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Vuelta al Sur

AMLO en su visita a Cuba. (Foto: especial)

Dos hechos significativos han destacado en la política exterior de nuestro país en los días recientes. Desde luego, la gira que el presidente López Obrador realizó por Centroamérica y Cuba, retomando el contacto directo con los gobernantes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y la isla, muy oportuna dada la delicada situación migratoria de los primeros tres países, que involucra profundamente al nuestro; y la postura asumida por el gobernante frente a la próxima reunión Cumbre de las Américas a realizarse del 6 al 10 de junio en la ciudad de Los Ángeles, California. En ambos casos, México asume nuevamente una posición de activismo frente a sus vecinos del sur y del Caribe, que en realidad nuca se debió dejar de lado.

            Y no es que esos países hayan dejado de estar presentes en nuestra política exterior durante lo que va del presente sexenio, sino que las posturas y acciones frente a ellos se han visto insuficientes, dada la complejidad de sus problemas y de los que con ellos compartimos. Es sabido que, sobre todo en las naciones del llamado Triángulo Norte de América Central, desde hace aproximadamente una década la crisis social, la económica y la de seguridad han promovido flujos crecientes de migración, dirigida en su mayor parte hacia los Estados Unidos, pero a través del territorio mexicano. A pesar de la pandemia, de la xenofobia de amplios sectores de la sociedad estadounidense a los que el ex presidente Donald Trump representa y alienta; de la restrictiva política de la potencia norteamericana; y de los riesgos que los migrantes corren al cruzar nuestro país, por la delincuencia organizada que busca convertirlos muchas veces en objeto de trata, esos flujos no se han detenido y, sobre todo en el presente año, se han intensificado.

            Ello ha venido a sumarse a la también creciente emigración de mexicanos y a la de haitianos, venezolanos, cubanos y hasta gente proveniente de Asia y África que constantemente toca a las puertas de los Estados Unidos con la esperanza de encontrar una nueva vida, con más oportunidades, mejores ingresos y libre de amenazas contra la vida y el patrimonio de las personas.

            Siendo México el país por donde se registran los mayores de esos flujos, su política ante el fenómeno ha sido laxa, optimista y empequeñecida, cuando no vergonzosa. Por un lado, en uno de los actos más ominosos del actual gobierno, López Obrador admitió en junio de 2019 el inmoral chantaje al que lo sometió el presidente Trump y puso nuestras fronteras norte y sur como muro de contención de los migrantes, sometiendo con ello nuestra política migratoria a los intereses del magnate neoyorkino y de su campaña por la reelección.

Por otro lado, el gobernante mexicano ha apostado a extender al área centroamericana los programas sociales que aquí aplica, como “Sembrando vida” o “Jóvenes construyendo el futuro” para, mediante alguna inversión de capital, generar incentivos al empleo y la ocupación y al arraigo de los emigrados potenciales. Para ello comprometió también al gobierno estadounidense a hacer una aportación de 4 mil millones de dólares, mismos que por cierto éste no ha aportado. La experiencia muestra que ni el uso de la fuerza ni esos incentivos económicos han podido frenar el éxodo de centroamericanos y ciudadanos de otros países y que la marea migratoria se ha restablecido con mayor intensidad incluso que en años anteriores.

Por eso resulta muy importante que, más allá de políticas diseñadas o adaptadas desde nuestro país para enfrentar el fenómeno, se abra el diálogo con las naciones más afectadas por la crisis, el desempleo y la violencia para buscar con ellos soluciones más acordes a sus problemas reales. No es seguro que esto se logre de inmediato ni que la visita relámpago del presidente mexicano a esa región de América sea suficiente; normalmente sólo en el mediano plazo pueden concretarse algunas iniciativas y es aún más tardado ver si éstas arrojan resultados. Sin embargo, lo importante es hacer contacto con los representantes de esos países en pos de tales políticas conjuntas.

Fue importante también que el presidente incluyera a Belice en su gira, por tratarse de un país con el que tenemos frontera y por tanto es necesario también tener políticas de cooperación y desarrollo. Pero lo extraño en esta gira fue la integración de la comitiva, formada, además del canciller y la esposa del presidente, por los secretarios de la Defensa y Marina —y no por los de Bienestar o de Economía o Hacienda—, poniendo una vez más de manifiesto la creciente presencia de esas dos dependencias y en general del ejército y la armada en la vida civil del país.

En el caso de Cuba se trata, como lo ha sido desde antaño, de refrendar una cercanía que ha sido histórica entre nuestros países y, también como en otras ocasiones, hacer patente la autonomía de nuestra política exterior frente a los Estados Unidos y usar la relación con la isla como un contrapeso a la hegemonía de éstos en el continente. No es extraño tampoco que se hayan establecido convenios de orden militar con la patria de Martí.

En la posición de AMLO sobre la convocada Cumbre de las Américas el gobierno mexicano retomó y dio más resonancia a la que ya diversas naciones antillanas, agrupadas en el Caricom (Caribbean Community o Comunidad del Caribe), que previamente habían definido un distanciamiento de esa reunión si el país sede realiza exclusiones. López Obrador planteó también que si algunos gobiernos del hemisferio no eran invitados él no asistiría personalmente, y México tendría una representación sólo en el nivel de cancillería. Esa posición fue secundada inmediatamente por otros mandatarios. Luis Arce, de Bolivia, también dijo que Cuba, Venezuela y Nicaragua no deben quedar fuera del cónclave, en cuyo caso también se abstendría de asistir a Los Ángeles; Xiomara Castro de Honduras, Alberto Fernández, de Argentina, y Gabriel Boric de Chile, sin amenazar con no asistir, también exigen que la reunión no prescinda de la presencia de algunos mandatarios. Por su parte, el presidente Brasileño Jair Bolsonaro, por otras razones, ha anunciado que no estará presente en la asamblea; y el mandatario de Guatemala, Alejandro Giammattei también se abstendrá de participar por la crítica que el gobierno estadounidense ha hecho a la reelección de la fiscal de ese país Consuelo Porras, a quien los estadounidenses sancionaron con anterioridad por corrupción, lo que constituye una clara injerencia de Washington en un asunto interno del país centroamericano.

¿Serán finalmente invitados los mandatarios de Cuba Miguel Díaz-Canel, de Venezuela Nicolás Maduro y de Nicaragua Daniel Ortega? Hasta el momento de cerrar este escrito, no está definido; pero al parecer no está excluido, dada la presión que México y esos otros países han ejercido.

Por el momento, el gobierno de Joe Biden ha modificado de último momento algunas de sus posturas frente a Cuba y Venezuela. Retoma ahora la línea establecida por Barack Obama reduciendo las restricciones a los viajeros que se dirijan a la isla y eliminando los límites impuestos por Donald Trump a las remesas que desde los Estados Unidos se pueden enviar a la misma. También se anunciaron medidas para reinstaurar el Programa de Permiso de Reunificación Familiar Cubano, acelerando los trámites consulares para abatir el rezago de 20 mil solicitudes de visa por los isleños.

Acto seguido, Washington ha levantado la prohibición a la empresa petrolera Chevron de negociar con el régimen de Caracas un aumento en la producción de crudo, la cual fue limitada para ahogar financieramente al gobierno de Maduro. Ahora, con precios petroleros al alza, esa apertura, muy limitada pero significativa, según lo ha dicho la vicepresidenta Delcy Rodríguez, permitirá restablecer las conversaciones en la Ciudad de México entre la administración bolivariana y la oposición las cuales fueron suspendidas el año pasado cuando Cabo Verde extraditó a Estados Unidos a Alex Saab, un asesor colombo-venezolano del presidente Maduro, que es juzgado por lavado de dinero.

En principio, entonces, el gobierno mexicano ha desempeñado bien su papel de presión frente al gobierno de Joe Biden con la bandera de la no exclusión por razones ideológicas y políticas. Lo hace con apego a los principios tradicionales —y constitucionales— de la política exterior mexicana de respeto a la autodeterminación de los Estados, no intervención y solución pacífica de las controversias, y la igualdad jurídica de los Estados, a los que más recientemente se han agregado la cooperación internacional para el desarrollo y otros. Pero hay algo más. Se trata de agregar un componente de realismo a ese tipo de reuniones cumbre internacionales. La migración, el tráfico de drogas, la delincuencia organizada, el tráfico de personas y la crisis misma son fenómenos ya propios de la globalización, que requieren para su solución la colaboración más amplia de las naciones involucradas. Las exclusiones, es cierto, no aportan al tratamiento y búsqueda de salidas. López Obrador parece haberlo entendido y, aunque tardíamente, buscado mayor acercamiento con las naciones del sur, con las que la relación de nuestro país debiera ser natural, más allá de los vínculos económicos y de muchos otros órdenes que se han fortalecido en las recientes décadas con la potencia del norte.

Ojalá, también, que se supere definitivamente la vergonzosa sumisión que el presidente mexicano ostentó durante la gestión de su homólogo estadounidense Donald Trump y se establezcan relaciones de dignidad y respeto con la presidencia del sucesor de éste, Joe Biden.

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