DEBATAMOS MICHOACÁN: Progresividad e índice de inclusión

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El movimiento social que se genera a lo largo y ancho de la geografía mexicana nos indica que la diversidad sexual (concepto paraguas que permite la inclusión de las diversas identidades sexuales) ha ido avanzando en su lucha social. (Foto: cortesía Gerardo Herrera Pérez)

En el Día del orgullo gay, se hace indispensable dejar de pensar en la percepción, es fundamental transitar a medir la inclusión, su índice, de lo contrario no sabremos cuales es la progresividad de los derechos humanos de las personas disidentes sexuales.

Es indispensable, seguir trabajando con la humanidad, para transitar a una nueva sociedad, y es que, se hace indispensable para evitar la opresión y desigualdad, de quienes viven en la llamada orientación sexual e identidad y expresión de rol de género diferente a la sexualidad hegemónica; las colectivas continúan una lucha fuerte y sostenida de más de cuatro décadas en la demanda de sus derechos y libertades, en México, lucha que ya tiene avances significativos.

El movimiento social que se genera a lo largo y ancho de la geografía mexicana nos indica que la diversidad sexual (concepto paraguas que permite la inclusión de las diversas identidades sexuales) ha ido avanzando en su lucha social en contra de la trasgresión de sus derechos y también de las opresiones que se mantienen vigentes como la invisibilidad, estigma, prejuicio, violencia, discriminación, el hábitus y la muerte, ya reconocida ampliamente por organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), Organización de Estados Americanos (OEA), incluso en nuestro territorio.

Desde el plano internacional, los organismos públicos de dimensión universal como la ONU, nos plantean en la “Agenda 2030 Objetivos del desarrollo sostenible”, que sus 17 objetivos, están sustentados en un solo principio rector: “que nadie quede excluido”. Es decir, para que ello se cumpla, debemos de hacer llegar los beneficios de dichos objetivos a todos las personas, con independencia de su orientación sexual o identidad de género;  hacerlo, es el reto de la normativa, de las estructuras operativas y del diseño de política pública, pero también de los procesos de identificar el devenir de un nuevo modelo de sociedad sin prácticas de consumo en el marco del hedonismo y prácticas individualistas efímeras y líquidas, para transitar a un diálogo sustentado en la horizontalidad que permitan el reconocimiento de las diferencias y aceptar que unos y otros somos iguales, es decir, la alteridad, la intersubjetivación, así como tolerancia y respeto.

En este siglo XXI, han sido al menos tres momentos en la toma de decisiones de la ONU, que han marcado el trabajo internacional a favor de las poblaciones LGBTTTIQ: en 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, adopta resolución donde reconoce que existe violencia contra personas LGBTI, por lo que se pide a los estados miembros de la ONU, investiguen y deroguen normas que criminalicen la homosexualidad, promulguen leyes para prevenir la discriminación. 

En 2013, el Alto Comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, lanza campaña “Libres e iguales” para crear y desarrollar consciencia sobre no generar violencia, discriminación y otras violaciones a los DDHH a la población LGBTTTIQ. En tanto que, en 2015, se genera una declaración conjunta de 12 entidades de la ONU, quienes convocan a los Estados miembros a actuar urgentemente para acabar con la violencia y la discriminación contra los adultos, adolescentes y niños LGBTTIQ. “Nos sigue preocupando gravemente que, en todo el mundo, millones de personas LGBTTIQ, las que son percibidas como LGBTTTIQ y sus familias, sean víctimas de violaciones generalizadas de sus derechos humanos. Esta situación es alarmante y es por ello que deben tomarse medidas al respecto”.

Para la atención de la Agenda 2030 los ODS, se han realizado acuerdos en donde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, será quien asuma el liderazgo de los esfuerzos para desarrollar un Índice de Inclusión LGBTTTIQ. El objetivo es y será durante los próximos años medir los resultados de desarrollo para el segmento de población LGBTTTIQ e informar políticas, programas e inversiones para fortalecer la inclusión de los derechos de quienes viven una orientación sexual diferente a la hegemónica o identidad y rol de género.

El índice de inclusión contrae el compromiso de: 1.- una mayor participación política y cívica; 2.- educación; 3.- seguridad personal y violencia; 4.- bienestar económico.

En materia educativa se tiene que trabajar para revisar los datos relacionados con la violencia dentro de la escuela: tasa de acoso escolar; política contra el acoso escolar; implementación de la política contra la violencia; política contra la discriminación; implementación de la política contra la discriminación. Adicionalmente contar con: planes de estudio inclusivos; despenalización de la orientación o identidad de género; reconocimiento legal del género.

En lo que hace a la participación política y cívica: inclusión estadística; sin leyes restrictivas; OSC para la población LGBTTTIQ; presencia de las OSC de la población LGBTTTIQ; Comunidad LGBTTTIQ en el Congreso; sin mecanismos de opresión por parte de la población.

En lo que respecta a cuestiones económicas: normas para la no discriminación en el empleo y su implementación; atención a denuncias y quejas de discriminación laboral de la población LGBTTTIQ; tasa de desempleo; autonomía económica de las mujeres; tasa de pobreza; ingresos individuales; igualdad en los beneficios; empresas de personas LGBTTTIQ o para beneficio de ellas.

Por lo que toca a salud: protección contra la discriminación y estigma del paciente; protección de historia clínica; consentimiento informado; quejas por discriminación de pacientes; aceptación del personal de salud con respecto a las personas LGBTTTIQ; detección de enfermedades crónico degenerativas e infecto contagiosas, así como a enfermedades de salud mental (depresión, etc).

En materia de seguridad personal y violencia: intervenciones médicas para la normalización; terapias de conversión; que exista normativa contra delitos por odio, discriminación o incitación a la violencia; diferentes dimensiones de la violencia contra las personas y contra los defensores de sus derechos y periodistas a fines; asilo político; capacitación al sector judicial; confianza y acceso a la justicia; seguimiento y esclarecimiento de los actos de violencia a personas LGBTTTIQ.

Debemos seguir avanzando en colocar en el ámbito internacional la Convención de los Derechos de las Personas de la diversidad sexual; es un trabajo permanente, que no termina con una sola acción.