Alcaldesa morenista de LC acosa al diario Gente del Balsas

Organizaciones de periodistas piden detener el hostigamiento directo en contra del reportero Francisco Rivera Cruz, redactor de la nota publicada el 29 de enero del 2021

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Edificio de la alcaldía en el Puerto de Lázaro Cárdenas.

Morelia, Mich.- El Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas que encabeza la morenista María Itzé Camacho Zapiain, acosa a un periodista del diario Gente del Balsas, luego que la publicación difundiera que la Auditoría Superior de Michoacán solicitó ampliación de denuncias en contra de su administración.

En un documento que firman conjuntamente los colectivos #NiUnoMás, la Asociación Michoacana de Periodistas (AMIPAC) y la organización Artículo 19, se indica que el acoso de la alcaldesa ha sido directo en contra del reportero Francisco Rivera Cruz, redactor de la nota publicada el 29 de enero del 2021, “que da cuenta –a partir de evidencias documentales- de información sobre el proceso de fiscalización, debido a presuntas falencias en el manejo de los recursos públicos, por parte de la administración 2018-2021 presidida por Itzé Camacho”.

En el posicionamiento, se exige a Camacho, detenga el acoso contra el colega y el medio, además de que “se abstenga de toda acción que contravenga los estándares de libertad de expresión que busque censurar o coartar el derecho a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico del periódico Gente del Balsas, el compañero Francisco Rivera Cruz, o cualquier otro periodista o medio de comunicación en la municipalidad”.

La petición para el Poder Judicial, particularmente el Juzgado Segundo Civil con sede en Lázaro Cárdenas, es que se conduzca “bajo los estándares más altos de Derechos Humanos, en específico la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Primera Sala de la SCJN, que establecen que en el caso de personas con proyección pública o funciones públicas hay un umbral de tolerancia mayor a la crítica, por lo que el uso arbitrario del acoso judicial contraviene estándares vinculantes en materia de libertad de expresión”.

A la LXXV Legislatura del Congreso del Estado, e le solicita que “concluya el proceso de dictaminación de las iniciativas existentes y turne a pleno las reformas al Código Penal del Estado para la derogación de los delitos de ataques al honor y ataques a la propia imagen, que son usados como herramientas de represión contra periodistas”.

En el documento, las organizaciones señalan que ante los hechos y “en vez de aclarar dichos señalamientos o solicitar réplica, la respuesta de María Itzé Camacho Zapiain fue buscar la censura de Rivera mediante el acoso judicial. Así, el 15 de abril de 2021, la alcaldesa de Lázaro Cárdenas promovió una demanda ´por daño moral y demás prestaciones´ en contra de Francisco Rivera Cruz y el periódico Gente del Balsas”.

En la denuncia, “la presidenta municipal señala que ésta la realiza a título personal, pero para ello, mediante la fe de hechos se consta que utiliza los servicios profesionales de Francisco Alberto Rangel Salgado, quien actualmente se desempeña como jefe del Departamento Jurídico del ayuntamiento de Lázaro Cárdenas.

“A pesar que el 16 de mayo de 2022, María Itzé Camacho Zapiain no acudió a la audiencia de conciliación solicitada por su representante legal, solicitó la reactivación del proceso civil, buscando ir a juicio. Por lo que el Juzgado Segundo Civil con sede en Lázaro Cárdenas programó una nueva audiencia a celebrarse el próximo 29 de junio.

“La organización ARTICLE 19 ha expresado su preocupación en múltiples ocasiones por el uso ilegítimo del poder público contra la prensa. Según lo publicado en el informe de ARTICLE 19 y la FLIP, ´Leyes del Silencio´, existe una tendencia clara a iniciar demandas y denuncias contra periodistas por ejercer su libertad de expresión. México pasó de tener 1 caso de procesos contra periodistas en 2015, a 39 en el 2020. El año pasado, este número incluso aumentó a 40, es decir que en promedio se demanda a tres periodistas cada mes. 

“Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH) estableció en el caso Donoso vs. Panamá, que además de los procesos penales contra la prensa, los procesos civiles también pueden constituir intimidaciones o inhibiciones para el ejercicio de la libertad de expresión dado que “[…] tiene[n] la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia a un funcionario público, con el resultado evidente y disvalioso de autocensura, tanto para el afectado como para otros potenciales críticos de la actuación de un servidor público.”

“Un ejemplo de ello, es el caso de María Itzé Camacho Zapiain contra el periódico Gente del Balsas y el compañero Francisco Rivera Cruz”, detalla la información.