Aunque nos cueste trabajo imaginar, uno de los efectos más significativos de lo que se denomina Cambio Climático no está en el calentamiento global o en la contaminación de la atmósfera, aunque estos son los temas que acaparan las notas periodísticas y, tal vez por esta razón, nos generan la percepción de ser los más importantes. Sin embargo, el efecto más drástico, grave y significativo que se presenta es respecto al agua y su disponibilidad.
En lo general, se puede afirmar que la acción de la humanidad sobre el Planeta ha propiciado una alteración de los fenómenos meteorológicos, y los patrones del ciclo del agua, hoy en día, dificultan cada vez más el acceso al agua potable.
De acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, en su informe 2021 señaló que un aumento en el nivel medio del mar entre 2006 y 2018 fue de casi 4 centímetros, y es prácticamente seguro que el nivel medio mundial del mar seguirá aumentando durante el siglo XXI, el pronóstico de aumento para 2100 es de entre 1.88, y 5 metros para el año 2150. Más allá de la reubicación de poblaciones que habitan en costas, el aumento del nivel del mar está provocando que el agua dulce se vuelva salada, comprometiendo los recursos hídricos de los que dependen millones de personas.
Se sabe que la temperatura global del Planeta se incrementa de forma alarmante, en cincuenta años (1850-1900) aumentó 0.8 grados centígrados, mientras que en menos de un decenio (2010-2019) el incremento fue de 1.07 grados centígrados. Aún y cuando los países comenzaran a reducir drásticamente sus emisiones, el calentamiento global probablemente aumentaría alrededor de 1,5 grados centígrados durante las próximas dos décadas, y este aumento de las temperaturas puede provocar la presencia de patógenos mortales en las fuentes de agua dulce, lo que hace que el agua sea peligrosa para la población.
A principios del año 2020 cientos de ejidatarios bloquearon la Presa la Boquilla, la más grande del Estado de Chihuahua, para detener que se liberaran mil millones de metros cúbicos de agua destinados a cumplir, el tratado de aguas suscrito con Estados Unidos y para surtir los estados de Tamaulipas y Nuevo León. Antes de finalizar ese mismo año 2020 una noticia que causó alerta y preocupación fue que el agua comenzó a cotizar en el mercado de futuros con base en el índice Nasdaq Veles California Water, aunque el argumento fue que esto mejoraría la administración del recurso en zonas con escasez. Esta acción resultó altamente cuestionada la acción, desde la óptica las Naciones Unidas por considerar al agua como un derecho fundamental.
La semana pasada, el Gobierno del Estado de Michoacán dio a conocer que como retribución a los servicios ambientales hidrológicos que aporta Michoacán al sistema Cutzamala, que abastece a la megalópolis del Valle de México, los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México invertirán 300 millones de pesos para tecnificar el campo en cuatro municipios michoacanos.
No resulta pretensioso pensar que los casos anteriores constituyen lo que la ONU en la Nueva Agenda Urbana denomina: “un cambio de paradigma urbano” es decir “Reorientará la manera de planificar, financiar, desarrollar, administrar y gestionar las ciudades y los asentamientos humanos, reconociendo que el desarrollo urbano y territorial sostenible es un elemento indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible y la prosperidad para todos”. Lamentablemente, hoy en día, la realidad supera las buenas intenciones.
En el ámbito nacional, el sistema de concesiones de agua se creó en 1992, como parte de la Ley de Aguas Nacionales, y desde su origen comenzaron las concesiones irregulares a grandes empresas nacionales y extranjeras como Bachoco, Cementos de México (Cemex), Nestlé, Grupo Bimbo, Cerveceras Cuauhtémoc Moctezuma y Modelo, Envasadoras de Aguas de México, Embotelladora Aga, Grupo Femsa Coca-Cola, son solo algunas de las empresas que hoy en día acaparan las reservas hídricas de México.
En el ámbito urbano, por ejemplo, en algunas ciudades como Morelia, la disponibilidad de agua es muy limitada, debido, principalmente a las deficiencias en infraestructura, al incremento irracional del consumo promedio por persona, así como al agotamiento de los pozos profundos. Para ilustrar la problemática señalaré que, de acuerdo con algunas investigaciones en colonias de alta marginación, donde se carece de agua entubada y sus habitantes tienen que abastecerse a través de las llamadas pipas, de manera que satisfacer sus necesidades del vital líquido representa un costo 10 veces mayor que lo pagado por quienes habitan en el primer cuadro de la ciudad.
Lo anterior obliga a poner en duda el beneficio real de algunas concesiones de pozos o manantiales, otorgadas bajo la premisa de generar inversiones que se traduzcan en empleo. Tal vez de forma similar a la relevancia que se les ha dado a las fuentes de energía, en México urge una profunda discusión sobre la disponibilidad real del agua. Una revisión transparente y detallada de las condiciones en que guardan las concesiones de pozos y manantiales, los volúmenes de extracción y el destino final del vital líquido. Todo esto de cara a los pronósticos que deberemos enfrentar ante el Cambio Climático.
Si bien podemos considerar que México es un país geográficamente privilegiado, la disponibilidad de agua dependerá de las prioridades que se establezcan para su uso, no sólo en el ámbito urbano, sino en el agrícola, con la única finalidad de garantizar nuestra soberanía al respecto del agua.
