A la par de las huertas aguacateras las hoyas captadoras de agua, como parte imprescindible de su equipamiento, han crecido en un número superlativo. Se construyen febrilmente en cualquier topografía que incluya escurrimientos, formación de manantiales, cercanas a los causes de riachuelos, preferentemente en la zona alta de la huerta, y hasta ahí, ya sea por gravedad o por bombeo llega el agua que las mantiene abastecidas todo el año.
Ninguna institución conoce el número exacto de las hoyas existentes en el estado. Se ha dicho que podrían ser alrededor de 20 mil, sin embargo, la cifra es conservadora. La cantidad, sin embargo, es considerablemente mayor si nos atenemos a la proporcionalidad de hectáreas de aguacate o frutillas que deben ser regadas por una hoya, por ejemplo, de 20 mil metros cúbicos.
En ninguna legislación, federal o estatal, existe el concepto de hoya captadora de agua como parte de un sistema hídrico que deba ser regulado, no obstante que el fenómeno está presente en Michoacán desde los inicios de 1990. Las legislaciones simplemente tienen ese hueco y los legisladores han optado por callar o no les ha merecido su atención.
Los principios que fundan la ley de aguas nacionales, o los que orientan a la CEAC (Michoacán), amén de los preceptos de las leyes federales y estatales en materia ambiental, son claros con respecto a la importancia del agua, que es catalogada como asunto de seguridad nacional, y, sin embargo, en los hechos la tratan como una cuestión irrelevante.
La anarquía en el manejo de las aguas estatales, en donde priva la ley del más fuerte (política y económicamente, claro es), está permitiendo la degradación y hasta extinción irreversible de los sistemas de recarga hídrica. Si no hay legislación no hay nada que observar.
Esta misma anarquía y usos abusivos sobre las aguas está agudizando la precarización de las poblaciones campesinas establecidas desde antaño en las zonas tocadas por la expansión de estos sistemas de captación “no regulados”. Los cultivos y otras prácticas agropecuarias tradicionales de autoconsumo están siendo afectadas en demérito de la calidad de vida de los pobladores.
Además, la ausencia de regulaciones está permitiendo que se construyan estructuras ajenas a las normas esenciales de Protección Civil, poniendo en riesgo la vida y propiedades de quienes viven en los caseríos tierras abajo de donde se instalan. Y vaya que son hoyas con capacidades que van de los 15 mil hasta los 50 mil metros cúbicos. En la temporada de lluvias son frecuentes las fracturas de estas estructuras que barren con lo que encuentran a su paso.
El “agandalle” del agua es el deporte que con más furor y codicia se práctica por quienes instalan huertas que no tienen ninguna sustentabilidad. El “agandalle” siempre es en demérito de la fauna, la flora silvestre y los pobladores que aprovechaban escurrimientos históricos.
La tensión social por el agua que se vive en todo Michoacán no ha merecido, hasta ahora, ninguna acción legislativa preventiva por los representantes federales, estatales y el gobierno michoacano. Guardar silencio en torno a la anarquía que priva en esta materia representa en la práctica una autorización para que los poderes fácticos impongan condiciones leoninas y predadoras en los usos de las aguas.
Es urgente que el legislativo michoacano se avoque a la construcción, con la participación de los expertos —que los hay—, de una propuesta para regular las hoyas captadoras de agua. Lo deben hacer en un contexto de visión totalizadora del problema hídrico del estado y con una visión de muy largo plazo.
La dinámica expansionista de hoyas, soportada de manera exclusiva en la codicia y la arbitrariedad, está generando un doloroso caos que debe remediarse. Son estructuras que, salvo excepciones rarísimas, nunca cuentan con estudios de impacto ambiental ni tampoco autorización de obra civil, mucho menos cuentan con el consenso sensato de los pobladores para establecer criterios comunes de aprovechamiento de las aguas capturadas.
Será de gran utilidad conocer cuántas hoyas existen en el estado, cuánta agua almacenan por año, a qué sistemas productivos benefician, cuál es con certeza su impacto ambiental y cuál es con precisión el daño ambiental que ocasionan y el daño a la producción tradicional.
La regulación es imprescindible, si queremos hablar de políticas de sustentabilidad hídrica y si además queremos fortalecer —como debe ser—, nuestro estado de derecho ambiental.
