Ciudad de México.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no analizar, por ahora, el decreto del 11 de mayo del 2020 en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2024.
Según El Economista, la Segunda Sala, por mayoría de votos de los ministros, decidió no reasunción de competencia proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito.
Consultado sobre esta decisión, el abogado penalista Daniel Torres Checa dijo que es lamentable porque uno de los grandes pendientes en la Suprema Corte era someter a escrutinio constitucional el llamado acuerdo militarista. “Esto retrasa un pronunciamiento pronto por parte del máximo tribunal”, indicó.
La decisión de la Segunda Sala de la SCJN implica no conocer del caso y será un Tribunal Colegiado resuelva sobre el acuerdo del 11 de mayo del 2020, emitido por el titular del Ejecutivo federal, por el que dispone de la Fuerza Armada Permanente hasta 2024 para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Cabe destacar que la Corte aún tiene pendiente de resolver una controversia constitucional que presentó la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, en contra el mismo acuerdo, asunto que la Corte lleva dos años sin atender.
Mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo del 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Fuerza Armada Permanente participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en funciones de seguridad pública por un periodo máximo de cinco años, es decir, hasta el 26 de marzo del 2024.
Eso permite que los integrantes del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, durante el tiempo en que la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, participen en tareas de seguridad pública, “sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del decreto del 26 de marzo del 2019”.
En su momento, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez consideró que llevar al pleno de la Corte el debate de este asunto es fundamental para que exista un conocimiento más amplio, se conozcan los puntos de vista y se vaya al fondo del asunto.
“Desde hace más de 30 años hemos documentado y denunciado la impunidad en los delitos y graves violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, la autonomía relativa de la que ha gozado el sector castrense, la complacencia estatal con su renuencia a rendir cuentas, la permanencia de la lógica contrainsurgente, los pasos hacia la militarización de la seguridad pública y la erosión de la subordinación castrense a las instancias civiles”, indicó.
Santiago Aguirre, director del Centro Pro, consideró que la decisión que tomará es muy relevante, porque deberá tomar en cuenta los 15 años que llevan las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sin que haya resultados favorables en términos de disminución de la violencia, los homicidios y la inseguridad pública.
