Las sociedades humanas para asegurar su permanencia en el tiempo y espacio, satisfacer sus necesidades materiales y espirituales, lograr una convivencia armónica entre sus integrantes y el medio ambiente, establecen las instituciones sociales básicas, como la familia, la religión, el sistema económico de producción de bienes y servicios, el sistema de salud, el sistema educativo y el sistema político, entre otras de menor importancia.
El conjunto de estas instituciones da lugar a una organización política y administrativa llamada Estado, el cual se caracteriza por tener un territorio propio, una población determinada, una lengua oficial y un gobierno soberano, que crea sus propias leyes y reglas. En el caso del Estado Mexicano, conocido oficialmente como Estados Unidos Mexicanos, se desarrolla en una superficie continental de 1,960,189 kilómetros cuadrados (incluyendo islas y mar territorial), con una población total de 126,914,024 de personas (INEGI-2020).
Para que un Estado organizado como gobierno republicano, pueda funcionar administrativamente como tal, se requiere que exista “una separación de poderes independientes, que se controlen mutuamente limitando la acumulación de poder en algunos de ellos”. Como sucede en el caso de México, con sus tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El poder Ejecutivo a cargo del presidente de la República, responsable de administrar y dirigir el estado, de aplicar las leyes que dicta el Poder Legislativo y proponer las leyes que sean necesarias para mejorar las condiciones de vida de la población.
El Poder Legislativo conformado por dos cámaras, una de diputados y otra de senadores, las que en conjunto forman el Congreso de la Unión, se encarga de expedir leyes que regulan la estructura y funcionamiento de la República Mexicana.
La Cámara de Diputados integrada por 500 diputados, de los cuales 300 de ellos de mayoría relativa y 200 por el principio de representación proporcional. La del Senadores de la República: integrada por 128 Senadores, 32 de mayoría relativa, 32 de la primera minoría electoral y 32 de representación proporcional.
El Poder Judicial de la Federación, está formado por La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la integran 11 ministros; El tribunal Electoral; Los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Los Juzgados de Distrito. Este poder tiene como función vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes.
Las personas que están al frente de las instituciones sociales y que tienen como responsabilidad organizar y administrar el Estado, constituyen lo que conocemos como gobierno, que debe estar caracterizado “por la igualdad, la justicia, la libertad, fraternidad, soberanía popular y el bien común. Dichas personas deben ser nombradas por la voluntad de sus habitantes, es decir, el poder recae en los ciudadanos, quienes delegan el poder en los gobernantes sin que estos sean dueños del Estado”. Pero la teoría dista mucho de la realidad, resulta que unos grupos de personas se han apoderado de los partidos políticos y han venido decidiendo, deciden y al parecer seguirán decidiendo, sobre el destino del País.
Esos grupos, en cada proceso político-electoral, deciden quienes son los candidatos a encargados del orden, jefes de manzana, jefes de tenencia, regidores, síndicos, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores y a Presidente de la República, quienes una vez en funciones, nombran a sus auxiliares o a los titulares de las unidad administrativa de los tres poderes de gobierno, sean o no compañeros de partido, lo único importante es que sean incondicionales a los intereses de su protector, Por eso, vemos al frente de las dependencias de gobierno a personas ineptas, negligente y corruptas. Quitándole la oportunidad a personas capaces, honestas, responsable y con sentido social, de que representen los intereses de la sociedad. Salvo honrosas excepciones a nivel municipal, estatal y nacional, son las mismas personas que desde hace años están al frente de las instituciones sociales, sin que mejore la calidad de vida de la población.
Esas designaciones directas, se barnizan de democracia con encuestas simuladas o por votaciones de delegados previamente acordadas, lo cierto es que todo queda en el circulo grupal de quienes prácticamente son los dueños de los partidos políticos y los administran cada quien a su manera. Es tanta la ambición por el poder y el dinero que, en los últimos procesos electorales, algunas personas que han hecho de la política una forma de vida, han sido capaces de abandonar sus principios ideológicos, sus ideas democráticas personales y de partido, para asociarse con otros grupos con doctrinas ideológicas totalmente opuestas, a fin de asegurar no sólo una posesión administrativa o política, sino la impunidad a sus actos de corrupción.
A parte que los grupos mencionados, deciden en nombre de las mayorías, han promulgado leyes, para que legalmente se les asigne anualmente recursos presupuestales para sufragar gastos administrativos de sus oficinas y del trabajo que realizan principalmente en las campañas político-electorales, trianuales y sexenales. Con base en la Constitución y en la Ley General de los Partidos Políticos, para 2022, el monto total para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, de los siete partidos nacionales con registro vigente: Morena, PAN, PT, MC, PRD, PRI, PVEM, “será de 5 mil 543 millones 960 mil 204 pesos, el cual se distribuirá en un 70%, equivalente a 3 mil 880 millones 772 mil 146 pesos, según el porcentaje de votación nacional emitida, obtenido en la elección de diputados por el principio de Mayoría Relativa y el otro 30% de forma igualitaria”. Estos es lo que le cuesta al pueblo los partidos políticos y en cambio la problemática que a continuación menciono, no la han podido solucionar los gobiernos emanados de esos partidos políticos (prácticamente son siete en uno).
Irracional aprovechamiento de los recursos naturales; cuerpos de agua contaminados; contaminación del medio ambiente; asentamientos humanos sin el servicio de agua potable; servicios urbanos deficientes. inseguridad a lo largo y ancho de todo el territorio nacional; ordeña de los ductos de gas y petróleo; desempleo y subempleo de la mano de obra sin especializar y calificada, respectivamente; pérdida del poder adquisitivo, al estar sufriendo la tasa de inflación más alta de los últimos 20 años, 60 millones de mexicanos viviendo en la pobreza y en la miseria, miles de docentes jubilados sumidos en la pobreza por recibir pensiones tasadas en UMAS y no en salarios mínimos. Tierras de cultivo abandonadas por la baja rentabilidad de la producción, falta de apoyo crediticio y por la inseguridad, la estrategia para combatir la delincuencia parece copiada de un cuento infantil; tierras ejidales convertidas en fraccionamientos de lujo; caminos y carreteras en pésimas condiciones; infraestructura productiva agropecuaria en completo abandono.
Procesos educativos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de las familias marginadas, pobres y miserables interrumpidos desde hace dos años, provocando una deserción escolar y un rezago educativo sin precedentes; establecimiento de calendarios escolares convencionales; algunos planes y programas de estudio sin vinculación con el sector productivo, ocasionado que profesionistas con maestría y doctorados tengan meses buscando un trabajo productivo y dignamente remunerado; personas ineptas dirigiendo algunas instituciones educativas; cobro semestral de “cuotas de inscripción” y anualmente de “fichas” para tener derecho a examen de admisión; miles de horas/semana/mes, autorizadas para la docencia, se pagan a comisionados sindicales, mientras que los docentes que trabajan a diario frente a un grupo académico perciben un salario insuficiente para vivir dignamente; instalaciones de los centros educativos en malas condiciones. En resumen, no existe orden en el Sistema Educativo Nacional, ni compromiso de las autoridades educativas para resolver esta problemática.
Por otra parte, no se sabe hasta cuando se cumplirá las promesas de campaña de combatir la corrupción y la impunidad, la primera de estas se ha vuelto menos visible, posiblemente porque ahora se hace emulando el trabajo de las hormigas. La impunidad sigue vigente, sólo se simula la aplicación de la ley, integrando carpetas de investigación, con claras deficiencias jurídicas, para que no se judicialicen, se llega a un arreglo con el infractor o simplemente se hace un silencio prolongado en espera que pase el escándalo y se archiven las carpetas. A estas alturas sólo “El Bronco” y Rosario están tras las rejas, pero dicen los que saben que son inocentes, que son presos políticos y que son más honestos que muchos funcionarios y colaboradores del presidente de la Republica. ¿Debemos agradecer o reclamar a los partidos políticos, lo que han hecho por el pueblo?
