, en el municipio de Chilchota, presentaron una demanda de juicio político contra el alcalde, el priísta Miguel Ángel Ramos, a quien acusan de alentar el encono contra los integrantes de la misma luego de rechazar los resultados de la consulta avalada por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) a favor de la autonomía y el presupuesto directo para la comunidad.
Cabe recordar que el pasado 3 de abril, luego que el IEM ratificara los resultados a favor de la comunidad en consulta realizada el 13 de marzo, comuneros a favor de la misma fueron agredidos presuntamente por elementos policiacos de Chilchota, con disparos de armas de fuego y varios vehículos incendiados durante la refriega.
Este jueves, los integrantes del Comité acompañados del asesor Orlando Aragón, acudieron a la sede legislativa en esta capital para presentar la demanda de juico en contra de Ángel Ramos por ineficacia y violación a los derechos humanos de los comuneros, a la vez que reiteraron que el Comité es la única figura aceptada por la comunidad para dar seguimiento al trámite y no otra que pretende impulsar el alcalde al negarse a respetar los acuerdos de la asamblea organizada por el IEM.
En el Congreso, en sesión ordinaria los diputados locales aprobaron el exhorto para que los ayuntamientos “con presencia de comunidades indígenas”, respeten, promuevan y garanticen “los derechos colectivos de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y al ejercicio del presupuesto directo”.
El dictamen “aprobado por las y los diputados de la 75 Legislatura, como asunto de urgente y obvia resolución, subraya que, el derecho a la libre determinación y autonomía de las comunidades de los pueblos indígenas se encuentran garantizados por la constitución y las normas y tratados internacionales”, señala un comunicado del Congreso del Estado.
