No caer en simulación, se requiere un mecanismo real de protección, piden periodistas

En Michoacán, presión y censura desde el gobierno estatal y varios municipales en contra de la labor informativa, denuncia el colectivo NiUnoMás

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Comunicadores, en el foro desarrollado esta mañana sobre mecanismos de protección a periodistas y defensores de Derechos Humanos. | Agencia Comunicación Gráfica

Morelia, Mich.- Escepticismo, plantearon este día periodistas michoacanos hacia los mecanismos de protección para el ejercicio de la labor informativa, al considerar que sus resultados y la próxima discusión para su reforma en el marco legal, adolecen de transparencia y representatividad real del gremio además de ser omisos, por lo que llamaron a la autoridad federal a no caer en la simulación en los foros abiertos al respecto.

Al participar en el “Diálogo para impulsar una Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, realizado esta mañana en las instalaciones de la Casa de Gobierno o Casa Michoacán, el colectivo NiUnoMás señaló en un documento leído por la periodista Patricia Monreal, que los mecanismos de protección han demostrado su omisión y se han convertido en justificación o simulación de autoridades para en el discurso señalar que están a favor de la defensa de comunicadores.

Con los casos concretos de periodistas asesinados este año en Michoacán -Roberto Toledo Barrera y Armando Linares, de Monitor Michoacán de la ciudad de Zitácuaro-, Monreal señaló que los mecanismos de defensa fueron omisos en ambos casos, al igual que apenas hace semanas se notificó a una reportera que estaba bajo el mecanismo de protección luego de dos años que fue agredida por elementos policiacos del gobierno estatal.

Ante la representación federal, con Enrique Izaroque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y con la notable ausencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla -quien en todo momento ha evadido reunirse con los reporteros del estado-, Monreal indicó que “tal y como lo hemos expresado anteriormente en reuniones con el Gobierno del Estado, quienes integramos el Colectivo NiUnoMás Michoacán, hoy manifestamos que nuestra participación en este Diálogo con la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, no parte de la “buena fe” o el voto de confianza, sino de la exigencia por el cumplimiento cabal de las responsabilidades que les mandata la Ley, así como de los pactos, convenios y tratados internacionales que México ha suscrito y ratificado”.

“Partimos de un profundo escepticismo sobre el rumbo final de los trabajos realizados en diferentes entidades federativas del país, tomando en cuenta la intención de que la iniciativa de Ley sea presentada en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso Federal –que arranca en septiembre-, sin que exista aún claridad de cómo serán procesados los planteamientos y propuestas generadas a lo largo de estos Diálogos.

“Por ello exigimos no caer en la simulación pretextando que la Ley fue consultada, y que la participación que periodistas y defensores de derechos humanos han realizado en estos Diálogos, se vea puntualmente reflejada en la iniciativa que habrá de turnarse al Poder Legislativo”, señaló.

De los casos en el estado, la periodista señaló que respecto a Roberto Toledo Barrera, “ocurrido el pasado 31 de enero en Zitácuaro, ha pretendido ser invisibilizado por el Gobierno Federal al excluirlo de su recuento de periodistas asesinados durante este 2022, esto pese a que el compañero es víctima mortal de las amenazas que pesaban sobre el medio de comunicación –Monitor Michoacán- para el cual laboraba.

“Tenemos serias dudas sobre los criterios que el Estado Mexicano sigue para determinar ¿quién es o no periodista?, ¿bajo qué valoraciones se desestima el ejercicio periodístico como posible causa de la muerte, desaparición o condición de riesgo de un compañero?

“¿Qué sucede con aquellos que desaparecen, mueren o son violentados como resultado de una acción para silenciar al medio para el que trabajan?, ¿deben ser excluidos o invisibilizados de los crímenes que se perpetran para inhibir el ejercicio periodístico?, ¿tienen menos valía porque su función es distinta a la de un reportero, fotógrafo o directivo?”, cuestionó.

“En el recuento que tenemos como Colectivo NiUnoMás Michoacán, suman 14 compañeros asesinados y seis desaparecidos en el estado de 2006 a la fecha. Dos de ellos este 2022: Roberto Toledo y Armando Linares.

“Previo a ser asesinado el pasado 15 de marzo, Armando manifestó su desconfianza al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la voz que alzó para denunciar ser víctima de amenazas no valió para evitar su muerte. En 2017 nuestro compañero Salvador Adame Pardo fue desaparecido y asesinado a pesar de estar bajo “la protección” del Mecanismo”, señaló.

Ante esta situación, con la representación de los periodistas agrupados en NiUnoMás, Monreal consideró “necesario que la Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, prevea definiciones claras y precisas al respecto, tomando en cuenta que el ejercicio periodístico también se cristaliza a partir del trabajo colectivo de mujeres y hombres que lo hacen posible editando, corrigiendo, imprimiendo o distribuyendo, y que en estados como Michoacán, la experiencia demuestra que son copartícipes de los riesgos que implica la labor informativa”.

En cuanto a la efectividad mecanismo, refirió, “ha evidenciado por un lado sus deficiencias para proveer protección a los compañeros en situación de riesgo, y por otro, ha fungido como herramienta que cristaliza las intenciones de quienes buscan acallar el ejercicio periodístico.

“Al ser sujetos a medidas urgentes de protección, periodistas son evacuados o reubicados temporalmente, coartando la posibilidad de continuar el ejercicio de su labor, sustraídos de su entorno, propiciando incluso el cierre de los espacios informativos en que laboran. En Michoacán tenemos ejemplos de ello.

“Es fundamental que las acciones de protección a periodistas no contribuyan a la propagación de zonas de silencio, que se entienda que somos sujetos de derechos y no objetos de protección, que la supresión del ejercicio periodístico no sea condición para permanecer con vida.

“Nos preocupa lo que pareciera una intención del Gobierno Federal, por despresurizarse de las responsabilidades que implica el creciente número de periodistas asesinados, desaparecidos y violentados en México, buscando delegar presión a los Gobiernos de las Entidades Federativas, pese a ser éstos –en muchos de los casos- protagonistas de las agresiones a quienes ejercemos el periodismo”, señaló.

Monreal aludió a la presión y censura que desde el gobierno estatal y varios municipales se ejerce en contra de la labor informativa. “En Michoacán hoy lo vivimos, ejemplos sobran. Desde las esferas del poder público estatal y municipal, se instrumenta como política de comunicación social la presión del dinero vía convenios de publicidad –o la promesa de éstos- para censurar periodistas, manipular hechos, tergiversar realidades, y denostar informaciones.

“Las autoridades aplican a pie juntillas aquello de que “a los periodistas no hay que matarlos a balazos sino de hambre”, claras están que el poder económico es un arma efectiva contra periodistas y que –a diferencia de una pistola- no conlleva el riesgo de procesos judiciales.

“Se hace urgente pues, que nuestro marco normativo federal prevenga y proteja los agravios emanados del poder económico ejercido por las autoridades en sus diferentes órdenes de gobierno, estableciendo criterios que rijan las políticas de comunicación social y de su gasto publicitario, a fin de que éstos no persistan como herramientas para inhibir el ejercicio periodístico”.