Cuando un ciudadano es nombrado secretario de Estado, su obligación inmediata es leer las leyes, reglamentos y manuales de organización del área correspondiente, para conocer o reafirmar el conjunto de normas que regulan el servició a prestar, lo que les dará certeza de las funciones a desempeñar en tiempo y forma, de acuerdo con la normatividad establecida. Asimismo, deberán conocer la estructura administrativa, la plantilla de personal y el presupuesto autorizados, todo bien claro, para evitar improvisaciones, ocurrencias o gastos innecesarios en su operación y poder cumplir con eficiencia su responsabilidad social conferida.
Algo parecido tuvieron que haber hecho las actuales autoridades educativas, desde el momento en que les dio la confianza para administrar el servicio; pero, al parecer, algo extraño ha sucedido sobre el camino, ya que a la fecha el Sistema Educativo Nacional, sigue en completo desorden, navegando a la deriva, sin rumbo fijo ni dirección y por lo tanto, administrado de manera improvisada, con pronósticos reservados para los futuros profesionistas nacidos entre 1998 y 2018, que estudiaron en escuelas públicas, quienes prácticamente perdieron dos años de su vida educativa; sin que a la fecha, nada se haga, para recuperar parte de ese tiempo perdido y que en su momento, puedan competir en el mercado laboral con menores desventajas.
Para empezar, en cada región del país se establece un calendario escolar de manera convencional, en pocas escuelas se trabaja entre 180 a 200 días en cada ciclo escolar, en algunos lugares, como en nuestro Estado de Michoacán, las clases se interrumpen de manera intermitente, cada vez que los docentes, con razón o sin razón, abandonan las aulas, para manifestarse, públicamente demandando sus derechos laborales, sin que se sancione esas faltas injustificadas, ni se implemente algunas acciones para recuperar las horas perdidas.
En el mes de mayo, las clases se suspendieron en cinco diferentes días, suspensiones no señaladas en el calendario escolar, con lo que se siguió aumentado el rezago educativo existente. Asimismo, el último viernes de cada mes, se siguen suspendiendo las clases en todo el territorio nacional, con el cuento de que hay Consejo Técnico, el cual consiste en que los docentes tienen que presentarle a las autoridades educativas una estrategia para evitar la deserción escolar y el rezago educativo, además de exponer las evidencias y resultados de su trabajo mensual. Por su parte las autoridades educativas, exhortan a los docentes a que motiven a sus alumnos para que se interesen en adquirir nuevos y mejores conocimientos. En esas y otras minucias se desperdicia un valioso tiempo y recursos presupuestales, aparentando preocupación por mejorar los diferentes procesos educativos. Por si eso, fuera poco, las lluvias, ventarrones y caída de granizo provocados por el paso del Huracán “Agatha“, que se desplaza por las costas del pacífico, obligaran a suspender las clases mientras se normaliza la situación, en aquellas comunidades que resulten afectadas, a fin de salvaguardar la vida de los alumnos y de los trabajadores de la educación, sin que las autoridades educativas den a conocer las acciones a realizar para recuperar las clases que se pierdan, las cuales pasaran a formar parte del rezago educativo.
La realidad de las cosas es que no se cuenta con ninguna estrategia para sufragar deficiencias en el Sistema Educativo Nacional, parece que a estas alturas las autoridades educativas, no se han dado cuenta, que revisar los contenidos de los planes y programas de estudio, no tiene ningún sentido, que en nada ayuda para mejorar la calidad educativa. Las prioridades del momento son otras, como garantizar la educación de calidad a niñas, niños, adolescente y jóvenes; evitar la deserción escolar; disminuir el rezago educativo; mejorar las instalaciones educativas; revisar el sistema nacional de becas, para apoyar a los alumnos marginados, pobres y miserables, así como a los egresados de centros educativos superiores, que tengan deseos de estudiar una maestría o un doctorado en cualquier área del conocimiento humano; capacitar a los docentes y mejorar sus condiciones laborales incluyendo a los demás trabajadores de la educación; hacer realidad la educación de excelencia, equitativa y gratuita, eliminando las inconstitucionales “cuotas voluntarias” y “las fichas” para tener derecho al examen de admisión; generar ambiente propicio para el aprendizaje y evitar confrontaciones laborales, como sucede en algunos Subsistemas Educativos; disminuir “las brechas de aprendizaje entre alumnos de zonas rurales y urbanas, de mayor o menor nivel de ingresos familiares, de zonas de mayor y menor marginación, y pertenecientes y no a familias indígenas”.
Nada cambia, todo sigue igual o peor que antes, da la impresión de que las autoridades educativas no sólo desconocen sus funciones, sino, que, además, no tienen voluntad de querer cumplir con su responsabilidad social. No formulan, mucho menos revisan proyectos de leyes, reglamentos, que regulen el servicio de su competencia; no organizan ni vigilan los procesos de enseñanza-aprendizaje; no hacen cumplir la normatividad vigente; no garantizan la capacitación y formación continuas del magisterio. Complicaron el proceso de compensaciones y estímulos para el desempeño docente, haciendo elitista el otorgamiento de esta prestación laboral; no diseñan políticas y programas tendientes a hacer efectivo el derecho a la educación a la mayor parte de la población en edad escolar; no se mejora la infraestructura educativa; no se ofrece a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje; no tiene ninguna programación estratégica para que la “formación docente y directiva, la infraestructura, así como los métodos y materiales educativos, se armonicen con las necesidades de la prestación del servicio público de educación y contribuya a su mejora continua”; no se les asignan recursos presupuestales a las universidades para la investigación científica, humanística y tecnológica; no se fomenta la honestidad, el civismo y los valores necesarios para transformar la vida pública del país, ni el amor a la patria. En resumen, las autoridades educativas en turno no hacen lo que tienen que hacer, en estos momentos de crisis económica, política y social que estamos viviendo.Sus actuaciones, están postergando el desarrollo personal y profesional; de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y como consecuencia de ello, el bienestar económico y social de la población, en especial de la marginada, pobre y miserable y deteniendo el proceso de transformación de la vida nacional. Trabajan sin compromiso social.
En tiempos extraordinarios, medidas extraordinarias y a falta de dinero, mucha imaginación y voluntad de querer hacer las cosas, pero, sobre todo, compromiso social. Como en su momento lo hicieron: Lic. José María Albino Vasconcelos Calderón (1882-1959), Lic. Jaime Mario Torres Bodet (1902-1974) y Lic. Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega.
