Ecos Latinoamericanos: El leviatán sin garras ni dientes

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En Latinoamérica dicha historia, fue relativamente distinta. (Foto: especial)

Cuando Thomas Hobbes concibió su idea de “Estado”, las circunstancias de este polémico filósofo eran muy complejas. Su nación, Inglaterra, afrontaba un proceso de guerra civil, la cual claramente involucró inestabilidad y caos en la sociedad inglesa. Ante tal situación Hobbes redactó su principal obra “La materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil”, también conocida como “Leviatán”. En dicho texto Hobbes teorizaba un estado que tuviera un férreo control territorial y monopolio absoluto de las armas para garantizar el orden y la paz en toda la nación, aun si el gobierno de ese estado era un gobierno autócrata. La condición primordial para legitimar a tal gobierno era asegurar a los súbditos la paz para generar progreso en la nación.

Esta descripción se asemejó mucho a las características de algunos países del absolutismo europeo, particularmente al francés, en el cual los poderes estaban concentrados en la figura del monarca, mismo que bajo el uso de las armas aseguró que sus leyes y políticas se cumplieran cabalmente en todo el territorio nacional, aun si éstas eran desagradables o lesivas para el pueblo. Al igual que dicho ejemplo, otros reinos e imperios europeos tomaron posiciones políticas semejantes a la propuesta de Hobbes, un estado fuerte que tuviera un amplio control territorial, el monopolio de las armas y la capacidad logística de la aplicación de políticas del gobierno monárquico de turno.

Sin embargo, a finales del siglo XVIII este tipo de estados fueron desafiados por la ciudadanía de éstos. Diversos sectores sociales, cansados de las políticas absolutistas de los estados-nación europeos, iniciaron rebeliones para terminar la concentración de poder, a la que consideraban excesiva. Algunos pueblos lograron esto con éxito y otros solo parcialmente, sin embargo, a grandes rasgos se generó un reformismo que busco equilibrar el poder del estado con las libertades y derechos de la ciudadanía, dicho proceso llevó muchas décadas y vaivenes políticos, pero al final pareció ser que se encontró un balance adecuado entre la seguridad y el desarrollo social, al menos en suelo europeo.

En Latinoamérica dicha historia, fue relativamente distinta. A diferencia de las naciones europeas, quienes desde prácticamente la formación de los estado-nación entre los siglos XV y XVI ya tenían un control absoluto, directo y efectivo de su territorio, mismo que únicamente estaba amenazado por otros estados vecinos, en Latinoamérica, los estados no estaban plenamente formados tras las luchas de independencia en el siglo XIX, la autoridad colonial tenia mucha menos covertura en su control territorial efectivo que la de los monarcas europeos en sus territorios nativos. Incluso en la aplicación de las políticas virreinales, se hablaba irónicamente de que “la palabra del rey se obedecía, pero no se cumplía” en suelo americano, refiriendo esto al menor control político-territorial que había en el nuevo continente.

Esta falta de concentración de poder territorial, terminó por afectar la formación de los nuevos estados latinoamericanos, muchas veces en su propio perjuicio; la falta de un cumplimiento efectivo de las autoridades políticas abonó a los procesos de inestabilidad e incluso de conflictos internacionales, lo cual muchas veces derivó en la instalación de gobiernos dictatoriales para asegurar la integridad del territorio nacional. Durante prácticamente todo el siglo XIX, Latinoamérica mantiene procesos de inestabilidad política que al final terminaron creando gobiernos elitistas u oligárquicos, lo cuales tuvieron poco interés en generar autenticas reglas de operación política, eran más bien negociaciones entre los grupos de poder en turno lo que aseguraba la paz y el desarrollo.

Posteriormente con la entrada a la política de parte de las masas obreras y campesinas, algunas de estas élites aceptaron hacer concesiones para asegurar su estadía en el poder, como fue el caso de Uruguay, pero en general la mayoría acabaron siendo sustituidas de forma violenta por nuevos grupos que se apoderaron del estado y generaron nuevas élites. Cada uno de ellos tuvo su propio plan de desarrollo y de estabilidad política, algunos lo desarrollaron con éxito y otros no. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, sin importar la propuesta político-ideológica, la mayoría de los gobiernos, sobre todo los de corte autocrática, buscaban asegurar el control territorial, es decir la monopolización de las armas para obligar que se obedeciera lo dictaminado por la autoridad política de turno.

México, sin duda fue el caso más emblemático de dicha situación, tras la revolución, los gobiernos emanados de esta, aun cuando tenían como objetivo satisfacer las principales demandas sociales de dicho movimiento, entendían que para conseguir  este objetivo debían tener un absoluto control territorial a fin de aplicar exitosamente las nuevas políticas. Por lo tanto, ninguno de los gobiernos posrevolucionarios se interesó en generar frenos y contrapesos democrático-institucionales, sino más bien instituciones de corte autoritaria y jerárquica, que garantizaran la estabilidad y el control territorial. Para ello, el instituto político primordial fue el PRI, el cual tuvo un relativo éxito en lo anterior, ya que durante casi todo el siglo XX dicho partido tuvo un fuerte control de la situación política del país, incluyendo la materia de seguridad nacional. Situación que comienza a cambiar con la llamada “apertura democrática” a finales de los ochenta.

El PRI se vio obligado a hacer concesiones políticas y empezar a generar elecciones autenticas que retaban su permanencia en el poder. Por pragmatismo político, característica elemental de este partido, el PRI va cediendo gradualmente el poder, hasta que finalmente es derrotado en las urnas en el año 2000. La oposición asume el poder, pero a pesar de contar con un enorme respaldo popular, nunca se plantea seriamente la situación de la seguridad y control del territorio nacional.

Hasta los años ochenta, el PRI había gobernado con mano de hierro para asegurar que nadie desafiara sus políticas ni leyes de facto, y al tener un control de todas las esferas y niveles de gobierno, dicha tarea le fue posible, sin embargo, conforme fue perdiendo espacios de poder, la política autocrática en materia de seguridad y control territorial empezó a desvanecerse. A diferencia de los países europeos, quienes buscaron un equilibrio entre el control territorial y el ejercicio de las libertades, y con base en ello generaron instituciones encargadas de hacer eficiente el control de territorio y la seguridad nacional pero que también no estuvieran atadas políticamente a un solo sector de la sociedad, ni el ultimo gobierno del PRI del siglo XX, ni el primer gobierno opositor del siglo XXI, consideraron tal situación.

Aun después de la transición democrática en el  año 2000, la mayoría de las instituciones autocráticas creadas por el PRI permanecieron inalterables. Esto tuvo consecuencias inmediatas, ya que dichas instituciones no estaban adaptadas para funcionar en un régimen que pretendiera alcanzar simultáneamente el control de la seguridad y el territorio al tiempo en que también garantizara la libertad y el ejercicio práctico de derechos tanto individuales como colectivos. Hoy en día estamos viendo las consecuencias de no haber reformado nuestro sistema político tras realizar la transición. La fragilidad e ineficacia del sistema tanto policiaco como ministerial en las diferentes esferas y niveles de gobierno así lo demuestran.

Resulta inaudito que hasta estos últimos años apenas se esté planteando la idea teórica de una profesionalización policiaca y ministerial, ya no digamos su aplicación efectiva. La crisis de seguridad actual tiene parte de su explicación justamente en la falta de un rediseño del institucionalismo público que garantice la mayor imparcialidad política posible tanto de la policía como de los órganos de procuración de justicia. Durante la hegemonía priista la cooptación de estos dos órganos del estado, policías y procuradurías, mediante un diseño institucional completamente centralizado y jerarquizado, tuvo el propósito de hacer inafrontable la política nacional de dicho partido, pero hoy en día, este mismo esquema institucional que opera, o al menos intenta operar, en un régimen democrático, imposibilita un control efectivo del territorio nacional, ya que los mandos de estas instituciones de seguridad siguen bajo un control directo y completamente jerárquico de la autoridad política de turno, que muchas veces les imposibilita a los miembros de estos órganos actuar adecuadamente.

A pesar de la enorme burocracia y la gran capacidad de tributación del estado mexicano, la falta de un diseño institucional que permita simultáneamente garantizar la seguridad, tanto física como jurídica, en el territorio nacional, ha generado una especie de leviatán que carece de garras y dientes para realizar su principal labor, el monopolio del control absoluto y efectivo de todo el territorio del país. Lo anterior, ha permitido que a lo largo de décadas grupos delictivos se aprovechen de esta falta de reformas institucionales absolutamente necesarias para incrementar sus operaciones en las diferentes regiones del país, en muchas ocasiones en contubernio con autoridades que no son vigiladas ni llevadas a rendir cuentes de ninguna forma.

Por lo anterior, es urgente dotar al estado de instituciones modernas que aseguren el objetivo prioritario de controlar exitosamente todo el territorio nacional y que al mismo tiempo permita el ejercicio práctico de libertades y derechos para los ciudadanos. De lo contrario, la crisis actual de seguridad seguirá empeorando, o incluso podría terminar por ocasionar el surgimiento de alguna figura política autocrática que aproveche el descontento de la población para volver a centralizar el poder en torno de sí, tal como actualmente esta sucediendo en la república de El Salvador.