De mujeres, un 70% de desplazamientos forzosos por la violencia en el estado

Sin dar una cifra exacta, el gobernador aludió a que "familias enteras" salen huyendo de sus lugares de origen por la presencia de bandas delictivas

Violencia y homicidios son además de los desplazamientos forzados, los fenómenos ligados al actual de bandas delictivas en el estado. | Ilustración: Pixabay

Morelia, Mich.- Aunque no dio una cifra exacta de los casos por atender, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla refirió que son mujeres cabeza de familia la mayoría de los desplazamientos forzados en el estado por la violencia, hasta en un 70 por ciento.

En el evento en el que se instaló el comité de atención a los desplazados por la violencia, principalmente en municipios de Tierra Caliente, el morenista señaló que esta realidad es innegable y aunque criticó que en “gobiernos anteriores” se había dado la salida de “cientos, miles” de familias de sus lugares de origen, no dio ni una cifra exacta de cuántos michoacanos se han movilizado hacia otros puntos del país y a la frontera norte a la búsqueda de migrar a los Estados Unidos.

Señaló que las instancias que participen en contra del desplazamiento forzado, deben garantizar “un retorno seguro”, aunque tampoco aludió a los niveles de inseguridad que se mantienen en Tierra Caliente por el actuar de los grupos delictivos y razón principal por la que cientos de familia se han visto obligadas a salir de sus hogares.

Según el funcionario, “tanto del Modelo como del Comité Integral de Atención al Desplazamiento Forzado, se basaron en protocolos de atención al desplazamiento forzado creados por instituciones internacionales y federales; toda vez que en Michoacán no existía ninguna herramienta de este tipo para atender el fenómeno social”.

En el Comité Interinstitucional para atender el fenómeno, dijo, “se trabajará en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las Comisiones de Atención a Víctimas y las y los integrantes del Comité Interinstitucional para la generación de políticas públicas que lleven a tener un retorno seguro y voluntario a las personas desplazadas principalmente por la violencia que se encuentran en albergues de Tijuana”, por lo que además se trabaja en un convenio de colaboración con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, “con la finalidad de atender la crisis humanitaria que se vive en los albergues fronterizos en coordinación de las dependencias de ambos gobiernos estatales”.