En teoría México es un país de leyes, pero solo en teoría, pues si exploramos un poco veremos que la corrupción y la incompetencia que se asoman por donde se investigue.
Veamos el caso de la justicia en México, asignatura pendiente desde las épocas del Virreinato, y tengo mis dudas si en la Colonia estuvimos mejor que ahora. Resulta, y es de todos sabido, que el índice de impunidad en México alcanza un impresionante 98%. Eso quiere decir que de 100 delitos reportados, solo dos, si, solo la minúscula cantidad de 2% reciben una sentencia por un juez. Y estamos hablando de delitos reportados ante agencias del Ministerio Publico, no tomamos en cuenta la enorme cantidad de delitos que no se reportan por la sencilla razón de la gran desconfianza que se tiene en el sistema de impartición de justicia.
¿Por qué tan horripilante cifra de ineficiencia? Muchas razones, algunas muy elementales y otras más difíciles de percibir. Resulta que del total de las personas que se encuentran en la cárcel purgando una condena, el 90% fueron detenidos en flagrancia, es decir “con las manos en la masa”. ¿Qué traduce esto?, simplemente que en México prácticamente no se tiene capacidad de investigar. Si los policías no detienen a alguien al momento del delito la posibilidad de que sea encontrado el delincuente es francamente escasa. Por lo que se puede observar en México no existe el deseo o la capacidad para llevar a cabo procesos de investigación de acuerdo a la moderna metodología policial. En cuestiones de ADN, bases de datos, laboratorios forenses, obtención cuidadosa de rastros y huellas, seguimiento puntual, científico y con metodología de varias pistas definitivamente estamos en pañales, no sé si por falta de presupuesto o por que la investigación policíaca no es algo que le preocupa al sistema. El proceso de investigación criminal en México difícilmente rebasa las épocas de “Chucho el roto”. Aquí los juicios se apoyan básicamente en delaciones, “confesiones” imposibles de verificar, testigos comprados y si las circunstancias lo ameritan de plano se inventan los delitos cuando así conviene a alguien poderoso.
Los publicitados casos como el de Luis Alfonso Belmar, asesinado en un incidente de transito por los guaruras de un conductor de un BMW blanco; el caso del fotógrafo Sergio Dorantes que nos muestra la manera de “investigar” de la policía mexicana; si no se dispone de un testigo pues se compra y basándose en lo que se le haya ordenado decir se dicta la sentencia; el manipulado y dramático caso de Hugo A. Wallace, la torcida y sucia investigación del caso de la niña Paulette Gebara, el caso Martí y sus dos “culpables” acusadas y encarcelados por mismo delito muestran el amplio catálogo de ineficiencia que tiene el aparato de justicia mexicano.
Más recientemente tenemos los casos de las falsas acusaciones en contra de Ricardo Anaya, en su momento candidato del PAN a la Presidencia por delitos que no se sostenían por ningún lado, todo con la idea de descarrilar su candidatura y como la inquina del titular del Ejecutivo en contra del ex candidato aún no se termina se ha ordenado a la Fiscalía reactivar las mismas acusaciones. Para no alargar esto, pues ejemplos sobran, tenemos el uso de la Fiscalía General de la República a cargo del Sr. Gertz Manero para una venganza personal en contra de sus familiares, eso sí, contando con la ayuda de jueces que actuaron a modo. Finalmente, como último clavo del ataúd de la incompetencia policíaca, tenemos el caso de la joven Debanhi Escobar que ha puesto en primera plana la inaceptable inseguridad en que viven las mujeres en este país. Muertas y más muertas se juntan con el nulo interés de las autoridades para investigar correctamente. Solo la presión mediática obligo a moverse a las autoridades, mal y torpemente; eso sí, en la búsqueda aparecieron varios cuerpos de mujeres reportadas como desaparecidas y que pareciera a nadie le importaban.
Las autoridades civiles de este país nos invitan en todos los tonos a que nos presentemos ante ellas si hemos sufrido un delito, si fuimos atracados, extorsionados, amenazados, secuestrados etc. pero a nosotros, simples ciudadanos de a pie, después de padecer un delito francamente no nos quedan ganas de caer en ese infierno de burocracia, majadera prepotencia e ineficiencia que es una agencia del Ministerio Publico, verdaderos enemigos del género humano. Cualquiera que haya tenido la desdicha de acudir a alguna de esas dantescas oficinas lo puede afirmar.
Soluciones a este terrible problema. Ya se ha dicho: Profesionalización de la policía y agentes investigadores, que un agente mexicano sea tan competente y eficaz como uno del FBI, la Sureté o Scotland Yard, modificación a fondo del monopolio que ejercen los muy limitados y rebasados agentes del ministerio público, eliminar y boletinar los malos elementos de la policía dados de baja y algo que puede ser básico, vigilancia de las finanzas de los agentes de la ley, de los Ministros de la SCJN para abajo. ¿Posibilidad real en México? Nula, primero se congela el infierno.
